En México existe una figura jurídica denominada EL ARRAIGO que básicamente consiste en una orden de detención, emitida por la autoridad judicial a solicitud del Ministerio Público, sustentada, por una parte, en el temor de que el inculpado o probable responsable de un delito se sustraiga de la justicia y por otra, en que la autoridad investigadora realice las diligencias necesarias para acreditar la responsabilidad del individuo en la comisión del ilícito.

Es pues, una medida preventiva que desde luego priva de la libertad a la persona por cuarenta días susceptible de prorrogarse por otro término igual, es decir, puede durar hasta ochenta días. Dicha institución de derecho

fue incorporada a nuestra Carta Magna en el año 2008 como parte de la reforma integral al sistema de justicia penal, de igual manera se le han dotado a las autoridades responsables de la procuración e impartición de justicia de otras herramientas

como la del uso de testigos protegidos, más leyes especializadas como la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Ley Contra el Lavado de Dinero entre otras; y con todo y ello, no percibimos mejoría alguna en materia de seguridad pública.

Si hacemos una sumaria evaluación del uso pero sobre todo de los resultados que ha arrojado la implementación de tal medida, sin lugar a dudas llegaremos a una lamentable e inevitable conclusión de que éstos son más negativos que positivos, sobre todo si tomamos en cuenta que la mayor parte de los arraigados han sido sometidos a todo tipo de vejaciones, incomunicación, malos tratos y torturas, obligándoseles a declararse culpables de ciertos delitos, siendo al mismo tiempo exhibidos por los medios de comunicación como delincuentes, todo lo cual les genera graves daños y perjuicios que nunca nadie les repara.

De acuerdo a ciertas estadísticas, de las que por cierto no existe mucha información ni uniformidad, cerca de dos personas son arraigadas diariamente en México, además de algunos casos de detenciones masivas, baste recordar el denominado MICHOACANAZO en el que se llevó a cabo la detención y posterior arraigo de 12 presidentes Municipales, 8 Altos funcionarios del Gobierno Estatal, 1 Juez, 12 Policías, 2 ex directores de Seguridad Pública y la persecución de 1 Diputado Federal Electo, acusados por la Procuraduría General de la República, de tener vínculos o ser miembros de la delincuencia organizada; liberados todos ellos al día de hoy por inconsistencias en el proceso.

Así las cosas, el uso y abuso del arraigo a lo largo y ancho del País, permite concluir que dicha medida es claramente una forma de detención arbitraria contraria a las obligaciones de México en materia de derechos humanos, violatoria entre otros, de los derechos de libertad personal, de libre tránsito, del principio de legalidad, de la presunción de inocencia, del debido proceso y la revisión judicial, lo cual en modo alguno abona a que ante los ojos del mundo, se considere a México como un Estado con vocación de irrestricto respeto a los derechos humanos, por el contrario,

hemos sido objeto de múltiples señalamientos y recomendaciones por parte de organismos internacionales que reiteradamente nos colocan como un lugar donde se violan sistemáticamente nuestros derechos como personas y más marcadamente el derecho a la libertad. Tales organismos han sido el Comité contra la Tortura (2007), el Subcomité para la Prevención de la Tortura (2009), el Comité de Derechos Humanos (2010), el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias (2011), y finalmente la Relatora Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados (2011) quienes han insistido al Estado mexicano proceda eliminar de sus legislaciones el arraigo pues constituye per se una violación grave a los derechos humanos.

Luego entonces la interrogante que surge de manera inmediata y natural es,

porqué conservar una institución legal como lo es el arraigo que solo ha servido para violar de manera constante y reiterada los derechos humanos de quienes se han encontrado sujetos a dicha medida? Si como hemos visto solo desprestigia a las autoridades que la utilizan, en este caso las Procuradurías de Justicia tanto Estatales como la de la República. Por qué no romper con el esquema viciado e improductivo de detener para luego investigar? Por qué no llevar a cabo una verdadera profesionalización de nuestros cuerpos policiales y ministerios públicos que hagan uso de medios efectivos de investigación poniendo especial énfasis en pruebas como lo es la pericial en sus diferentes rubros como la balística, la dactiloscopia, la grafología, alcoholemia, neuropsiquiatras, médico-forenses etc., etc.?

No obstante, ante este oscuro panorama podemos manifestar, felizmente, que el arraigo tiene ya sus días contados, pues en algunos Estados de la República ha sido abrogada dicha figura, tal es el caso de Chiapas y Oaxaca, y muy recientemente el nuevo Procurador General de la República Jesús Murillo Karam se ha pronunciado a favor de su eliminación, por lo que creemos que solo hace falta un "empujoncito" por parte de los ciudadanos para que demos finalmente el paso de desaparecer de nuestro marco jurídico el arraigo y así podamos constituirnos en un Estado

donde de manera prioritaria y efectiva se respeten nuestros derechos humanos, sino olvidémonos de hablar de democracia, pues como bien sostuvo nuestro admirado José Saramago. "Sin democracia no puede haber derechos humanos, pero sin derechos humanos tampoco habrá democracia. Estamos en una situación en que se habla mucho de democracia y nada de derechos humanos. Creo que ésas son dos grandes batallas para este siglo. Y si no las libramos, el siglo será un desastre." Y se refería no al siglo pasado sino a éste que recién hemos empezado……

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