Las visitas del presidente de la República, siempre han sido importantes, especialmente cuando se proyectan para entregar a las comunidades obras realizadas por la federación.

El 22 de mayo de 1961, vino a Baja California, el entonces Presidente de la República, Lic. Adolfo López Mateos; visitó las cuatro ciudades principales del Estado; el dirigente de la Cámara de Comercio de Tijuana, Jorge D. Soler, pronunció el discurso de ofrecimiento del banquete que se sirvió en el famoso hotel de la vecina Rosarito. También fue agasajado por el Comandante de la Segunda Zona Militar, el Gral. Hermenegildo Cuenca Díaz, en cuya residencia ofreció al presidente y a su comitiva un ágape al que asistió la plana mayor de la milicia, el gobernador y otras autoridades de la localidad. En Ensenada, el Alcalde Berlanga, por solemne acuerdo de Cabildo, distinguió al Presidente con la mención de "Defensor de la Autonomía Municipal".

Los preparativos para la gran recepción se hicieron con bastante anticipación y mayor cuidado. Con la participación de destacados personajes de la localidad, se formó una comisión especial encargada de su desarrollo.

La agenda que el presidente cumplió en su gira de mayo de 1961 en Baja California, fue intensa y llena de beneficios.

Fundamentalmente fue una gira a favor de la educación, la salud, la comunicación vial y la infraestructura del agua. El Presidente entregó un gran número de escuelas en los diversos niveles educativos, así en la ciudad, como en el área rural. Inauguró la carretera Ensenada–Tecate. Hizo la apertura oficial del edificio del Seguro Social en Ensenada. Inauguró la carretera Maneadero-Punta Banda, y en este poblado cortó el listón en la Escuela Primaria Rural "1960, Año de la Patria". En Punta Estero inspeccionó el avance de las obras que se llevaban a cabo por cuenta del Programa Nacional Fronterizo (PRONAF). El presidente remató su gira por el municipio de Ensenada, extendiendo su recorrido por el camino a La Bufadora, que entonces estaba en construcción.

Esos datos y muchos más relacionados con esa visita presidencial, fueron publicados por la prensa. La Hemeroteca del Archivo Histórico de Tijuana, conserva en su acervo el diario vespertino "El Heraldo de Baja California", en cuya edición número 6,079, del 23 de mayo de 1961, se lee la reseña de la visita de López Mateos, con el detalle de las actividades que llevó a cabo.

Ese documento que es parte de la historia local de Baja California, prueba que el Presidente de la República, Adolfo López Mateos, inauguró, en mayo de 1961, la carretera Maneadero-Punta Banda, y también que inauguró en Punta Banda la escuela primaria rural que está situada a la altura del kilómetro 13.5 de esa carretera, misma vía que el Ejecutivo recorrió para llegar a ese sitio; y también da testimonio de que el presidente recorrió el camino a la zona turística de La Bufadora, el cual, según lo publicado por "El Heraldo", estaba ya en construcción.

Pasemos ahora a historias más recientes.

Falta casi nada para que, con la intervención de un juzgado de distrito, es decir, de un órgano del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento de una sentencia firme de un juicio de amparo, se haga entrega material de una parte de la carretera Maneadero–La Bufadora, al ejido Coronel Esteban Cantú. Se trata de una extensión de poco más de 14 mil metros cuadrados, en donde con recursos federales y estatales, sobre el derecho de vía se construyó el Centro Comercial La Bufadora, precisamente al finalizar la carretera, en el área más próxima al famoso atractivo natural.

Organizados desde siempre para delinquir, los dirigentes ejidales comparecieron ante el que fuera Juez Décimo de Distrito, reclamando que el gobernador de Baja California, dio en concesión al Fideicomiso de La Bufadora, esa área de la carretera, sin haber decretado expropiación en su contra y sin pagarle indemnización por esa tierra que, según ellos dijeron, les pertenece como parte de su dotación. En el juicio ofrecieron como prueba la resolución presidencial de dotación a su favor, fechada el 30 de agosto de 1973, con la cual culminó un procedimiento agrario iniciado apenas el 27 de junio de 1968. También exhibieron un plano proyecto de ejecución que ellos mismos dijeron que había quedado sin efecto legal.

Para desgracia de Ensenada y su patrimonio, la autoridad responsable se mostró absolutamente desganada para defender su acuerdo de concesión que los ejidatarios le reclamaron. Es incomprensible que el Ejecutivo Estatal cuando otorgó la concesión, el 11 de julio de 1995, estimara entre sus prioridades el coordinarse y convenir con la Federación acciones que hasta implicaron la asignación de recursos públicos, para establecer un fideicomiso para la ejecución y administración de un proyecto tendiente a organizar, desarrollar e impulsar el comercio y el turismo para beneficio de la región, y que unos años después, ante la demanda ejidal de amparo, el gobernador de la entidad, haya cambiado de parecer, considerando pueril o irrelevante lo que antes tuvo por prioritario.

No se tuvo ni el acierto de precisar, al producir su informe ni en la audiencia del juicio, cuándo, cómo y quién construyó la carretera Maneadero–La Bufadora, porque el gobierno del Estado… ¡carecía de esa información!, Y, por boca de sus asesores jurídicos, el ejecutivo local se curó en salud, afirmando que no tenía interés jurídico en el caso. ¡Ay, Ensenada, pobre de ti!

Sólo alegó que el ejido estaba haciendo una misma reclamación en un juicio agrario pendiente de resolución, y que por eso el de amparo era un juicio improcedente. Nada más.

El ejido replicó que el juicio agrario que el gobernador mencionó, se refería al resto de la carretera y su derecho de vía, y que en el amparo no había incluido ningún reclamo relativo al área concesionada al Fideicomiso de La Bufadora. Ofreció el dictamen de un perito que, unido al perito del juzgado, confirmó que la materia del juicio de amparo y la del juicio agrario eran distintas.

No más defensa por parte de la autoridad estatal.

Por su parte, el tercero perjudicado que tuvo la oportunidad para defender su concesión y su derecho, ni siquiera balbuceó un mínimo intento de defensa. El juicio inició durante la administración del XIX Ayuntamiento de Ensenada, trienio en el que el Fideicomiso de la Bufadora, no contó en su nómina con servicio de asesoría jurídica.

Así que en el juicio de amparo 666/2010, nadie pudo, nadie supo, nadie quiso decir que la carretera Maneadero-La Bufadora es un bien del dominio público y de uso común que existe comunicando la región que atraviesa con el resto del sistema vial de Baja California, desde que se construyó en el sexenio del Presidente Adolfo López Mateos, siendo Gobernador de Baja California Eligio Esquivel Méndez, y alcalde de Ensenada Elpidio Berlanga.

Por eso, en ese juicio nadie pudo, nadie supo, nadie quiso decir que esa carretera, existía desde varios años antes del 27 de junio de 1968, fecha en la que 60 supuestos campesinos iniciaron ante las autoridades agrarias, el procedimiento de su solicitud de dotación de tierras.

Nadie quiso, supo ni pudo decir que la resolución presidencial de dotación dictada por el Presidente Luis Echeverría Álvarez, el 30 de agosto de 1973, favoreció al ejido Coronel Esteban Cantú dotándolo sólo con quince mil cinco hectáreas de terrenos cerriles con pequeñas porciones de agostadero susceptibles de cultivo de temporal, resolución del Presidente que no incluyó ningún camino, ninguna vía de comunicación, ninguna carretera, mucho menos la carretera Maneadero-Punta Banda, y tampoco el tramo que se extiende hasta la zona turística de La Bufadora; áreas que, por cierto, no son susceptibles de cultivo de ninguna naturaleza, y que no pueden ser objeto de afectación agraria.

Y como nadie lo dijo, y como nadie tuvo la intención de alegarlo ni probarlo, por eso el Juez federal no pudo más que conceder al quejoso mentiroso la protección de la justicia federal en contra del acuerdo de concesión del gobernador, para que lo dejase sin efecto, y le entreguen al ejido la tierra que la autoridad agraria nunca jamás le otorgó.

Si uno mira que en La Bufadora el gobierno construyó alrededor de cien locales comerciales, que todos están ocupados, y que al pasar al poder del ejido, los locatarios usuarios ya no pagarán sólo cuotas de mantenimiento y de servicios, sino rentas comerciales mucho más elevadas, que constituirán un negocio altamente lucrativo, todo ganancia, en el que el ejido nada invirtió, no puede dejar de pensarse que es extraña y muy investigable la omisión, la falta de acción en que incurrieron las autoridades, que teniendo el deber de defender el patrimonio público, abdicaron inexplicablemente el cumplimiento de esa obligación.

No puede dejar de verse, igualmente, que en ese periodo estuvieron al servicio del XIX Ayuntamiento de Ensenada, individuos que son o fueron titulares de derechos agrarios en el ejido Coronel Esteban Cantú, y que en un momento hasta ejercieron su representación en la ejecución de los trabajos del Programa de Certificación de Derechos (PROCEDE), con el que no sólo se propusieron las certificación de derechos y linderos entre parcelas ejidales, sino la certificación de los límites exteriores del ejido para abarcar chapuceramente y sólo con apariencia de legalidad toda la tierra existente en la región de Punta Banda.

La sentencia de amparo, sin embargo, aun cumpliéndose, no constituye título de propiedad o de derechos agrarios a favor del ejido, que tarde o temprano tendrá que devolver lo que no es suyo, y también tendrá que responder ante la justicia penal por su ímprobo proceder, pues no ha de quedar impune su conducta desleal que ha observado ante los órganos del Poder Judicial Federal, y el uso deshonesto que ha hecho de la institución del juicio de amparo, cuya función consiste en salvaguardar la Constitución y los derechos fundamentales, y no en cobijar abusos y delitos con mantos de impunidad. Ω

Juan Manuel Salazar Pimentel

juanmsalazarp@gmail.com