El periodista Santiago Flores, publicó la reseña✱ de una declaración del titular de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California. El funcionario habló de los juicios que enfrenta la institución por el despido de unos veinte trabajadores que quedaron en esa situación, por decirlo así, en dos etapas.

Más o menos la mitad fueron despedidos para contratar a la otra mitad.La primera decena de trabajadores perdió su empleo no por haber cometido faltas en el desempeño de su labor; la razón de su despido surgió de un acuerdo que el procurador dijo que él celebró con los diputados del congreso local, o por lo menos con dos de ellos, cuyos nombres mencionó, para dar cabida a un conjunto de recomendados de los legisladores.

La otra mitad que luego fue despedida, perdió su empleo porque no querían cumplir las tareas propias del servicio, negándose a salir a la calle y a hacer visitas a las penitenciarías. Este segundo grupo, es el de los recomendados de los diputados.

Contratar a los segundos cesando a los primeros, fue la fórmula acordada para que los diputados eligieran al aspirante que ahora es el titular de la PDH del Estado.

El asunto se hizo público porque el procurador de los derechos humanos se siente traicionado, por decirlo así. Dijo que él cumplió su parte del acuerdo, y que después los diputados no le han autorizado las recursos para pagar la liquidación a los despedidos, prolongándose el conflicto.

Esa declaración del procurador local de los derechos humanos es una autoincriminación de hechos que involucran a otros servidores públicos, mismos que se han abstenido de refutar su participación que se les atribuye.

¿Es legítimo, es lícito que miembros del poder legislativo convengan de ese modo con aspirantes a puestos públicos en los procesos de elección?

¿Es lícito que cualquiera que aspire a ocupar un cargo público comprometa los bienes de las instituciones para asegurarse el cumplimiento de sus ambiciones personales?

¿Es legítimo, lícito y congruente que quien aspire a ser Procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana, acepte y se obligue a violar los derechos fundamentales de los trabajadores para cubrir el precio de su designación?

¿Es justo y debe consentirse, el quebranto patrimonial que sufran las instituciones públicas por acuerdos como este, que les lleva a emplear recursos en la atención de juicios, y en el pago de prestaciones y liquidaciones laborales?

El despido del segundo grupo, el de los renuentes al trabajo, abrió la puerta para contratar a otros que cubran el servicio. Sin esta contratación el servicio se afectará negativamente. Una más de las consecuencias innecesarias de aquel acuerdo tan lejano a la honestidad.

El bien público mayormente lastimado es, sin dudarlo, la garantía de respeto y salvaguarda de los derechos humanos que, a través de la procuraduría, el Estado estatuyó a favor de la población.

¿Se puede tener la seguridad de que el procurador, que se obligó a iniciar su gestión violentando derechos de sus trabajadores, como lo confiesa públicamente, defienda con eficacia a los ciudadanos que le pidan protección frente a los abusos de los servidores públicos? ¿Hay congruencia en el ejercicio de ese cargo en tales condiciones?

Lo más deplorable es que el público aún no ha sido informado de que el asunto esté siendo ya investigado por la autoridad competente. Todo sigue igual: los juicios laborales siguen su marcha; el procurador sigue en su puesto, pero sin dinero para pagar liquidaciones; y, los diputados, listos para la negociación más próxima.

Con el menor anónimo, que con veracidad o sin ella denuncie hechos delictuosos, es común que, por ejemplo, la PGR inicie averiguación de hechos presumiblemente delictuosos. El ministerio público ha actuado también así frente a publicaciones periodísticas, basadas en datos surgidos de las pesquisas particulares de un periodista. Lo mismo hacen las sindicaturas municipales. En este caso, la denuncia no es anónima, es pública y de autor bien conocido, que bien se sabe donde encontrarlo para que ratifique ante la autoridad investigadora competente lo que ha dicho en el sentido de que él concertó con servidores públicos el ataque a los derechos fundamentales de un determinado número de personas para procurarse la designación de un puesto en el servicio público, con los demás agregados ya comentados.

Si esta sociedad civil nuestra se considera una sociedad cívicamente sana, debe exigir insistentemente la aclaración de este caso tan deshonroso.

Mientras tanto, esta experiencia enseña que el sistema de selección de servidores públicos con la intervención del poder legislativo, cuyos diputados actúan como electores, es una vía proclive a la corrupción, que en esos ambientes a veces es llamada negociación. Los legisladores a menudo eligen la opción que más les convenga, y no la que mejor satisfaga la función pública. Se deciden a favor de aquello que les beneficie personalmente, sin considerar que sus opciones sean o no en beneficio del servicio que se debe prestar a la población. Cuando así actúan, como se ha denunciado en el caso de la PDH local, no obran representando al pueblo, sino sólo atendiendo a su propio interés.

Ese sistema de elección del legislativo debe ser estudiado y seguramente sustituido por uno de elección popular, en donde sea el pueblo el que elija al que mejor le parezca y nada más.

Juan Manuel Salazar Pimentel

juanmsalazarp@gmail.com