El título de esta columna hace alusión a una vieja película de los años sesenta donde una sociedad del 2020 vivía en condiciones apocalípticas por el agotamiento de los recursos renovables; donde tomar un simple baño de ducha era, para el protagonista, un placer destinado solo para una mínima parte de la población; donde probar una fruta fresca se convertía en un enorme privilegio.

Pese al enorme avance tecnológico al parecer nos decidimos por ese escenario.

En semanas recientes hemos visto uno de los "accidentes" ecológicos más graves de los que tengamos memoria. La mina Buenavista del Grupo México ha vertido 20 mil litros de sustancias tóxicas en el río Sonora, que alimenta a más de 20 municipios.

La falta de agua, un recurso no renovable, ya era una grave crisis. Prueba de ello es el conflicto entre la ciudad de Hermosillo y los habitantes de la zona del Mayo, donde por carecer de una fuente de agua han recurrido a obtenerla de la presa que alimenta la zona rural, con gran disgusto de los agricultores.

En este escenario, lo sucedido adquiere una dimensión de ecocidio donde el impacto no afecta a esa zona, sino que es a más largo plazo. El daño se multiplicará exponencialmente.

Según estudios hechos a la presa "El Molinito", al parecer esta práctica de arrojar residuos químicos empleados en la minería no es nueva; algunos artículos periodísticos han dicho que su vaso, donde desembocan los ríos Bacanuchi y Sonora, se encuentra sedimentado con elementos que resultan de interés para empresas extranjeras. Esto abre la interrogante de la responsabilidad de las autoridades para garantizar la salud de sus gobernados.

Es de llamar la atención la respuesta de las autoridades, quienes inicialmente no hicieron nada, pero ante la presión de los afectados debieron manifestar su postura. Al principio, el Congreso de la Unión habló sobre quitarle la concesión a la minera. Las posiciones se enfrentaron; sin embargo, a cuatro semanas de haber sucedido, la presión ha disminuido.

En este momento, todo se ha enfocado a exigir el pago de una indemnización por parte de la minera a los afectados, como si el dinero pudiera reparar el terrible impacto en el ecosistema, que tendrá consecuencias inconmensurables en el plazo cercano.

La zona donde ocurrió el derrame es eminentemente ganadera y agrícola. Una situación como la que se vive ahí desde hace un mes, pone en grave riesgo la sobrevivencia de las actividades y la permanencia de los habitantes en esa región.

Estamos hablando de una gran migración hacia fuera de esa zona. Pero ¿hacia dónde se moverán, si el vital liquido presenta una grave crisis en el resto del Sonora? Tan solo esa posibilidad nos habla de la catástrofe ecológica que vive esa entidad.

Lo que está pasando en Sonora puede ser una muestra de lo que pueden enfrentar otras zonas de México en el futuro.

La explotación de los recursos no renovables, como el petróleo, y la extracción de gas, necesariamente exigirán el uso de agua pero, sobre todo, de la modificación de los espacios geográficos con sus consabidas consecuencias.

Lo que vemos es que las autoridades federales y del Estado carecen de un compromiso serio por la salud de la mayoría de los habitantes y todo apunta a que tienen un contubernio con los dueños de la mina, en este caso.

¿Por qué la Procuraduría General de la República cateó las oficinas de la mina Buenavista hasta casi un mes después del derrame? ¿No debió ser una acción inmediata para llevar a cabo una investigación que deslindara responsabilidades? ¿No debió ejercerse toda la fuerza del Estado de manera pronta y expedita?

Es innegable que existe normatividad, pero las penas y multas distan mucho de poner en entredicho las ganancias de los infractores.

Resulta imprescindible establecer mecanismos que realmente pesen en la decisión de los que provocan este tipo de situaciones, acciones penales que realmente paren este tipo de "descuidos" y no permitir más que empresas privadas como Grupo México o empresas del Estado, como Petróleos Mexicanos, continúen con prácticas desastrosas que nos dejen múltiples catástrofes ecológicas.

Más allá de las autoridades, los ciudadanos tenemos el poder –aún no descubierto por nosotros- de presionar a todos los involucrados para que se haga justicia en ese y otros casos. Y también para evitar que las empresas vayan impunes creando cataclismos ecológicos con consecuencias a largo plazo. En nuestras manos está hacer que ese destino no nos alcance.

mendez_elvia@yahoo.com.mx