Todos como ciudadanos hemos lidiado con la pesadilla que son los taxis en Tijuana.

A ninguno le 'sirve el taxímetro' y por ende el pasaje te lo cobran como bien les plazca ese día. Nunca tienen cambio, a pesar de que sus dos únicas responsabilidades son: manejar y mantener un taxi, así como administrar dinero. Así que cuando en nuestra ciudad (los que pueden) encontraron en Uber una alternativa para no tener que lidiar con esta pesadilla, lo aprovecharon al máximo.

La llegada del servicio particular de transportes ha causado una conmoción que hasta sería superflua narrarla aquí, pues ha sido cubierto por casi todos los medios. La última secuela en esta saga entre transportistas colectivos, transportistas privados y el ayuntamiento, se vio en las instalaciones de este último, en el que varios sindicatos de transportistas se manifestaron para mostrar su inconformidad con la famosa regularización que se declaró el 28 de noviembre por el Cabildo. En esta nueva pieza de reglamentación, se "regulariza" al sistema de transporte Uber, dándole una categoría específica para sacar sus permisos.

Aquí podríamos asumir que ya se resolvió entonces las inquietudes de los transportistas. Pero no. Las manifestaciones siguen en pie porque el nuevo reglamento les exige a los transportistas ya con permiso que vuelvan a ser verificados, registrados, etc. O mínimo eso nos dijo uno de los manifestantes.

Y aquí es cuando el humilde escritor de esta columna se da cuenta que los problemas de organización y responsabilidad plagian todos los peldaños de la jerarquía.

Al recibir esta información, nos fue más difícil conseguir una confirmación que a un taxista cambio de un billete de 100 pesos. Se nos mandó a hablar con tres sindicatos diferentes, de los cuales en ninguno el delegado estaba presente o "no nos podía dar esa información". Se habló directamente con los sindicatos de transportistas en la Ciudad de México con la que están afiliados los sindicatos locales, y ni siquiera en esta matriz tenían algún directorio con los responsables a nivel regional.

Aquí la evidencia pues, que no podemos culpar solamente la taxista por el pésimo servicio, sino que él solo viene representando una larga cadena de jerarquía desorganizada y oligárquica.

Pobres los choferes, entonces, que tienen que lidiar con tanto una pésima organización que lo representa, así como los dueños explotadores de los taxis (los cuales muchos obtuvieron sus permisos debido a sus conexiones directas con el ayuntamiento), ya que un taxi se cobra en promedio 400 pesos al día de renta, sin incluir mantenimiento, costos de combustible etc.

¿Esto es lo que nos propone el ayuntamiento como una solución al transporte de sus ciudadanos?

Mucho se dice de lo caro e ineficiente que es el transporte público en Tijuana, pero me gustaría agregar otro eje a la conversación. En Tijuana no hay tal cosa como transporte público. Es un transporte colectivo masivo, a la cual a distintas asociaciones se les da un permiso por circular ciertas rutas. El favoritismo y la corrupción han hecho que se prostituyan las calles al punto de que carriles de nuestras principales vialidades queden inútiles.

Pedimos que se nos devuelvan las calles, para transitar de manera tranquila y efectiva seguir aportando como ciudadanos de nuestra gran ciudad. Pero también, pedimos este mismo trato para nuestros amigos taxistas, que se les de un trabajo digno, vehículos de la categoría que se merece la 4ta ciudad más grande de la República, y asociaciones que realmente representen sus interés, que no los usen como juego político.

Uber no es la solución, en lo absoluto. Porque en Tijuana empieza la patria, así como también los problemas de una corrupción hegemónica.

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