Estados Unidos

Legisladores declaran que defenderán a los inmigrantes ante Trump

El mensaje de la Asamblea es claro "estamos con ustedes y pelearemos con ustedes a pesar de lo que pase a nivel nacional."

Legisladores de California enviaron un mensaje al presidente electo Donald Trump el pasado lunes que el estado está preparado para pelear contra su administración sobre los asuntos de inmigración.

Las dos cámaras de legislación del estado aprobaron resoluciones idénticas dirigiéndose a Trump para desarrollar políticas de inmigración humanas, para evitar la deportación masiva y mantener el programa del presidente Barack Obama de Acción Diferida ante Arribos de Niños, o el programa DACA (por sus siglas en inglés).

El senador estatal Ben Hueso, D-San Diego, introdujo una factura el lunes en la legislatura del estado que fundará la representación legal para los no ciudadanos que se enfrenten a la deportación. El embajador Rob Bonta, D-Oakland, introdujo por su parte una factura que entrenará a los defensores públicos en cuanto a leyes de inmigración y las consecuencias potenciales de procedimientos criminales.

"El senado condena en los más fuertes términos las descripciones intolerantes, racistas o desinformadas de la comunidad inmigrante que sirve únicamente para fomentar el odio y la violencia," declara la resolución. "El senado apoya a un acercamiento comprehensivo y viable para resolver nuestro históricamente roto Sistema de inmigración."

Los inmigrantes indocumentados conforman aproximadamente un décimo de la fuerza de trabajo y contribuye $130 mil millones de dólares al grueso del producto doméstico del estado, de acuerdo a la resolución.

La resolución se aprobó de 57 a 14 en la Asamblea, con dos republicanos – Brian Maienschein de San Diego y Catharine Baker de San Ramón – uniéndose a la cámara de demócratas para aprobarla. En el senado, 27 votaron por la resolución, 3 votaron en contra y 10 se abstuvieron, de acuerdo al presidente del senado Tem Kevin de la oficina de León.

La oficina de Maienschein no contestó a las peticiones de comentarios.

El vocero de la Asamblea, Anthony Rendon, D-South Gate, introdujo la resolución con una metáfora sobre un boxeador ajustando su postura. En una conferencia de prensa más tarde ese mismo día, dijo que no estaba preocupado por lastimar la relación de California con el gobierno federal.

"El presidente ha prometido desde el día número uno que tacleará el tema de inmigración," dijo Rendon. "Este es nuestro Día Uno. Estamos haciendo lo mismo."

El asambleísta Rocky Chávez, R-Oceaside, dijo en una entrevista por teléfono que aunque que ha apoyado la reforma migratoria, no podría apoyar la resolución debido a su tono combativo.

"El tono en el que lo estamos haciendo no es benéfico para el estado de California," dijo Chávez.

El líder asambleísta republicano Chad Mayes de Yucca Valley también dio excepción a la resolución.

"El día de hoy, los demócratas robaron una página del playbook de campaña del presidente electo Trump y empujaron una retórica, una agenda divisiva para inflamar tensiones que muchos de nosotros buscamos calmar," dijo Mayes en una declaración vía correo electrónico. "California tiene el rango de pobreza más alto de la nación, nuestras carreteras se están desbaratando, y los costos de alojamiento son del doble del estándar nacional. La campaña se ha terminado y es hora de juntarnos seguir adelante como californianos. "

El nuevo asambleísta de San Diego, y pasado consejero de San Diego City, Todd Gloria, dio su primer voto en la legislatura del estado en apoyo a la resolución.

"Nuestro estado y nuestra nación están construidas en base a las infinitas contribuciones de los inmigrantes," dijo Gloria mediante una declaración vía correo electrónico. "Con la aprobación presente de HR-4, el mensaje de la Asamblea es claro: estamos con ustedes y pelearemos con ustedes a pesar de lo que pase a nivel nacional."

Regresando a la asambleísta Lorena Gonzalez, D-San Diego, ella también aportó a la factura.

"Le prometí a las personas de mi distrito, el cual tiene una de las poblaciones de refugiados inmigrantes y musulmanes del estado, que pelearía por ellos." Dijo Gonzalez. "Esta resolución es simplemente un reconocimiento de mi promesa hacia ellos."

Ambas facturas introducidas el lunes como parte del mensaje de la legislatura sobre inmigración se marcaron con estatus de urgencia, lo que significa que requieren dos tercios de voto y así se pondrían en efecto inmediatamente sobre promulgación.

La factura de Hueso, llamada "Due Process For All Act", ampliaría los fondos del estado para consejo legal de inmigración. Porque los procedimientos migratorios son considerados un asunto civil, aquellos que se enfrenten a la deportación no tienen derecho a un abogado de la misma manera que aquellos que enfrentan a cargos criminales.

La legislación previa creó un fondo para los servicios legales para menores no acompañados de Centroamérica y residentes de bajos ingresos elegibles para la naturalización o cualquier otro desahogo migratorio, como lo son el programa DACA creado por el presidente Barack Obama que ofrece indulgencia a los hijos de inmigrantes indocumentados para permanecer en la nación bajo ciertas condiciones.

De acuerdo a una hoja informativa de la oficina de Hueso, el 68 por ciento de aquellos mantenidos en instalaciones de detención migratoria no cuentan con representación legal, y los detenidos que tienen abogados tienen más de 5 veces la oportunidad de salir ganando en su pelea contra la deportación.

"Esta factura significa la diferencia entre poder quedarse en la nación para algunas de estas familias, o el ser arrancados de su familia y su comunidad," dijo Hueso durante una conferencia de noticias.

La factura de Hueso aún no incluye la cantidad de dinero que será removida del estado. También crearía un fondo que aceptará donaciones hacia la cobertura de abogados en cortes de migración.

Pedro Ríos, director del Comité de Servicios para Amigos Americanos, programa fronterizo

de Estados Unidos/México, dijo que la cantidad de dinero apartada jugará gran parte en la efectividad de la factura. Ríos dijo que un caso de inmigración puede llegar a costar hasta $3,000 y $15,000 dólares, dependiendo de su complejidad.

Los abogados de derechos migratorios dieron la bienvenida al movimiento de apertura de la legislación en cuanto a inmigración.

"Cuando se trata de dar la cara por los inmigrantes y refugiados, el tiempo para retórica se acabó, ahora es tiempo de actuar," dijo el Consorcio de Derechos de Inmigrantes de San Diego en una declaración vía correo electrónico.

"Ahora, más que nunca, California debe permanecer con sus valores de justicia y procesos debidos, y los cientos de inmigrantes que reconocen a California como su hogar," dijo Jennie Pasquarella, directora de los derechos de inmigrantes en la Unión de Libertades Civiles de América. "Sabemos que, en un estado rico en inmigrantes como California, todos prosperamos cuando los inmigrantes prosperan. La inversión de la legislatura en justicia y procesos legales sin duda asegurará que todo California prospere."

Nota original de San Diego U-T.

Traducción: Azelia Mejía

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