El lunes 21 de febrero se dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que se encontraron inconsistencias en la utilización de los recursos federales durante la gestión del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, dichos recursos podrían reflejarse en hasta 200 millones de pesos.

No obstante, el día de ayer el Semanario Zeta dio a conocer que las irregularidades durante el mandato de Jaime Bonilla Valdez podrían ser de incluso 1,105 millones de pesos. Lo anterior debido a que la administración del exalcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, tiene cerca de 784 millones de pesos en recursos observados.

Es decir, serían los 785 millones 837.2 miles pesos por parte del Ayuntamiento de Tijuana; 223 millones 60.8 miles pesos del Gobierno del Estado de Baja California, mientras que el Colegio Bachilleres acumula la suma de 140 millones 563 mil pesos de recursos.

La mayoría de las irregularidades observadas corresponden a la falta de evidencia presentada de que realmente se realizaron esos trabajos con los montos correspondientes, por ejemplo: se gastaron 645 mil pesos en cobros para la limpieza de un terreno, sin embargo, no existen documentos que prueben que efectivamente esto se realizó.

Además de lo anterior, existe el registro de pagos a personal que no cuenta con el perfil de la actividad o pago a nóminas no actualizadas, así como sobreprecios en obras realizadas, entre otras tantas anomalías. Otra cosa que llama la atención, según el medio arriba mencionado es que el año que inició la pandemia se destinó al gobierno de Baja California un presupuesto de atención a la Salud.

No obstante, la ASF, aseguró que faltan por aclarar cerca de 51 mil 100 pesos en el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral. Igualmente, el gobierno de Bonilla recibió 778 millones 595 pesos de los cuales 207 millones 908 mil fueron retenidos por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Sin embargo, no se presentaron las facturas, entre otras irregularidades.

Por lo anterior es que el pasado 21 de febrero la ADF determinó que durante el mandato de Bonilla el estado de Baja California infringió normas que corresponden a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VIDEO: "Jaime Bonilla es una amenaza para AMLO, una amenaza para Baja California"