El 1 de abril de 2023 en la ciudad de Tijuana, Baja California, sucedió el derrumbe de un edificio de 2 departamentos y posteriormente el 9 de abril colapsó el segundo edificio de 6 departamentos. Ambos colapsos tuvieron como antecedente el deslizamiento de la mitad del cuerpo de la calle Tarahumara varios metros arriba de mi propiedad, habiendo precedido sendas quejas y denuncias de la suscrita ante la CESPT, por fugas de agua en la tubería general.

Hago notar que la totalidad de habitantes de aquellos departamentos eran arrendatarios algunos de reciente llegada. Los atendi personalmente y llegamos a acuerdos con la totalidad, habiendo devuelto rentas y depósitos, quedando en el entendido de que ambos, ellos como usuarios y yo como propietaria, éramos víctimas de la misma causa: la falta de atención correcta a las fugas de la CESPT.

Los días 5 y 12 de abril de 2023, ingresé solicitudes ante la autoridad de Dirección de Administración Urbana municipal (DAU), solicitando su intervención para determinar causas responsabilidades y se tomaran medidas de seguridad y mitigación, así como la preservación de las mayores evidencias posibles y que se nos permitiera, ingresar a la zona para realizar estudios en protección de mis derechos. Salvo el permiso de acceso, la autoridad municipal fue omisa en contestar todo lo demás.

Esta omisión, motivó que tuviéramos que iniciar vddel juicio de amparo número 566/2023 recayendo en el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Tijuana. Dicho amparo ha sido ganado y se le ha ordenado a la autoridad municipal dar respuesta integral y congruente a nuestras peticiones. No obstante, la DAU continúa con evasivas y truculentas respuestas que ha orillado a la denuncia de incumplimiento.

Recientemente la DAU, a un año de distancia y tratando de dar cumplimiento al amparo de manera truculenta, nos ha requerido cómodamente que le entreguemos los estudios de expertos gestionados por la propietaria, continuando su omisión de hacer los estudios técnicos por cuenta propia de la autoridad.

En principio hemos negado dicho documento por no ser nuestra obligación y porque, es el documento base de la demanda de indemnización que por responsabilidad patrimonial del estado, hemos interpuesto el día 27 de marzo de 2024 en contra de la CESPT y ante la Secretaria de Honestidad estatal en primera instancia.

Nos hemos reservado el derecho a demandar a otras autoridades cuya negligencia, hubiere contribuido a los daños y perjuicios sufridos. Lo mismo ocurrirá si continua la revictimización que resulta de las omisiones y negligencias, sobre todo en materia de mitigación, reparación y prevención.

Comunicado emitido por el Licenciado Juan Marcos Gutierrez

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