Fernando Ocegueda, centro, observa a trabajadores excavar en uno de los sitios donde presuntamente hay una tumba clandestina cerca de la Presa Abelardo L. Rodríguez.

Mario Alberto había servido a Benjamín Arellano Félix, pero su hermano Teodoro no estuvo dispuesto a seguir a "El Ingeniero" y se alió al cártel de Sinaloa, comandado por Joaquín "El Chapo" Guzmán, acérrimo rival de los Arellano.

Meza cuenta en su declaración que por órdenes de "El Teo" llevó hasta el restaurante Mariscos del Pacífico, ubicado en la colonia 20 de noviembre, tres tambos azules con restos humanos y sosa caústica y escribió con plumón negro en una cartulina: "Esto les va a pasar a todos los que andan con el Ingeniero".

El hallazgo fue reportado por la policía municipal el 30 de septiembre de 2008.

Para finales de 2007 y principios de 2008, "los levantones" y secuestros comenzaron a darse con mayor frecuencia, reportaban autoridades.

Las asociaciones civiles de personas desaparecidas señalan que de 2007 a 2010 se dieron el 80 por ciento de las 488 desapariciones, es decir, unas 390 víctimas. Aunque, según la declaración de Meza, la mayor parte de las víctimas las deshizo de 2002 a 2007.

Por eso es posible que muchas de estas víctimas no estén registradas en las asociaciones ni en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

"Siempre que se trabajaba con los cuerpos humanos no les veíamos la cara, ya que todos los cuerpos humanos traían una máscara de cinta adhesiva de plástico de color gris y cuando los metíamos a la olla o a los tambos con sosa caústica en agua, sólo le cortábamos la cinta por la parte de la nuca sin quitársela totalmente", declaró Meza.

En la averiguación previa de la Siedo, Meza señaló que él y algunos miembros de las células criminales tenían credenciales de policías ministeriales, además algunos agentes de la Ministerial activos asistían a las fiestas que organizaban.

Incluso el representante social de la federación le pregunta si reconoce los nombres y fotografías de 49 policías presuntamente involucrados en el crimen organizado, pero Meza sólo acepta conocer a dos que acudían a reuniones organizadas por "El Teo".

Los titulares de la Policía Municipal de Tijuana y de la PGJE han reconocido que sus corporaciones estaban infiltradas por el crimen organizado. Unos 600 agentes municipales y cerca de 200 ministeriales fueron despedidos de 2007 a 2010.

Diana Sánchez Lavenant, de 21 años, se seca las lágrimas durante una manifestación en mayo del 2008, para presionar a las autoridades sobre la ola de violencia en Tijuana. Su hermano, Guillermo Sanchez Lavenant, 18, fue secuestrado en abril del mismo año.

El fiscal especial para personas desaparecidas de la PGJE, Miguel Ángel Guerrero, dijo que tal vez hay 70 ó 100 cuerpos que deshizo Santiago Meza que no tengan contemplado en sus averiguaciones previas, pero de esas víctimas no hay nombres ni material de ADN registrados.

Pero también, señaló, es posible que algunos de los desaparecidos hayan sido enterrados en la fosa común del panteón municipal, situado a cinco minutos del ejido Ojo de Agua, porque apenas desde 2005 la PGJE comenzó a tomar pruebas de ADN.

Decenas de cadáveres sin identificar, muchos de ellos asesinados entre 2008 y 2009, fueron enviados por el Servicio Médico Forense (Semefo) a la fosa común municipal luego que transcurrieron 36 horas y nadie los reclamó.

Desde que la fiscalía especial para personas desaparecidas empezó en diciembre de 2008 ha habido dos casos de exhumación en la fosa común a raíz de que familiares reconocieron a quienes buscaban por fotografías subidas a destiempo a la página electrónica de Semefo.

"Las autoridades nos han obligado a que nosotros seamos los investigadores de los casos de los desaparecidos, porque cada dependencia se pasa la bolita y no hacen nada. A mí ya no me interesa quién fue ni porqué, sólo quiero los restos de mi hijo para darle cristiana sepultura", dijo Irma Leyva, de 60 años, el pasado 28 de agosto durante una manifestación de familiares de personas desaparecidas en la glorieta Independencia de la zona Río de Tijuana.

Ella es madre de Diego Alonso Hernández, un joven ex policía ministerial que fue "levantado" (un eufemismo que las autoridades utilizan para referirse a las personas secuestradas por las que sus captores no piden rescates) el 1 de enero de 2007 en Mexicali por una célula criminal.

Esa tarde soleada, unos 40 familiares de desaparecidos rezaron y colocaron mantas alrededor de la glorieta que contenían las fotografías de sus hijos y esposos ausentes, imágenes que fueron tomadas en cumpleaños, días de campo o graduaciones. Algunos sonrieron frente a la cámara y parecían felices en los retratos.

En la calle, peatones y automovilistas cruzaban cerca de ellos indiferentes. El problema se percibe como lamentable pero ajeno a la mayor parte de la población de esta ciudad. Las marchas o protestas sólo han sido integradas por las familias - o lo que queda de ellas - de los desaparecidos.

omar.millan@sandiegored.com

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