Miles de jóvenes indocumentados lograron la semana pasada salir de las sombras para solicitar un permiso temporal de trabajo y una tregua con el fin de evitar su deportación al menos durante los siguientes dos años.

El programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), lanzado el mes de junio por el presidente Barack Obama, dará un hondo respiro a más de 1.5 millones de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos sin documentos legales, antes de cumplir los 16 años.

No es la solución ideal ni tampoco la definitiva para los llamados dreamers que han vivido durante años en la zozobra, sin embargo, es la primera puerta que se abre para estos miles de jóvenes que crecieron y se educaron en este país y que legalmente no pueden trabajar ni tener acceso a los beneficios de ser residentes norteamericanos.

En los últimos diez años la comunidad hispana ha peleado intensamente por una reforma migratoria que permita resolver el estatus legal de unos doce millones de indocumentados y especialmente por regularizar a estos jóvenes que fueron traídos a los Estados Unidos por sus padres cuando eran apenas unos niños.

Barack Obama no pudo o no quiso cumplir su promesa de alcanzar la famosa reforma en el primer año de su mandato. Lo intentó en algunas ocasiones sin éxito pero insistió una y otra vez en empujar la propuesta del Dream Act que los congresistas se negaron a aprobar, en especial los republicanos, una y otra vez.

Finalmente y a cinco meses de las elecciones presidenciales, Obama se lanzó al ruedo para ofrecer esta salida legal para los dreamers. No es una amnistía, tampoco una visa permanente y menos una vía para alcanzar la anhelada green card y la posterior ciudadanía americana.

Es apenas un permiso temporal que tendrá un costo de 465 dólares y que podrá ser renovado cada dos años, siempre y cuando el presidente Obama obtenga su reelección en noviembre próximo. Si pierde y llega al poder Mitt Romney, solo Dios sabe lo que pasará con esta disposición que también ha levantado fuertes críticas entre los enemigos de los migrantes.

Los requisitos para obtener este permiso no son del todo fáciles de cumplir, entre otras cosas se necesita haber llegado a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años, haber residido por lo menos durante cinco años, no tener antecedentes penales, contar con estudios de preparatoria, no haber salido del país por deportación y tener menos de 31 años de edad hasta el pasado 15 de junio.

Hay muchas preguntas e inquietudes alrededor del proceso, por ejemplo: ¿qué pasará con los jóvenes que cumplen los requisitos pero que dejaron el país hace dos o tres años porque no

encontraron aquí un empleo legal? Si el Departamento de Seguridad Nacional niega la petición, ¿serán deportados automáticamente el solicitante y sus familiares?

También surgen dudas sobre el futuro de otros miles de jóvenes que llegaron a Estados Unidos con documentos legales para estudiar secundaria, preparatoria y la universidad. ¿Ellos también tendrán la oportunidad de obtener un permiso renovable para trabajar por dos años?

Con todo y sus implicaciones políticas, la medida tomada por la administración Obama es positiva y significa un paso adelante en la búsqueda de una solución integral a la compleja situación que viven doce millones de inmigrantes indocumentados.

El programa DACA beneficiará a muchas familias y en especial a la economía porque miles de jóvenes saldrán de la oscuridad para ofrecer sus talentos en las empresas, para formalizar negocios, obtener créditos, adquirir autos, casas y continuar sus estudios profesionales.

Solo en California se calcula que más de 400 mil jóvenes podrán solicitar ingresar a este programa y por lo menos 300 mil solicitarán licencia de conducir lo que significarán ingresos sustanciales para el erario estatal y para el sector automotriz y sus derivados.

Francamente no entendemos porque demoran en aprobar la reforma migratoria ante los beneficios económicos que ésta acarrearía. Con la crisis ha quedado claro que los inmigrantes vienen a trabajar y a contribuir a la economía norteamericana, prueba de ellos son los miles de millones de dólares que envían anualmente a sus familias a México y Sudamérica.

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José Santiago Healy escribe para Enlace, el semanario en español del UT San Diego