La ley SB 1070 de Arizona ha perdido su poder de contagio, según un informe

En vísperas del aniversario de la firma de la ley SB 1070 de Arizona, que criminaliza a los indocumentados, el efecto contagioso de la medida a otros estados se ha "detenido", aseguró hoy un informe del Consejo Nacional de la Raza (NCLR).

Washington, 20 abr (EFE).- En vísperas del aniversario de la firma de la ley SB 1070 de Arizona, que criminaliza a los indocumentados, el efecto contagioso de la medida a otros estados se ha "detenido", aseguró hoy un informe del Consejo Nacional de la Raza (NCLR).


El 23 de abril de 2010, la promulgación de la ley de Arizona por la gobernadora Jan Brewer abrió un polémico capítulo que motivó la intervención del Gobierno, que recortó algunas de las disposiciones más polémicas de la ley, y generó una oleada de propuestas similares en los congresos de otros estados.


Un año después, no obstante, ese poder de contagio se ha paralizado, y se espera que las medidas que lo han calcado queden derrotadas en la mayoría de los estados que las consideran, según predice el informe "Un año más tarde: un vistazo a la SB 1070 y las legislaciones que la copian".


En 2010, los 12 estados que redactaron medidas a imagen y semejanza de la ley de Arizona rechazaron esas leyes y, de los 24 estados que las han considerado este año, once ya las han descartado, recuerda el informe.


Sólo un estado, Utah, ha aprobado un paquete de medidas similares al de la SB 1070.


La ley HB 497, promulgada el 7 de marzo, requiere que se verifique la situación migratoria de las personas detenidas por ciertos delitos mayores y que se intente verificar el estatus de los detenidos por delitos menores.


En Georgia, el proyecto antiinmigrante HB87 está únicamente pendiente de la firma del gobernador Nathan Deal para ser una realidad, mientras que otros estados del sur, como Carolina del Sur, Alabama, Oklahoma y Tennessee, están considerando seriamente proyectos similares.


No obstante, los políticos de ambos partidos son cada vez más conscientes del enorme impacto económico de esas leyes, y de que son "incompletas e inconstitucionales", dijo hoy la presidenta de NCLR, Janet Murguía, en una conferencia telefónica.


A ello ha contribuido, según Murguía, la campaña de boicot económico en contra de Arizona tras la firma de la ley, que de acuerdo con un análisis del Centro para el Progreso Americano (CAP), ha tenido un coste combinado para el estado de más de 140 millones de dólares.


"La oleada de 'leyes copia' parece haberse detenido. Y es que muchos se han dado cuenta de que el coste de estas medidas es muy caro, especialmente para un país que está saliendo de la recesión", indicó Murguía.


Según Wade Henderson, presidente de la Conferencia para el Liderazgo en Derechos Humanos y Civiles, la clave del rechazo está también en que esas leyes "no afrontan los verdaderos problemas del país", ya que "no ayudan a la sanidad ni la educación, no hacen las calles más seguras y empeoran la crisis de déficit público".


El jefe de policía de Salt Lake City (Utah), Chris Burbank, citó por su parte un estudio según el cual los ciudadanos "tienen menos probabilidades de denunciar un crimen si creen que los policías actúan con un sesgo marcado".


"Eso es lo que consiguen estas leyes: generar desconfianza hacia la autoridad, y a la larga, permitir que el crimen florezca. Y ese no es sólo un problema de los inmigrantes", dijo Burbank en la conferencia telefónica.


Según el informe, la pérdida de credibilidad de medidas como la de Arizona "revela el deseo y la necesidad de una acción federal en inmigración".


"No necesitamos 50 mini sistemas migratorios, sino una sola reforma migratoria federal", afirmó Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Legal Nacional para la Inmigración.


En ese sentido, Hincapié urgió a Obama que intervenga para frenar la medida de Utah, y que impulse un proceso para declarar inconstitucionales todas las medidas similares.

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