Denver, 25 abr (EFE).- El Senado de Colorado inició hoy el proceso de enmiendas a la Constitución estatal para que, si las mismas son aprobadas por voto popular en noviembre próximo, se exija la comprobación de la ciudadanía para votar y para ocupar cargos públicos y la verificación de estatus de potenciales empleados.


Las tres resoluciones fueron impulsadas por la bancada republicana, que es minoría en el Senado estatal.


La primera resolución (11-002) pide que se enmiende la constitución para que el secretario de estado local periódicamente revise los padrones electorales y compare esa información con las bases de datos de agencias estatales (División de Vehículos Motorizados) y federales para comprobar que cada votante es ciudadano de Estados Unidos.


Si se comprueba una discrepancia, el votante afectado tendrá 90 días para enviar la información. Si la discrepancia se refiere a alguien que nació fuera del país, el caso pasará a las autoridades federales de inmigración.


Esta resolución se basa en el proyecto de ley HB11-1252, que el pasado 18 de abril fue rechazado por la mayoría demócrata del senado de Colorado. La meta era reducir el fraude electoral.


La segunda resolución (11-003) pide que, por medio de una enmienda constitucional, toda persona electa para un cargo público en Colorado demuestre, antes de completar la ceremonia de asunción de ese cargo, que es ciudadano de Estados Unidos.


Si el funcionario electo no puede presentar los documentos (certificado de nacimiento o de naturalización, o pasaporte estadounidense), entonces no podrá asumir el cargo y el puesto quedará vacante.


El propósito de esta enmienda, explicaron los senadores republicanos, es que sólo ciudadanos estadounidenses por nacimiento o adopción puedan ocupar cargos públicos en este estado.


La tercera resolución (11-004) pide que se agregue un nuevo párrafo al artículo 18 de la constitución estatal para que sea obligatorio para todos los empleadores privados verificar la situación inmigratoria de sus potenciales empleados por medio del uso de la base de datos federal E-Verify.


Si los votantes aprueban esta enmienda, la medida se implementará gradualmente, incluyendo a partir de enero del 2013 sólo a empresas con más de 200 empleados, hasta llegar a todas las compañías en julio del 2015. El fiscal general deberá decidir las multas para quienes no cumplan con esta enmienda.


La propuesta es similar al proyecto de ley HB11-1140, también rechazado la semana pasada por el Senado estatal.


Para que las enmiendas lleguen a las boletas electorales, la redacción definitiva debe ser aprobada por el Comité Senatorial de Asuntos estatales y luego por la legislatura en pleno, aunque las cortes estatales pueden modificar esa redacción si se presenta una demanda sobre ese tema.