San Juan, 3 dic (EFE).- La criminalidad no da tregua a Puerto Rico que con 895 muertes violentas hasta hoy convierte a 2010 en uno de los años más sangrientos de las últimas décadas, con un asesinato más que en todo 2009.


Elvin Meléndez Rivera, de 27 años, confundido con su hermano por unos sicarios, tuvo la desgracia de convertirse en la víctima 895 de un año que será recordado como uno de los más violentos de Puerto Rico, país sumido en una ola de criminalidad que no parece tener fin.


La División de Homicidios de la Región Policial de Caguas -ciudad cercana a San Juan- confirmó que Meléndez Rivera, por confusión, fue víctima de la "guerra" que se libra en esa localidad por el control de los puntos de droga.


Pocos horas antes de su fallecimiento, otro joven también de Caguas, Yadiel Fontánez Díaz, perdía la vida en una céntrica calle de la población tras recibir el impacto varios proyectiles de bala.


Fontánez Díaz fue, probablemente, según la Policía, víctima de un ajuste de cuentas entre bandas rivales, ya que investigaciones oficiales le señalaban como posible responsable de la muerte de Eddie Báez Algarín, alias "Canito", ocurrida el pasado día 23.


La "guerra" entre bandas que se desarrolla en la zona ha convertido a la región policial de Caguas en una de las de mayor aumento de muertes violentas en lo que va de 2010, con un total de 73, 18 más que el pasado año.


La Policía investiga si estas últimas muertes están relacionadas con la guerra que se libra en toda la zona este de la isla entre Alexis Sánchez Díaz "Kojita" y otro personaje apodado "Canito Navarro", ambos relacionados con el bajo mundo puertorriqueño.


La segunda región con el mayor aumento de número de muertes en el último año es la de Bayamón, también incluida en el área metropolitana de San Juan, con 160 asesinatos, 12 más que el año anterior por estas mismas fechas.


Los últimos asesinatos ocurridos en el área metropolitana confirman que la ola de violencia asociada al control por los puntos de venta de droga que mantienen bandas del hampa no cesa a pesar de los esfuerzos del Ejecutivo por acabar con el, quizá, primer problema del país junto a la profunda crisis económica.


Consecuencia de la ola de violencia fue la matanza de tres personas en Toa Baja, localidad del norte de Puerto Rico, a finales del pasado noviembre, en un ajuste de cuentas en el que se llegaron a recoger casquillos de bala de rifle de asalto AK-47.


El centro de las miradas de los puertorriqueños se ha vuelto en las últimas fechas hacia José Figueroa Sancha, el controvertido jefe de la Policía que asegura tener bajo control el crimen en la isla caribeña.


Figueroa Sancha, incluso, dijo a mediados del pasado mes que tenía temblando a los criminales y que no iba a presentar su dimisión, tras un sangriento fin de semana -periodos en los que aumentan los asesinatos- que se saldó con 18 muertos.


Las palabras de Figueroa Sancha provocaron las críticas del presidente del opositor Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, que denunció la ineficacia del jefe policial y la falta de un plan concreto del Ejecutivo para poner fin a la lacra que sacude al país.


El gobernador, Luis Fortuño, ha reconocido en varios discursos oficiales que la criminalidad es una prioridad en su agenda de trabajo, aunque con cerca de dos años en el cargo las cifras de muertes han ido en aumento.


La salida a las calles de la Guardia Nacional en patrullas conjuntas con la Policía no parece haber dado resultados, además de recibir críticas por el elevado coste de la operación.