Tijuana. - El futuro jurídico del ex alcalde de Tijuana y empresario Jorge Hank Rhon es incierto pero mientras se encuentra detenido en la prisión estatal de El Hongo.

Los abogados de Hank Rhon, a cargo de Óscar Téllez, pidieron a la jueza federal del Noveno Distrito, Blanca Evelia Parra, una ampliación de plazo hasta las primeras horas del próximo martes para intentar comprobar la inocencia de su cliente, además de solicitar la reconstrucción de hechos.

Hank Rhon, de 55 años, fue arrestado la madrugada del pasado sábado en su domicilio del fraccionamiento Puerta de Hierro, ubicado en los terrenos del hipódromo Agua Caliente, junto con diez hombres, y se especuló cuáles eran los delitos que se le imputaban.

Por años hubo rumores de que estaba involucrado en delincuencia organizada, tráfico de armas y que había mandado asesinar un periodista pero nunca fue consignado por estos crímenes.

Sin embargo, la Procuraduría General de la República acusó formalmente el martes al ex alcalde de Tijuana de acopio de armas de fuego y de cartuchos para arma de fuego.

Este es un delito considerado grave sin posibilidad de fianza que es castigado con una pena de dos a nueve años de prisión, si se trata de armas cortas; y de cinco a 30 años de cárcel, si se trata de armas largas.

La fiscalía federal informó ayer miércoles, pocas horas después de encerrar en la prisión estatal de El Hongo a Hank Rhon y a otros diez hombres, que 49 de las 88 armas aseguradas en la casa del empresario son de uso exclusivo del Ejército.

Además, señaló la dependencia en un comunicado, que diez de las armas sí contaban con licencia, pero cinco de ellas están a nombre de personas que no son los detenidos. Las 78 armas restantes no cuentan con licencia alguna.

Sin tintes políticos

Según una carta dirigida a Derechos Humanos de Hank Rhon, el arsenal que presuntamente hallaron los militares él jamás lo había visto.

La mañana del miércoles, la fiscal federal, Marisela Morales, dijo en red nacional que la detención de Hank Rhon no obedece a fines políticos ni a cuestiones electorales.

Morales declaró que al ex alcalde de Tijuana no se le estaba investigando con antelación ni tampoco se actuó porque tuvieran algún tipo de objetivo o alguna intención de perjudicarlo, ya que el Ministerio Público Federal se enteró de su detención hasta el momento en que fue puesto a disposición del Ejército.

La fiscal federal agregó que solicitó al gobierno de Estados Unidos antecedentes y posibles averiguaciones que existen contra Hank Rhon, aunque la investigación que se le sigue no es por estar ligado a algún cártel del narcotráfico sino por el número de armas encontradas en su casa.

Según la fiscalía federal, del dictamen pericial determinó que de las 88 armas aseguradas, 49 son de uso exclusivo del Ejército y 39 son de uso permitido, cuando poseen la licencia correspondiente.

Sobre los cartuchos también confiscados en la casa de Hank Rhon, las autoridades dijeron que se estableció que en total son 9 mil 250, de los cuales 8 mil 944 son para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y 306 son para armas de fuego de uso permitido, si cuentan con licencia.

El agente del Ministerio Público de la Federación determinó someter el asunto a consideración del juez para que éste resuelva sobre la probable responsabilidad de los detenidos y las circunstancias en que deba de desarrollarse el proceso.

Proceso apegado a la ley

Además de Hank Rhon, fueron detenidos Marco Antonio Trinidad Gómez, Luis Alfonso Sánchez Solís, Rubén Muñoz Nava y Víctor Manuel de la Torre Horta.

Además de Javier Marco Polo Ayala Roldán, Rigoberto González López, César Pérez Guerrero, Carlos Gonzalo Pérez Contreras, Ramón López Apodaca y Juan Ignacio Parra Santos.

Ellos salieron de la Ciudad de México, a donde habían sido trasladados el pasado sábado, a las 11:45 de la noche del martes y fueron internados a las 3:15 de la madrugada del miércoles en el penal de El Hongo, ubicado en el municipio de Tecate, a una hora de Tijuana. En esa prisión de mediana seguridad están consignados todo tipo de delincuentes.

Por su parte, el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna, señaló en un comunicado que una de las disposiciones ordenadas por las autoridades federales el martes es que todos los detenidos fueran trasladados a este estado con el fin de mantener la prisión preventiva a la que están sujetos.

"Requerimos que todos los involucrados y quienes de manera indirecta estamos cerca de los acontecimientos, brindemos a los tribunales federales el espacio para que, ajustados a derecho, decidan los fallos que a su competencia corresponden, que analicen lo que los juristas llaman como 'Debido proceso' y lo informen a la sociedad", señaló el mandatario estatal.

Omar.millan@sandiegored.com