ACLU demanda al Gobierno de Puerto Rico por la agresión contra una madre y su hija

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó hoy una demanda federal contra el Gobierno puertorriqueño por la violación de derechos a una maestra y su hija menor que fueron agredidas durante una manifestación en junio de 2010.

San Juan, 30 jun (EFE).- La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó hoy una demanda federal contra el Gobierno puertorriqueño por la violación de derechos a una maestra y su hija menor que fueron agredidas durante una manifestación en junio de 2010.


William Ramírez, director de ACLU en Puerto Rico y uno de los representantes legales de las perjudicadas, recordó que el incidente ocurrió el 30 de junio de 2010 frente al Parlamento en la capital en rechazo a la matricula de 800 dólares que impuso la Universidad de Puerto Rico (UPR), que entró en vigor con el nuevo año académico.


Ramírez dijo a Efe que la maestra Betty Peña Peña asistió a la protesta "para enseñarle" a su hija de 17 años, identificada solamente como E.R.P., "que debía participar de actos sociales en su vida, pero su lección fue otra".


El abogado relató que la joven fue la primera en ser agredida por los bastones de los policías, que protegían la entrada del Parlamento.


Su madre, entonces, trató de protegerla, pero también fue agredida, arrastrada, agarrada por el pelo, lo que provocó que perdiera parte de su cabellera.


"A ambas se las llevan inconscientes. Es un caso que demuestra perfectamente lo que estamos diciendo: que el gobierno utiliza la violencia en contra de manifestarse libremente", dijo Ramírez.


El letrado expresó su optimismo de que se podrá probar que hubo "excesos en contra de los derechos constitucionales" de Peña Peña y su hija.


El incidente fue uno de los tantos registrados entre estudiantes de la UPR y la Policía por las huelgas que realizaban los alumnos al protestar en contra del alza de la matrícula impuesto por la Junta de Síndicos del principal centro educativo del país caribeño.


"La conducta nefasta de la Policía de Puerto Rico no solo atentó contra la integridad corporal de las demandantes, sino que además seriamente laceró sus derechos fundamentales y de todos los allí se manifestaban", indica ACLU en un comunicado de prensa.

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