Denver, 1 jul (EFE).- Los residentes de Utah que soliciten a partir de hoy una "tarjeta de privilegio de conducir", que se otorga a quienes carecen de un número de seguro social, deberán pasar por una revisión de sus antecedentes policiales.


Desde ahora, quienes pidan una de estas tarjetas, ya no tendrán que acudir a la División de Vehículos Motorizados sino que primero deberán presentarse en la Oficina de Identificación de Criminales (BCI, en ingles), la agencia estatal encargada de mantener la base de datos de las personas con antecedentes criminales.


Según Alice Moffat, directora de BCI, esa repartición añadirá diez nuevos empleados a los 80 que ya trabajan allí para satisfacer la creciente demanda por sus servicios,


Quienes soliciten la tarjeta por primera vez o deseen renovarla deben iniciar el trámite en las oficinas designadas por BCI, donde se les tomará una fotografía y una copia de sus huellas dactilares, y se iniciará el proceso de verificación de sus antecedentes.


El costo mínimo por las fotografías y las huellas digitales es de 30 dólares, más otros 25 dólares por la revisión de antecedentes. El interesado deberá pagar otros 25 dólares por la emisión o renovación de la tarjeta.


En declaraciones a los medios locales, el senador republicano Steve Urquhart afirmó que esta medida está diseñada para "dificultar en gran manera" la obtención de las tarjetas de privilegio de conducir y anticipó que en la sesión legislativa de 2012 presentará un proyecto de ley para abolir estos documentos.


"Creo que (las tarjetas) son una mala idea. Les damos poder a los inmigrantes ilegales con las tarjetas. Mi argumento es que si están aquí ilegalmente, no tendríamos que darles tarjetas de privilegio de conducir y no tendrían que estar manejando", sostuvo el legislador.


En 2005, el Legislativo de Utah aprobó la emisión de las tarjetas para que las personas indocumentadas contasen con un documento oficial que les permitiese identificarse legalmente y obtener seguros para sus automóviles.


Según Urquhart, "ese experimento fracasó".


Bajo la nueva ley, si BCI verifica que el solicitante de la tarjeta tiene antecedentes policiales o es buscado por las autoridades, informará a las agencias correspondientes, sean de Utah o de otros estados, o sea el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).