Atlanta, 1 jul (EFE).- Muchos negocios hispanos de Atlanta cerraron hoy sus puertas en una singular protesta en contra de la ley de inmigración de Georgia HB 87, que entró en vigor sin dos de las cláusulas más severas.


La Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos (GLAHR) en conjunto con más de otras organizaciones civiles convocaron hoy a la comunidad hispana e inmigrante a realizar un paro de labores para demostrar el "poder económico" de esta comunidad.


Como parte del "Día del Incumplimiento", los activistas instaron a la comunidad inmigrante a no comprar, no vender y no acudir a sus trabajos.


Varios de los más populares centros de encuentro de la comunidad latina en Atlanta, permanecían desolados esta tarde, mientras los pocos transeúntes que los recorrían expresaban su preocupación ante las repercusiones de la nueva medida.


"Estamos muy preocupados por esta ley, pero por ahora no nos queda otra que seguir luchando", dijo a Efe Aurelio Charles, un inmigrante mexicano que vive en Atlanta desde hace 10 años.


El inmigrante de 43 años y originario de Tamaulipas, se mostró preocupado ante la posibilidad de ser detenido por su estatus y no poder ayudar económicamente a su familia en México.


"Yo tengo familia allá y si esto se pone mal, no sé cómo van a estar", agregó en tono triste.


María, una joven guatemalteca que no quiso que se le identificara con su apellido, recorría con preocupación los pasillos desolados del popular centro comercial "Plaza Fiesta", uno de los sitios emblemáticos de la comunidad inmigrante en Atlanta.


Según dijo a Efe, en el año y medio que tiene de trabajar en este sitio, nunca lo había visto tan "vacío y triste".


"Esto se ve muy solo, como que la gente ya no quiere salir a la calle y pero se va a poner cuando empiece de verdad la ley", aseveró la joven.


Pasillo tras pasillo, del comúnmente bullicioso establecimiento, mostraba establecimientos con luces apagadas y sus puertas cerradas, en muchas de las cuales se podían leer mensajes de solidaridad con los inmigrantes y en rechazo a la ley HB 87, cuyos detractores catalogan de una "copia" de la SB1070 de Arizona


Pese a que un juez ordenó esta semana detener la implementación de dos de las provisiones más duras de la ley: la que permitía a las autoridades locales verificar el estatus migratorio de quienes no proporcionen una identificación válida, así como la penalización de quienes transporten o alberguen a inmigrantes, muchos temen que la ley cree un ambiente "antiinmigrante en el estado".


"El mensaje es claro: Georgia no es más el 'Estado Durazno', ahora es el 'Estado del Odio'", señaló Adelina Nicholls, directora Ejecutiva de GLAHR sobre la entrada en vigencia de la HB 87.


A partir de hoy, se convierte en un delito penalizado con hasta con hasta 15 años de cárcel y multas de hasta 250 mil dólares el utilizar documentos falsos para obtener un empleo.


Asimismo, a partir del 1 de enero de 2012, las empresas privadas deberán empezar a utilizar el sistema federal de verificación de documentos E-Verify.


También en enero del año próximo, las agencias gubernamentales que tramitan servicios, como asistencia de vivienda o cupones de comida, sólo aceptarán documentos de identificación emitidos por el estado o el gobierno federal.


Para el sábado en la mañana, las organizaciones han convocado a la "Marcha por la Justicia" frente al capitolio estatal, a la que se han sumado también la Liga Anti-Difamación y Amnistía Internacional.