El Paso (Texas), 6 jul (EFE).- La vida del mexicano Humberto Leal García pende ya solo de la voluntad del Tribunal Supremo y del Gobernador de Texas, Rick Perry, los únicos con autoridad para cancelar o aplazar la ejecución del reo prevista para mañana.


Las esperanzas de Humberto Leal, por cuya vida han abogado organizaciones y gobiernos de todo el mundo, se vieron ayer mermadas cuando la Junta de Perdones del estado de Texas rechazó suspender temporalmente la ejecución, programada para mañana a las 18,00 hora local (23,00 GMT) en Huntsville.


Ahora, la decisión está en manos del Supremo, que tiene autoridad para detenerla, y del Gobernador Rick Perry, quien solo podría demorarla 30 días.


"La vida de Leal depende ya únicamente de dos instancias, y esperamos que el Supremo o el Gobernador le den la oportunidad de que Estados Unidos corrija la violación a sus derechos consulares registrada durante detención", dijo a Efe la abogada Sandra Babcock, quien trabaja a marchas forzadas para salvar de la muerte a su cliente.


Babcock expuso que con su negativa a posponer la ejecución, la Junta de Perdones ignora los argumentos del Fiscal General, y de las organizaciones, Gobiernos y líderes mundiales que han pedido clemencia.


Hace unos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió a suspender la ejecución con el argumento de que su caso debía ser revisado, dado que en el momento de su detención, en 1994, no fue notificado de su derecho a contactar a representantes del consulado de su país.


Leal, de 38 años y originario de Monterrey, Nuevo León, fue sentenciado a la pena capital por la violación y homicidio de Adra Saveda, de 16 años, el 21 de mayo de 1994 en San Antonio (Texas).


En 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a EE.UU. revisar las penas a 51 mexicanos en el corredor de la muerte, entre ellos Leal, porque se había violado su derecho a contar con asistencia consular, tal y como estipula la Convención de Viena de 1963.


El estado de Texas se ha negado a suspender las ejecuciones de extranjeros aduciendo que ninguna corte internacional puede suplantar las leyes estatales o las de Estados Unidos y el Gobierno federal no tiene autoridad para ordenar la revisión a los estados.


El 24 de julio de 2008, la CIDH determinó que el Estado violó los Artículos I, XVIII y XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre contra Leal García y otras personas, con los juicios que concluyeron con la pena de muerte.


Ahora, a falta de 24 horas para la ejecución, la abogada indicó que Estados Unidos debe cumplir con sus compromisos internacionales, y sobre todo debe dar tiempo a que el Congreso elabore una ley que ordene a los estados a cumplir con el fallo de la CIJ.


De aprobarse esta legislación, que es apoyada por el Departamento de Estado, el de Justicia, el de Seguridad Nacional, los condenados a muerte mexicanos podrán contar con una revisión de sus casos y determinar si la ausencia de notificación consular fue determinante en su condena de muerte.


Mientras tanto, Leal ha pasado las últimas horas preparándose para la posible ejecución de mañana, que será presenciada a petición propia por un grupo de amigos y su hermana Mary, según informó a Efe el portavoz del Departamento de Justicia Penal de Texas, Jason Clark.


Leal eligió hoy también el menú de la que podría ser su ultima cena, y para esta ocasión escogió tacos de carne asada, pico de gallo, un plato de pollo frito y bebida de cola.


La cena le será servida un par de horas antes de la hora fijada para la ejecución, prevista por medio de una inyección letal.