Tucson (Arizona), 21 jul (EFE).- La gobernadora de Nuevo México, Susana Martínez, mantiene firme su propósito de eliminar las licencias de conducir para los indocumentados y tras haber fracasado un intento en la pasada sesión legislativa, ahora exige que los inmigrantes comprueben que efectivamente residen en el estado.


Martínez anunció esta semana que el Departamento de Motores y Vehículos (DMV) comenzará a enviar alrededor de 10.000 cartas a inmigrantes indocumentados escogidos al azar que han obtenido licencias de conducir en las que se solicitará que comprueben que aún viven en el estado.


Las personas que reciban esta carta tendrán un periodo de 30 días para hacer una cita con DMV y presentar documentos que prueben su residencia en el estado como son recibos de servicios, estados bancarios o contratos de renta.


Si la persona no se presenta en el tiempo indicado, perderá su licencia de conducir.


Durante su campaña a la gobernación, Martínez se comprometió a terminar con una ley estatal aprobada en 2003 que permite la emisión de licencias de conducir a inmigrantes indocumentados que viven en el estado.


Nuevo México y Washington son los únicos estados del país que todavía otorgan licencias a conductores "sin papeles".


Martínez, la primera mujer hispana en ser gobernadora de Nuevo México, trató infructuosamente de poner fin a esta ley estatal durante la pasada sesión legislativa argumentando que esta práctica ha convertido al estado en un imán para inmigrantes indocumentados que llegan de otros lugares para obtener la licencia de conducir.


Activistas como Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, opinan que el anuncio de Martínez forma parte de una política contra los inmigrantes más que un esfuerzo por mejorar de seguridad pública.


"La gobernadora no ha escondido su deseo de implementar políticas antiinmigrantes tipo Arizona", dijo García hoy a Efe en entrevista telefónica.


Lamentó que la mandataria republicana, que representa un estado con el porcentaje más alto de población hispana en el país y la mayoría residente legal, esté impulsando iniciativas "antihispanas, antilatinas y antiinmigrantes".


El activista dijo que este nuevo requisito de verificar las direcciones de inmigrantes indocumentados tiene el solo objetivo de "preparar el camino" para que Martínez presente nuevamente su propuesta en contra de esta ley durante una sesión especial de la legislatura estatal que comenzará el próximo mes de septiembre.


"Este es un intento para modificar la política de Nuevo México y la legislación que actualmente existe", enfatizó el director de la organización que opera en Nuevo México y Texas.


A su juicio, negar licencias de conducir a inmigrantes indocumentados Martínez atenta contra la misma seguridad del estado, ya que éstas permiten conducir sin problemas, seguir las leyes de tránsito y comprar seguros de automóviles.


"(Martínez) Quiere que los indocumentados se vuelvan más clandestinos de lo que ya son", aseveró.


En los últimos meses el estado de Nuevo México se ha enfocado en detectar y presentar cargos en contra de aquellas personas que han abusado el sistema para obtener una licencia de conducir.


El pasado mes de marzo se presentaron cargos contra cuatro personas que cobraban 6.000 dólares para ayudar a extranjeros a obtener comprobantes de residencia en Nuevo México para obtener licencias de conducir.


En opinión del activista, las intenciones de Martínez no reflejan los deseos de los votantes de Nuevo México y solo benefician su campaña política.


Se calcula que 85.000 extranjeros cuentan con licencias de conducir de Nuevo México, de los cuales se desconoce cuántos son inmigrantes indocumentados.