Atlanta, 21 jul (EFE).- Una coalición de organizaciones civiles presentó hoy un recurso legal para detener la entrada en vigor en Alabama de la dura ley de inmigración estatal HB56 el próximo 1 de septiembre.


"La ley de Alabama no sólo es ostensiblemente inconstitucional, sino que arremete contra los valores estadounidenses al autorizar el perfil racial, disuadir a los niños de ir a la escuela y criminalizar a quienes le brindan una mano a personas consideradas como 'ilegales' por el estado de Alabama", señaló a medios Andre Segura, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU en Alabama, una de las organizaciones que lidera la batalla legal que busca detener la implementación de la ley.


La moción fue presentada hoy en un tribunal federal de Huntsville, Alabama, por la misma coalición que a principios de julio interpuso una demanda contra la ley por considerar que interfiere con leyes federales y favorece el perfil racial por parte de las autoridades locales.


Además de ACLU, forman parte de la coalición el Centro Sureño Legal contra la Pobreza (SPLC), el Sindicado de Trabajadores de Servicios (SEIU), el Centro Nacional de Ley de Inmigración (NILC), entre otras.


Representantes de ACLU señalaron que de entrar en vigor, la medida "criminalizará" a los residentes de Alabama por sus relaciones cotidianas con personas indocumentadas y que los policías serían obligados a "violar" los derechos constitucionales de los ciudadanos y de quienes no lo son por igual.


De acuerdo con los demandantes, la nueva ley es "aún mucho más restrictiva" que la ley de Arizona SB1070 en la que se "inspiró".


La HB56 autoriza a las autoridades locales a detener a una persona bajo sospecha de que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos y penaliza a quienes transporten a una persona indocumentada.


La nueva medida exige a los negocios utilizar el programa federal "E-Verify" para verificar el estatus migratorio de sus empleados y establece que estos podrían perder sus licencias si contratan a indocumentados.


Asimismo, la ley exige a las escuelas públicas del estado determinar el estatus migratorio de los estudiantes y niega el acceso a educación superior a inmigrantes indocumentados.


La ley además impide que las ciudades de Alabama puedan aprobar leyes locales en contra de que la policía haga cumplir las leyes federales de inmigración.


"Esta ley socava tanto nuestros valores centrales como estadounidenses de igualdad y justicia que es esencial que sea sopesado antes de que se permita que la ley entre en efecto", declaró Mary Bauer, directora legal de SPLC, tras la presentación de la moción para detener la entrada en vigor de la ley.


Alabama ha sido el último estado en seguir los pasos de Arizona al aprobar duras leyes contra la inmigración ilegal similares a la controvertida ley SB1070.


"Ya hemos detenido leyes aún menos opresivas en Arizona, Utah, Indiana y Georgia", indicó Segura.


Cortes federales han bloqueado hasta ahora la entrada en vigencia de las provisiones más duras de estas leyes en los estados de Arizona, Utah, Indiana y Georgia.


De acuerdo con los demandantes, la ley de Alabama viola la Cuarta Enmienda de la Constitución, al permitir registros y decomisos "ilegales" de residentes de Alabama, incluidos muchos residentes legales en el país.