Washington.- Las autoridades judiciales de Estados Unidos dijeron este jueves, 28 de julio que sentenciaron a prisión en Texas a ocho personas implicadas en un plan para comprar y traficar armas con destino a México, tras una investigación iniciada en 2010.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo hoy en un comunicado que los ocho hombres se declararon culpables, entre marzo y abril pasados, de mentir en un formulario de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por su sigla en inglés), haciéndose pasar como los verdaderos dueños de diversos tipos de armas automáticas.

En realidad, las estaban comprando para otras personas a comienzos de este año.

Los ocho sujetos fueron identificados como Juan Manuel Barrientos López, Andrés Álvarez, Armando Bravo, Rómulo Longoria, Greg Palacios, Rubén y Alan Ramírez y Michael Anthony Salazar.

Las sentencias, emitidas por el juez federal Randy Crane el miércoles en McAllen (Texas), oscilan entre 30 y 60 meses de prisión y son fruto de una investigación iniciada por ATF luego de que Álvarez comprara varios rifles de asalto AR-15 en junio de 2010.

Barrientos López, identificado como el líder de la red de contrabandistas, recibió la sentencia máxima de 60 meses en prisión tras ser responsabilizado de la compra de 38 rifles AK-47 y AR-15, y será deportado al cumplir su sentencia.

Las armas habían sido ordenadas por Barriento López, que tenía prohibida la compra o posesión de armas por su condición de inmigrante indocumentado, indicó el Departamento de Justicia.

Según la investigación, Álvarez fue contratado por Bravo, un hombre que ya tenía antecedentes penales y que, por lo tanto, bajo las leyes federales, no podía ni poseer ni comprar armas.

Bravo también contrató a Rubén Ramírez, Palacios y Longoria como compradores intermediarios, mientras que Alan Ramírez se encargó personalmente de la compra de 19 armas de fuego, indicó el documento.

Las autoridades dijeron que Bravo pagó a los intermediarios aproximadamente 200 dólares por cada una de las armas, adquiridas entre mayo y octubre de 2010 en varias armerías con licencia federal en Texas.

El Departamento de Justicia es objeto de una investigación en el Congreso de Estados Unidos por el fracaso de la operación "Rápido y Furioso" de la ATF en 2009, que permitió el trasiego ilegal de cerca de 2 mil armas a México.