Chicago, 15 ago (EFE). - Una organización de Illinois defensora de los derechos de los inmigrantes presentó una demanda colectiva contra el Departamento de Seguridad Nacional por aplicar órdenes de retención contra detenidos mientras investiga su estatus migratorio.


El Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante de la organización Heartland Alliance (NIJC) utilizó los ejemplos de dos latinos -un ciudadano estadounidense y una residente permanente- para cuestionar la constitucionalidad del uso de órdenes de retención ("retainers" en las cárceles.


José Jiménez Moreno, de 34 años, fue arrestado en marzo pasado en Rockford, Illinois, por posesión de narcóticos y luego pasó a la cárcel del condado Winnebago del mismo estado por una orden de retención de inmigración.


Por su parte, María José López, madre de tres niños ciudadanos, estaba encarcelada en una institución correccional federal de Tallahassee, Florida, y en febrero quedó en manos de ICE.


Según la demanda, Jiménez nunca fue contactado por agentes de Inmigración y además no puede ser deportado por ser ciudadano.


En el caso de López, se afirma que el delito que provocó su encarcelamiento no es causa de deportación y tampoco fue contactada por Inmigración.


En el escrito presentado el 15 de agosto en Chicago, ante una corte del Distrito Norte de Illinois, los abogados desafían la autoridad ejercida por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para ordenar a las agencias policiales federales, estatales y locales que mantengan detenidos a individuos "sin que existan bases para la custodia" y con el solo fin de "investigar su estatus migratorio y posiblemente asumir su custodia física".


Afirman que ICE "excede su autoridad" al detener individuos con propósitos civiles y viola la separación de poderes comprendida por la 10ª. Enmienda constitucional cuando solicita a autoridades estatales y locales que implementen leyes federales.


También se violaría el derecho a habeas corpus de los detenidos, establecido en las enmiendas 4ª. y 5ª, porque no se establece una causa probable antes de emitir las órdenes, no se informa a las personas que existe esa orden en su contra y no se ofrecen medios para que esas personas puedan disputar la extensión de su detención.


"Las retenciones privan a miles de hombres y mujeres de sus derechos constitucionales básicos del debido proceso", dijo hoy la directora ejecutiva de NIJC, Mary Meg McCarthy, en un comunicado.


"El uso creciente de las retenciones perjudica a ciudadanos estadounidenses, a residentes permanentes, familias y comunidades, y traiciona nuestros ideales de equidad y justicia", agregó.


Los demandantes sostienen que las órdenes de retención se han convertido en una importante herramienta policial del gobierno del presidente Barack Obama, para aumentar la cantidad de deportaciones entre inmigrantes indocumentados.


Se mencionan cifras oficiales, según las cuales ICE emitió 270.988 órdenes de retención durante el año fiscal 2009, y 201.778 en once meses del año fiscal 2010.


El 60 por ciento de los detenidos en poder de Inmigración en el año fiscal 2009 fueron personas detenidas, arrestadas o acusadas criminalmente por fuerzas policiales locales bajo el programa "Comunidades Seguras".


La demanda nombra como acusados a la Secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano; al director de ICE, John Morton, y a Ricardo Wong, director de ICE en Illinois, Indiana, Wisconsin, Misuri, Kentucky y Kansas.


Además de representar a Jiménez y López, los abogados incluyen a "todas las personas afectadas por órdenes de retención de ICE, en el presente o futuro".


Claudia Valenzuela, una de los abogados patrocinantes, dijo a Efe que el juez asignado a la causa citará próximamente a las partes para escuchar sus argumentos y decidir su acepta la demanda colectiva.