Charlotte (Carolina del Norte), 2 sep (EFE).- Un grupo en Tennessee recolecta firmas de apoyo para que la oficina del alguacil, que detuvo a una mujer mexicana embarazada y que tuvo que dar a luz con grilletes, se disculpe y pague lo antes posible la indemnización a la inmigrante.


La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (TIRRC), con sede en Nashville, capital del estado, comenzó una campaña en su página en internet para que Daron Hall, alguacil del condado Davidson, admita públicamente que sus agentes se equivocaron con Juana Villegas.


Villegas, con 9 meses de embarazo, regresaba de una consulta médica con sus tres hijos el 3 de julio de 2008, cuando el sargento de la policía de Berry Hill, Timothy Ray Coleman, la detuvo por conducir imprudentemente en Nashville.


La mujer fue arrestada por no tener licencia de conducir y porque el oficial sospechó que se encontraba en el país sin documentos.


Fue trasladada a la cárcel del condado Davidson, que opera desde abril de 2007 el controvertido programa 287g, que identifica a los indocumentados y otorga a la Policía el poder de iniciar el proceso de deportación.


En la revisión de los antecedentes de Villegas, los alguaciles descubrieron que la mujer tenía una orden de deportación de 1996 y determinaron trasladarla al centro de detención.


La pesadilla de la mexicana continúo dos días después cuando fue traslada, con las manos y pies esposadas, al Hospital General de Nashville, donde según documentos de la corte, dos alguaciles de Davidson no la dejaban ni ir al baño sin las ataduras.


Tampoco permitieron la comunicación de la mujer con su esposo y sólo quitaron las esposas un poco antes de dar a luz al pequeño Gael, ahora de 3 años.


La mujer sufrió dolores de pecho intensos porque los carceleros inclusive no dejaron que se sacara la leche materna para alimentar al recién nacido.


En abril de este año, una corte de distrito de Tennessee dictaminó que el trato dado a la inmigrante fue ilegal e inconstitucional.


El pasado 15 de agosto, un jurado determinó que la oficina del alguacil Hall debía indemnizar con 200.000 dólares de los 1,2 millón de dólares solicitados por la inmigrante Villegas por haber sufrido un trato inhumano mientras daba a luz estando en su custodia.


"Aunque consideramos que la decisión del jurado fue una victoria en este caso, es una vergüenza lo que pasó con Juana. El alguacil Hall debe disculpares públicamente, para que no vuelva a ocurrir esto con otra persona", afirmó a Efe Leticia Álvarez, organizadora comunitaria de TIRRC.


TIRRC realizó los trámites para la contratación del abogado Elliotte Ozment, que llevó el caso de Villegas, puso a su disposición asistencia médica y psicológica e involucró a las autoridades del Consulado de México en Atlanta (Georgia).


Lo que sucedió con Villegas, ahora de 33 años, capturó la atención de medios nacionales y cuestionó las políticas del trato de mujeres embarazadas encarceladas en Nashville, las cuales fueron cambiadas posteriormente.


"Lo que pasó no representa lo que somos en Nashville", comentó a los medios Karl Dean, alcalde de la ciudad, al conocer el veredicto de la demanda civil.


Según Álvarez, otro triunfo conseguido tras el veredicto de Villegas fue que se logró sentar en el "banquillos de los acusados" a Hall, que para organizaciones como TIRRC, ha abusado de su poder al procesar por el 287g a una gran cantidad de inmigrantes y puesto en deportación a indocumentados por infracciones menores, como pescar sin licencia.


"Era la única manera de sentar un precedente", enfatizó Álvarez, "buscamos con esta campaña que toda la comunidad participe, con su apoyo mandaremos un mensaje claro a las otras agencias del orden, que estaremos pendientes de sus acciones".


"Hay que dejarle saber a Hall que no permitiremos que un oficial electo encadene a una mujer embarazada y rehúse a aceptar responsabilidad", acotó.


La oficina de Hall apeló la decisión del jurado, que durante el juicio fue instruido a no tomar en consideración el estatus migratorio de la demandante.


"Francamente, no creo que ella fue tratada de forma inadecuada o sin apego a la Constitución", declaró el alguacil a los medios.


La activista comunitaria comentó a Efe que Villegas desea las disculpas del alguacil, para cerrar este capítulo amargo en su vida que todavía continúa pero desde otro frente, conseguir arreglar su situación migratoria en el país.


Los abogados de Villegas han introducido una petición a inmigración para que conceda una visa U de víctima de crimen.


Además, esperan que la decisión del Gobierno de cambiar las directrices de su política de deportación, dar prioridad a la expulsión de inmigrante con delitos graves y de revisar "caso por caso" las órdenes de deportación de 300.000 personas, puedan favorecer a esta madre en Tennessee.