Buenos Aires, 25 dic (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) levantó las medidas cautelares impuestas en las cárceles de la provincia argentina de Mendoza en 2004, según informó hoy el Gobierno del país suramericano, que celebró la resolución.


Las medidas habían sido establecidas para "superar el estado de emergencia en que se encontraba el sistema penitenciario" de Mendoza, vecina a Chile, "que fueron paulatinamente implementadas bajo la supervisión de la Corte Interamericana", precisó un comunicado de la Cancillería argentina.


El Gobierno de Mendoza (mil kilómetros al oeste de Buenos Aires) se comprometió en 2004 a mejorar el estado de detención en la cárceles de esa provincia, donde murieron 16 presos ese año, en medio de condiciones "infrahumanas" e "inaceptables", estableció en ese momento una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


La CIDH, la entidad autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), envió el caso a la Corte, que puede expedir medidas provisionales en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas.


Las medidas provisionales dispuestas en 2004 incluyeron mejoras de control, separación de los internos encausados y los condenados, y el pedido de que se realicen "investigaciones serias, completas y ágiles con relación a los actos de violencia" producidos en esos centros.


"Dicho proceso logró mejorar sustancialmente las condiciones de alojamiento de los recluidos en los establecimientos penitenciarios alcanzados por las medidas, incluyendo la puesta en servicio de un nuevo penal, la demolición de pabellones obsoletos, la modernización del servicio y la adopción de medidas tendentes a garantizar los derechos de los presos", indicó la Cancillería argentina.


Sin embargo, la Comisión Interamericana señaló que a pesar de que las medidas se iniciaron en 2004, hasta hace un año todavía se registraban violaciones de los derechos humanos y "aún no es posible concluir que la situación se ha extinguido".


La evaluación de la CIDH se produjo el pasado 17 de noviembre durante una audiencia en Quito, en la que el Gobierno argentino pidió a la CorteIDH que levantara las medidas cautelares, algo que rechazaron los representantes de los presos.


Para los abogados de los prisioneros, la formación de los guardas es aún insuficiente y el personal penitenciario "sigue quejándose por sus funciones y porque la capacitación es escasa", dijo el letrado Carlos Varela en aquella oportunidad.