SAN DIEGO.- Con lágrimas en los ojos, la madre de Anastasio Hernández Rojas, inmigrante asesinado hace dos años en esta frontera, exigió este jueves, una rendición de cuentas por parte del gobierno de los Estados Unidos a la muerte de su hijo.

Por tal motivo, esta mañana se envió una carta firmada por decenas de asociaciones civiles de todo el país y dirigida al presidente Barack Obama, en la cual, se exige una investigación transparente en el caso que hasta la fecha continúa impune.

La señora que viajó desde San Luis Potosí dejó claro que no descansará hasta que los oficiales involucrados en la muerte de su hijo sean castigados.

"No se llena el vacío de la muerte de mi hijo, matarlo les tomó segundos pero para dar respuestas ya van dos años y no tenemos nada, exijo justicia", dijo Rojas.

Activistas y familiares del mexicano, se reunieron a las afueras de la Fiscalía Federal de San Diego, agencia que envió el caso al Departamento de Justicia en Washington donde parece, haber quedado en el olvido.

El pasado 20 de abril, un programa de la cadena PBS mostró a nivel nacional un video nunca antes visto, donde se observa claramente, cómo doce agentes propinaron una brutal golpiza a Anastasio Hernández, misma que terminó con su vida.

Las imágenes que parecen hablar por sí solas, parecen no haber causado ningún efecto en las autoridades involucradas en el caso, pues a pesar de las pruebas fehacientes, no se ha tenido ningún avance en la investigación.

"Tienen pruebas muy claras, no sé qué más quieren", denunció María Puga, viuda de Hernández Rojas y madre de sus cinco hijos, ahora de 22, 20, 13 y gemelos de seis años.

"Anastasio era un padre, un hijo, un hermano, lo extrañamos mucho, nos hace mucha falta, no es justo que lloremos su muerte mientras los culpables siguen trabajando", agregó.

De acuerdo a activistas locales, lo más preocupante es que el caso de Anastasio se suma a otros ocho incidentes de uso excesivo de la fuerza en la frontera de México y Estados Unidos.

De 2010 a la fecha, se tiene registro de la muerte de Jorge Solís, Sergio Adrián Hernández, Jesús Enrique Castro Romo, Ramsés Barrón, Roberto Pérez, Carlos Lamadrid, José Gutierrez y José Alfredo Yañez, cuatro de ellas en Arizona, dos en San Diego, una en Nogales y otra en Ciudad Juárez, todas ellas, en la impunidad.

"La agencia más grande del país no puede operar por encima de la ley", declaró Christian Ramírez, director de la Coalición de Comunidades al Sur de la Frontera, en relación a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que cuenta con más de 20 mil agentes. "Las personas que estén detrás de este crimen tienen que ser castigadas'.

Tras la presión de grupos activistas y miembros de la comunidad en la frontera, el pasado martes, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó al gobierno federal a facilitar y cooperar con la investigación de las muertes violentas ocurridas en los últimos años.

"Se ha llegado a instancias internacionales que han escuchado a las comunidades fronterizas", consideró Pedro Ríos, presidente del Comité de Amigos Americanos.

Sobre el reciente viaje que se hizo a Washington para entrevistarse con congresistas, dijo que los resultados fueron positivos pues recibieron el apoyo de políticos que anteriormente no lo habían hecho.

alexandra.mendoza@sandiegored.com