Aunque los números parecen altos, la Secretaría de la Defensa Nacional respondió sólo por el 6% de las quejas presentadas a la CNDH en 2011, establece el reporte del TBI. Muchas de las quejas contra personal militar y otras agencias se resolvieron a través de conciliaciones y sólo un pequeño porcentaje se examinó con profundidad.

En Baja California el ejército ha recibido un gran apoyo de parte de empresarios y líderes de gobierno quienes atribuyen el descenso en crímenes violentos a los esfuerzos militares aunque muchos analistas dicen que los cambios se deben al creciente control del Cartel de Sinaloa sobre el tráfico de drogas en la región.

Las recomendaciones del TBI vienen pisándole los talones a una gran cantidad de reportes presentados en los últimos años en donde se detallan supuestos abusos cometidos por soldados mexicanos. El nuevo informe "es el primero en salir después de la victoria de Peña Nieto e intenta establecer un marco para deliberar cómo vamos a abordar los abusos a los derechos humanos por parte del ejército", dijo David Shirk, el director del Instituto y uno de los autores del informe.

El presidente electo ha dicho que una de sus prioridades será reducir la violencia y llamó a establecer una gendarmería nacional, una fuerza paramilitar que sería desplegada a las zonas donde las fuerzas policiacas son débiles. Su equipo de transición "no ha explicado en términos claros qué estrategia seguirá y cómo será esa fuerza realmente" añadió Shirk.

En una entrevista con el Washington Post a inicios de mes, Peña Nieto habló de "asegurar que las fuerzas de seguridad cumplan con las leyes que protegen los derechos humanos. Y los casos donde ha habido evidencia de una violación, que son casos aislados, deberán ser adjudicados por nuestros tribunales para determinar si las violaciones a los derechos humanos ocurrieron realmente".

El informe sugiere que la manera en que Peña Nieto maneje esos casos como presidente será analizada, señalando además que cuando fue Gobernador del Estado de México en el 2006, las fuerzas policiacas fueron acusadas de violar a 11 mujeres en Atenco.

Grupos defensores de los derechos humanos celebraron el año pasado cuando la Suprema Corte mexicana decretó que los militares acusados de violaciones a los derechos humanos podían ser enjuiciados en tribunales civiles, algo a lo que el ejército se había negado por años.

Nota original: Sandra Dibble. sandra.dibble@utsandiego.com

Traducción: Karen.Balderas@sandiegored.com