TUCSON.- Víctimas y sobrevivientes del ataque a tiros en contra de la excongresista de Arizona Gabrielle Giffords aseguraron que hoy se hizo justicia después que el atacante se declarara culpable de los hechos en la Corte Federal en Tucson.

El autor de los disparos, Jared Lee Loughner, se declaró culpable de 19 cargos por el ataque en contra de Giffords, quien recibió un disparo en la cabeza el 8 de enero de 2011 durante una reunión pública en un centro comercial.

Como parte del acuerdo, el acusado enfrenta siete sentencias de cadena perpetua en una prisión sin posibilidad de salir libre, evitando así la pena de muerte.

La sentencia a Lee Loughner, que será dictada el próximo 15 de noviembre, podría incluir además 140 años adicionales.

"No hay un día en el que no piense en las víctimas y las personas que murieron ese día, las familias que perdieron a sus seres queridos y otros que fueron heridos. Lo que pasó ese terrible día no nos define a nosotros como comunidad", dijo el congresista demócrata Ron Barber en conferencia de prensa en el exterior de la corte federal en Tucson.

Barber, recibió dos impactos de bala durante el ataque, trabajaba entonces en la oficina de Giffords y fue elegido el pasado mes de junio en una elección especial para ocupar el puesto de la excongresista después que esta anunciara su retiro.

"Hoy se hizo justicia. Para mí es importante que este individuo (Loughner) no vuelva a causar daño a nadie más. Tengo la esperanza de que éste será el resultado del acuerdo del día de hoy", dijo Barber.

Suzie Heilman, la mujer que llevó a la reunión pública a la niña de 9 años Christina Taylor, quien falleció en el ataque, dijo que estas tragedias desafortunadamente continúan pasando.

"No es una solución perfecta, la solución perfecta es una que no podemos tener, no podemos traer de regreso a Christina", dijo Heilman.

Por su parte, Pam Simon, quien también trabajaba en la oficina de Giffords y resultó herida, dijo que estos últimos 18 meses han sido difíciles no solo para los sobrevivientes, sino para toda la comunidad.

"El dolor, el coraje, afectan a toda la comunidad, solo espero que la decisión de hoy traiga paz para todos", dijo Simon.

La sobreviviente del ataque hizo un llamamiento a la comunidad para iniciar una discusión razonable sobre quién debe de portar armas.

"Creo que todos estamos de acuerdo que individuos con un récord criminal no deben de portar armas", dijo Simon, que agregó que una iniciativa con esta propuesta será presentada próximamente ante el concilio de la ciudad de Tucson.

Mike Piccarreta, abogado que representa a la familia del juez federal John Roll, muerto durante el ataque, dijo a Efe que sus clientes consideran que una sentencia de vida en prisión es adecuada en este caso.

"Cuando una persona mentalmente enferma, tomando medicamentos, se le permite comprar armas, algo está mal y si no se hace algo, estas tragedias pasarán una vez y otra vez", dijo Piccarreta.

Por su parte, John S. Leonardo, procurador de Justicia de EE.UU. en Arizona, dijo que respeta las opiniones de todos, incluyendo aquellos que consideraban que la pena de muerte era el mejor castigo para Loughner de 23 años de edad.

"Tomando en cuenta la historia de enfermedad mental, este acuerdo, que requiere que el acusado pase toda su vida en prisión, es una justa y apropiada solución a este caso", dijo Leonardo en la misma conferencia de prensa.

"Espero que esta resolución ayude a las víctimas, sus familiares y la comunidad de Tucson para seguir adelante", enfatizó.

En la corte federal estuvo presente también Daniel Hernández, el hispano considerado como un héroe por haber ayudado a salvar la vida de Giffords proporcionándole los primeros auxilios después del ataque, aunque el hispano no quiso hacer comentarios.

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