SAN DIEGO.- Familiares de fallecidos o heridos por la Patrulla Fronteriza viajarán el próximo lunes a Washington para reunirse con legisladores y exigir justicia ante casos de uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes.

De acuerdo con información de la Coalición de Comunidades al Sur de la Frontera, en los últimos dos años se reportaron 20 muertes de inmigrantes en la frontera y en ninguno de estos casos se conocen sanciones a los agentes involucrados.

Una delegación de casi 200 activistas y familiares de víctimas viajarán del 25 al 28 de febrero a Washington para reunirse con miembros del Senado y la Cámara Baja.

Su objetivo es que dentro de la reforma migratoria se incluyan políticas que garanticen el respeto a los derechos humanos en la frontera, explicó el director del Comité de Amigos Americanos, Pedro Ríos.

"Hay algunas propuestas de aumentar el tipo de recursos y queremos dar a conocer que eso solamente ha traído más tragedias y violencia", enfatizó

Además de ello, se exigirán respuestas en todos estos casos y una propuesta que garantice el respeto a los derechos humanos.

Familiares de cuatro víctimas participarán este viernes en una protesta en la garita de San Ysidro, a unos pasos de donde falleciera Anastasio Hernández Rojas hace tres años.

También participarán familiares de Carlos Lamadrid, quién murió tras recibir tres disparos por parte de agentes, y José Gutiérrez, quien recibió electrochoques y fue golpeado y cayó en coma en marzo de 2011 en el puerto de entrada de San Luis, en Arizona.

El caso más reciente es el de Valeria Tachiquín Alvarado, quién recibió nueve impactos de bala por un oficial de la Patrulla Fronteriza el 28 de septiembre de 2012 en la comunidad de Chula Vista, en el Condado de San Diego.

Su padre, Valentín Tachiquín, señaló que no han tenido ninguna respuesta por parte del Departamento de Seguridad Interna sobre la muerte de su hija, quien era ciudadana estadounidense.

Tachiquín señaló que presentaron demandas contra la dependencia y el oficial que abrió fuego sobre su hija, y que ya tenía antecedentes de conducta inapropiada.

"Hemos perdido un ser querido y no vemos ningún avance por parte de las autoridades, exigimos una aclaración clara y concisa", declaró.

Por su parte, Guadalupe Guerrero, madre de Carlos Lamadrid, coincidió en que ya es momento de que el Gobierno federal haga caso al reclamo por parte de las comunidades fronterizas.

"No estamos solos, estamos unidos y lo único que pedimos es justicia", dijo la madre, visiblemente conmovida y quien dijo que exigirá que los responsables sean juzgados "como cualquier civil" y no gocen de ningún tipo de inmunidad.

Shena Gutierrez, esposa de José Gutierrez, quién fue atacado por agentes con una pistola de descarga cuando éste se resistía al arresto, señaló que su pareja nunca pudo recuperarse completamente de lo sucedido en 2011.

"Ahora está mejor, puede moverse, puede caminar, antes no podía hablar, pero le dan convulsiones, antes de esto no tenía ningún problema de salud, ahora no puede oler, no puede doblar la rodilla, tiene dolores de cabeza, se le olvidan las cosas", denunció.

Gutierrez, que recordó cómo tras el incidente las autoridades federales buscaron deportarlo cuando estaba en coma, exige respuestas.

"Somos muchas las familias, esto pasa seguido y cada vez que pasa es lo mismo, no hay justicia", denunció. "Cada vez que preguntamos es lo mismo, dicen que el caso está bajo investigación y no dan ninguna explicación".

De los 20 incidentes por parte de Patrulla Fronteriza, el único que ha mostrado algún avance en las investigaciones es el de Anastasio Hernández Rojas, quien murió en mayo de 2010 víctima de una golpiza por parte de una docena de agentes, que lo atacaron a pesar de que éste no mostró ninguna resistencia.

El caso, que se encuentra documentado en dos vídeos tomados por testigos, está siendo investigado por un gran jurado en Washington y los activistas esperan que deje un precedente.

A pesar de ello, su madre, María de la Luz Rojas, exigió que todos los responsables sean llevados a la justicia por la vía penal.

"Queremos que nos den a conocer los avances de las investigaciones, porque fue una pérdida humana, no se puede pagar con nada la vida de mi hijo", recalcó.

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