San Diego

Filner presiona por eficacia en la frontera y la reforma migratoria

Une esfuerzos con grupos cívicos de la frontera

WASHINGTON.- Líderes de grupos cívicos y de la frontera sur de EE.UU. mantienen la presión sobre el Congreso para que apruebe una reforma migratoria integral, en víspera del debate formal de la iniciativa en el pleno del Senado.

Durante una conferencia telefónica organizado por la campaña "CAMBIO", el alcalde de San Diego (California), Bob Filner, y representantes de grupos cívicos instaron al Senado a que apruebe una reforma migratoria que tome en cuenta el debido proceso y los derechos civiles de los inmigrantes.

Filner argumentó que el principal problema en la frontera no es la seguridad sino las "deficiencias" que causan demoras y pérdidas de hasta 6.000 millones de dólares anuales a la economía de la región.

"Comparado con hace una década, la región está más segura ahora... la gente no se siente amenazada como antes. Nuestra preocupación en San Diego es la eficacia (del manejo) de los cruces legales", dijo Filner, al destacar que 32 estados tienen comercio bilateral con México.

Preguntado por Efe sobre las exigencias republicanas para reforzar la vigilancia fronteriza, Filner afirmó que "los conservadores no quieren ninguna vía para la legalización", aunque reconoció que los grupos pro-reforma no han sido eficaces "al argumentar que ése no es el principal asunto".

La "número dos" de la oficina del alguacil en El Paso (Texas), Sylvia Aguilar, afirmó que las ciudades fronterizas "figuran entre las más seguras de EE.UU", y que el Congreso debe exigir cuentas a las agencias que vigilan la frontera.

Horas antes de que el pleno del Senado inicie el debate formal de la reforma migratoria mañana, el presidente Barack Obama sostendrá un encuentro en la Casa Blanca con líderes de todos los sectores de la sociedad civil para dar otro empujón a la iniciativa.

El acto contará con la asistencia de una "diversa coalición bipartidista" de líderes empresariales, sindicalistas, policiales, y de las comunidades de fe.

El sábado, durante su discurso radiofónico y por internet, Obama pidió la ayuda de la opinión pública para que el Congreso apruebe lo que consideró como un plan reformista de "sentido común".

Otros grupos pro-reforma han organizado diversos eventos en Washington y otros estados esta semana para promover los beneficios de la iniciativa.

El pleno del Senado realizará mañana dos votos clave para arrancar el debate del proyecto de ley migratorio que aprobó el pasado 21 de mayo el Comité Judicial de la Cámara Alta.

La medida será sometida a un debate y voto de hasta 500 enmiendas, con el objetivo de votarla antes del receso legislativo del próximo 4 de julio.

La versión del Senado establece, entre otros elementos, el reforzamiento de la seguridad fronteriza; un período de 13 años para la legalización y eventual ciudadanía de los indocumentados; sanciones para empresas que a sabiendas contraten a trabajadores "sin papeles", y aumento de visas para extranjeros con altas destrezas laborales y para trabajadores agrícolas.

Uno de los principales puntos de discordia gira en torno a la vigilancia fronteriza: en general, los republicanos insisten en supeditar la legalización al "control operacional" casi absoluto de la frontera.

Aunque el grupo negociador de la Cámara de Representantes aún no ha presentado su propia versión de la reforma -no se sabe si será una sola y de amplio alcance, en vez de medidas separadas-, el presidente de ese órgano legislativo, el republicano John Boehner, sopesa en privado una "hoja de ruta" para debatirla.

Según fuentes legislativas, Boehner quiere que el Comité Judicial de la Cámara Baja complete su debate de la medida para antes del 4 de julio, y que ésta se someta a un voto antes del receso legislativo de agosto próximo.

En un comunicado, el director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, Ali Noorani, calificó de "alentador" que Boehner fije esa meta porque, aseguró, es "urgente" una reforma que corrija el sistema migratorio.

Las dos versiones de la reforma tienen que ser armonizadas en un proceso bicameral que produzca un solo texto definitivo y éste sea aprobado por ambas cámaras para convertirse en ley.

Si el Congreso la aprueba, sería la mayor reforma migratoria desde la de 1986 que legalizó a tres millones de indocumentados. La reforma migratoria fracasó en 2007 en medio de pugnas partidistas, algunas de las cuales han vuelto a repetirse este año.

Editorial@sandiegored.com

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