Denver, 18 ene (EFE).- Dos de las principales organizaciones pro-inmigrantes de Colorado pidieron hoy que el gobierno estatal modifique el acuerdo recientemente firmado con las autoridades federales para poner en marcha "Comunidades Seguras" en este estado.


Según la Coalición de Colorado por los Derechos de los Inmigrantes (CIRC, en inglés) y el Concilio Laboral para el Progreso de Latinoamericanos (LCLAA), el acuerdo que el ex gobernador Bill Ritter firmó a principios de este mes carece de la especificidad necesaria en cuanto a exclusiones y crímenes.


Ritter, que dejó su cargo el pasado 11 de enero, firmó el acuerdo con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) una semana antes para que Comunidades Seguras comience a operar en tres condados de Colorado y eventualmente se extienda a todo el estado.


El programa requiere la colaboración de la cárceles y departamentos de policía locales con ICE para identificar y deportar a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales.


Cuando las autoridades locales arrestan a una persona y se sospecha que se trata de un extranjero, deben enviar electrónicamente las huellas digitales del detenido al FBI y al ICE para verificar la identidad, el estatus migratorio y los antecedentes de esa persona.


Dependiendo del caso, ICE puede iniciar el proceso de deportación del arrestado.


En su comunicado, CIRC y LCLAA afirman que Ritter adoptó Comunidades Seguras por decreto sin haber obtenido las modificaciones que había negociado desde abril del 2010. Por eso, ambos grupos piden que el nuevo gobernador, John Hickenlooper, renegocie y clarifique ese acuerdo.


Ritter había pedido que se excluya del programa a las víctimas de violencia doméstica y que Comunidades Seguras se utilice sólo en los casos de delitos graves.


Pero, según los grupos pro-inmigrantes, "el decreto de Ritter carece del vocabulario específico para proteger a las víctimas de violencia doméstica", que, por eso, podrían dejar de reportar su situación.


Además, según CIRC, el acuerdo no incluye la palabra "serios" antes de "crímenes", por lo que "numerosos inmigrantes arrestados por Comunidades Seguras podría ser deportados a pesar de no haber cometido ningún crimen o de haber cometido sólo delitos menores".


Tanto CIRC como LCLAA se comprometieron "a exigir que los funcionarios públicos estatales modifiquen el vocabulario del acuerdo sobre Comunidades Seguras hasta que no exista ambigüedad sobre la protección de víctimas de violencia doméstica" y "hasta que se especifiquen claramente las opciones que tienen las jurisdicciones que no quieren participar del programa".


Por el momento, la oficina del gobernador Hickenlooper no ha respondido públicamente al pedido.


Comunidades Seguras ya se ha implementado en 37 estados y el programa se expandirá a todo el país antes de que termine el 2013.