PHOENIX.- Tras tres años de existencia, la controvertida ley estatal SB1070 en Arizona continúa provocando detenciones y deportaciones de indocumentados y la legalización del perfil racial en Arizona, acuerdo a activistas.

"Nuestras familias viven en terror desde que se aprobó la SB1070. Los que salen a trabajar no saben si van a regresar, los niños están teniendo problemas también por miedo de que pueden perder a sus padres en cualquier momento. Creo que ése ha sido el legado de esta ley: el terror y el pánico", aseguro a Efe María Eugenia Carrasco, promotora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona con base en Tucson.

Al entrar en vigor el 29 de julio de 2010, esta ley se convirtió en la primera legislación en criminalizar la presencia de los inmigrantes indocumentados y hacer del estado en el epicentro del tema migratorio.

Sin embargo, un día antes, la juez federal Susan Bolton suspendió temporalmente algunas de las secciones más controvertidas de la SB1070.

Tras una larga lucha legal entre el Gobierno Federal y el estado de Arizona que llegó hasta la Corte Suprema federal, el máximo tribunal eliminó varias partes de la SB1070, pero mantuvo con vida la sección 2(b), que autoriza a los departamentos policiales en todo el estado a cuestionar el estatus migratorio de las personas que "sospechen" de no tener "papeles".

"La policía todos los días esta parando gente, hay gente que nos llama y nos dicen que los están parando con cualquier excusa y entregarlos a la Patrulla Fronteriza", dijo la activista.

Aseguró que, debido a esta cooperación entre las agencias del orden, la comunidad inmigrante ha perdido toda la confianza en la policía.

En Phoenix, donde los inmigrantes han sido el blanco de los continuos operativos del alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, grupos como Puente se han dedicado a tratar de evitar las deportaciones y han buscado el apoyo de la comunidad a través de campañas públicas.

"La SB1070 ha destruido a nuestra comunidad, y creo que de esto no solo son responsables los políticos en Arizona que la aprobaron como (la gobernadora, Jan Brewer), sino también el presidente, Barack Obama, por permitir que siga la cooperación entre agencias, que continua provocando la separación de familias", dijo a Efe Carlos García, representante de Puente, quienes preparan para el lunes una marcha en contra de la ley.

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