Al gobernador de California, Jerry Brown, le ha llegado a su escritorio un pendiente que, de seguro, generará bastantes comentarios en los portales de noticias y redes sociales: ¿le permitirá a residentes legales, pero no ciudadanos, formar partes de jurados?

Actualmente, la ley sólo le permite a ciudadanos estadounidenses formar parte de jurados. La medida cambiaría eso, y le dará la oportunidad a quienes no son ciudadanos, pero sí son residentes legales permanentes. La ley no contempla para nada darle ese derecho a inmigrantes indocumentados.

La propuesta de ley viene de la legislatura estatal, impulsada por el asambleísta Bob Wieckowski, Demócrata representando Fremont, quien dice que los no-ciudadanos tomarían sus responsabilidades en serio y seguirán las instrucciones de un juez sobre cómo tomar las decisiones de acuerdo a la ley, igual que cualquier ciudadano.

"Los estamos educando sobre la libertad", dijo.

Sospechosos todavía disfrutarán del derecho de ser juzgados por sus iguales, dijo Wieckowski.

"Los inmigrantes son nuestros amigos. Inmigrantes son nuestros vecinos, son nuestros compañeros de trabajo y los inmigrantes son nuestra familia. Son parte del tejido de nuestra comunidad", dijo.

La propuesta de ley tiene sus oponentes claro, y es vista como una amenaza a la premisa fundamental de que, quienes determinan el destino de un sospechoso, generalmente deberían de entender los principios de justicia americanos, así como considerarla también como una vuelta atrás para el derecho básico de ser juzgado por tus iguales.

Del otro lado, quienes apoyan la medida argumentan que esto sería una señal de una sociedad más inclusiva, y que prohibirles su participación sería una forma de discriminación.

El gobernador Brown no ha tomado una postura en cuanto a la Iniciativa de Ley de la Asamblea 1401, pero partidarios de la ley ven con buenos ojos el hecho de que él previamente había firmado a favor de una ley que le permitía a residentes legales permanentes trabajar en casillas electorales.

El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, estima que hay aproximadamente 3.4 millones de residentes permanentes legales en California durante el 2012, lo que representa poco menos del 10 por ciento de la población en general.

California se convertiría en el primer estado en EE.UU que les permita a los no ciudadanos fungir como jurados si es que el gobernador Brown firma y publica la ley.

El asambleísta Rocky Chávez, Republicano de Oceanside, ha sido uno de los oponentes más vocales de la ley, atacándola fuertemente en el pleno de la legislatura e intentando atraer a los medios.

"Creo que los ciudadanos de California no están realmente enterados de esto," dijo Chávez.

Estableció como argumento clave en contra a las diferencias culturales, usando como un ejemplo el hecho de que en algunos países, el abuso doméstico es aceptable.

"No en todas partes uno es inocente hasta demostrar lo contrario. A veces es culpable hasta demostrar la inocencia", dijo Chávez en una entrevista. "Nos enseñan que debemos de cuestionar la autoridad. En algunas culturas, les enseñan a simplemente obedecerla."

Durante el debate en el pleno, quienes apoyaron la medida recordaron que no ciudadanos pueden ya pueden ser tanto testigos como abogados durante un juicio, y que antes se les prohibían a mayores de 60 años, mujeres, homosexuales y otras minorías participar también.

"Siempre buscamos formas de hacer que nuestra sociedad sea más democrática e inclusiva", Wieckowski dijo después.

El asambleísta Chávez dijo que sigue sin estar convencido. Mencionó que a nivel estatal, alrededor de 6 millones de ciudadanos son llamados a participar cada años, pero sólo 165, 000 son elegidos.

"¿Cuál es la necesidad para esta ley?" preguntó. "No veo el problema."

De acuerdo al Condado de San Diego, durante el 2010-11, se hicieron 817,000 llamados a servir en jurados, de los cuales 14 mil terminaron fungiendo como tal finalmente, sin que haya un problema de falta de jurados.

La legislación fue aprobada por la Asamblea con 48 votos a favor y 28 en contra, sin apoyo algún de los Republicanos. Fue aprobado por el Senado con un margen de 25 a 11, otra vez, sin votos del GOP. Todos los Demócratas de San Diego votaron a favor de ella, mientras que todos los Republicanos se opusieron. Sólo faltaría la firma del gobernador.

*Información de Michael Gardner de U-T San Diego.

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