Los Ángeles.- Con la llegada del nuevo año el estado de California estrenará un nuevo paquete de medidas, muchas de las cuales beneficiarán a los inmigrantes y trabajadores menos favorecidos, y protegerán sus derechos civiles.

Medidas como la obligación de pagar horas extras a las trabajadoras del hogar, la restricción a las agencias de control para derivar detenidos a las autoridades de inmigración, y estipular como delito que un empleador amenace a un trabajador indocumentado con denunciarlo significan importantes cambios en California.

"Hay nuevas leyes que favorecen a los inmigrante, pero la comunidad tiene que conocerlas para que se pueda defender", señaló a Efe Gloria Saucedo, la directora de Hermandad Mexicana, una organización no lucrativa que trabaja para educar a los hispanos sobre sus derechos.

La medida AB4, del asambleísta demócrata de San Francisco Tom Ammiano, conocida como Acta de Confianza, es una de las que más expectativa genera al restringir las detenciones que los agentes locales hagan a los indocumentados con el fin de remitirlos a las autoridades de inmigración.

De esta manera, si un inmigrante indocumentado es arrestado por un cargo menor, pero susceptible de ser dejado en libertad, las autoridades no podrán detenerlo por un período adicional de tiempo para ser investigado o transferido a las autoridades de inmigración.

"Ya no habrá más personas indocumentadas en las sombras. Ellas están vivas, bien y respetadas en el estado de California", aseguró el gobernador Jerry Brown, al firmar la ley.

Otra medida en la que California marca la pauta en el país, junto con Nueva York y Hawaii, es la AB 241, la llamada Carta de Derechos de los Trabajadores Domésticos, y que fue promovida también por Ammiano, junto al senador demócrata Kevin de León (D-22), cuya madre trabajó limpiando casas.

La firma de la medida, lograda al cabo de ocho años de lucha por parte de organizaciones de defensa de los derechos de inmigrantes, establece el pago de horas extras para las trabajadoras del hogar que cuidan regularmente de otras personas y que trabajen más de nueve horas diarias o 45 horas a la semana.

Por otro lado, la ley SB 666, propulsada por el senador demócrata de Sacramento Darrell Steinberg, establece como delito grave para un empleador que amenace con denunciar a un trabajador indocumentado a las autoridades de inmigración, norma que ha generado un cierto escepticismo sobre su aplicación.

Ese es el caso de Jaime, un trabajador indocumentado de un centro de lavado de autos del Condado de Los Ángeles, que prefirió no dar su apellido, y quien en general piensa que las cosas para él no cambiarán mucho.

"Aquí todo va a seguir igual. No nos van a pagar horas extras ni nos van a dar descansos como mandan las leyes y si no quejamos nos van a despedir", comentó a Efe el "lavacoches" nacido en Guatemala.

La identidad sexual es otro de los aspectos reconocidos en las nuevas normativas que entrarán en vigor a partir del 1 de enero, como es el caso de la ley que permite que cualquier alumno de los centros educativos públicos del estado utilice los baños de las escuelas y participe en los equipos deportivos con los que se sienta más identificado según su identidad de género.

Esta norma, que aplica a todos los estudiantes de las escuelas públicas de California, entre ellos el 52,7% de alumnos hispanos, ya enfrenta un proceso de referéndum en contra.

Gloria Saucedo destacó también la ley que permite que una persona víctima de violencia doméstica que deba mudarse de su vivienda, no será reportada a las organizaciones de crédito ni tendrá que pagar una multa por finalizar su contrato antes de lo previsto.

La norma SB 400 busca a su vez proteger la estabilidad laboral de las víctimas de violencia doméstica, asalto sexual o acecho, y que se ven obligadas a suspender temporalmente su trabajo, siempre y cuando cumplan con algunos requisitos básicos como avisar al empleado y comprobar las denuncias.

El nuevo grupo de leyes ha suscitado opiniones encontradas, y a las voces pesimistas como las Jaime, quien cree que él y el resto de inmigrantes no forman parte "de los trabajadores con derechos en este país", se contraponen opiniones como las de Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros.

En un reciente comunicado de la organización, Alvarado afirmó que algunas de las nuevas leyes "marcan un cambio en el péndulo, lejos de la criminalización de los inmigrantes".

A favor o en contra, Saucedo recalcó que "es muy importante que la comunidad sepa que tiene recursos, muchos de ellos gratuitos, para acudir a organizaciones que defienden sus derechos civiles o legales".

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