TIJUANA.- En sesión extraordinaria, el Cabildo de la ciudad aprobó de manera unánime, un punto de acuerdo en el cual se estipula realizar un nuevo estudio para determinar las necesidades reales de una ampliación al servicio de transporte público en la ruta denominada ‘Corredor 2000-Hacienda Los Venados-Hacienda Las Delicias’, con relación a la anuencia otorgada en el mes de julio de 2013 a la empresa Altisa, para cubrir dicho trayecto.

En el documento presentado por el secretario de Gobierno, Bernardo Padilla Muñoz, estipula en primera instancia, la devolución del dictamen técnico en el cual se otorga la concesión provisional a favor de Altisa, a la Dirección Municipal de Transporte Público, para revisar las condiciones de operatividad y demanda de servicio requerido en el tramo antes mencionado, de manera que se pueda determinar la viabilidad para brindar este servicio, sin afectar a los usuarios.

El punto de acuerdo también contempla dejar sin efectos el oficio con el cual se dio facultad a Altisa de cubrir esta ruta, por lo que la empresa transportista deberá suspender su servicio —únicamente en la ruta ‘Corredor 2000-Hacienda Los Venados-Hacienda Las Delicias’—, hasta que la Dirección Municipal de Transporte Público dictamine si el aumento de cobertura en esta prestación es necesario.

Continuando con la orden del día, el regidor presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Felipe Ledezma Gil, presentó un acuerdo -aprobado por unanimidad- en el cual se exhorta al Congreso del Estado de Baja California, particularmente a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California (Orfis), para que proceda a realizar una auditoría de gestión y desempeño a la administración encabezada por el ex alcalde, Carlos Bustamante Anchondo.

De igual manera, el Cabildo tomó protesta a Rafael Liceaga Campos, Alejandro Lugo Perales, y Luz Stabinsky Velasco, como consejeros ciudadanos dentro de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Participación Ciudadana (Impac).

A su vez, fueron delegadas las facultades para la tramitación y ejecución de los programas en el rubro de desarrollo social, provenientes de recursos federales y estatales, al secretario de Desarrollo Social Municipal (Sedesom), Javier Camarena Salinas. En este punto de acuerdo se estipulan los programas de Rescate de Espacios Públicos (PREP), de Desarrollo de Zonas Prioritarias, de Empleo Temporal, de Infraestructura Deportiva, Ramo 33, Hábitat, y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

Por otra parte, los ediles autorizaron al ejecutivo municipal solicitar ante el gobernador del Estado, el traslado de la oficialía 06 del Registro Civil de la desaparecida Delegación Mesa de Otay, hacia la nueva Delegación La Presa Este; así como la creación de una oficialía más en la Delegación Centro de la ciudad.

Por último, el Cabildo autorizó la desincorporación definitiva de 1421 bienes muebles propiedad del Ayuntamiento de Tijuana.

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