MEXICALI.-Con la aprobación unánime de la Ley para la Protección de los Derechos y Apoyo a los Migrantes del Estado de Baja California en el Congreso, la diputada Laura Torres Ramírez hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales a practicar políticas públicas apegadas al reconocimiento de las garantías individuales y alejadas de la discriminación de connacionales y extranjeros en tránsito por la entidad.

Presentado en febrero de este año por el diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, el proyecto de Ley fue modificado en más de la mitad de su contenido por la legisladora Torres Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Congreso del Estado.

En 2011, el Congreso de la Unión aprobó la creación de una nueva Ley de Migración, la cual remplazó a la anterior que databa del año de 1947. Desde entonces, Baja California, uno de los estados que recibe los mayores flujos migratorios en el país y la entidad con mayor número de residentes extranjeros, carecía de un cuerpo normativo que reconociera los derechos de los migrantes.

Entre las adiciones a la Ley hechas por la legisladora, destaca la obligación del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de "proporcionar asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que requieran servicios para su protección".

Este reconocimiento de la importancia de atender a grupos vulnerables migrantes se extendió también a mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y víctimas del delito.

También con la creación del Registro Estatal de Migrantes "se cumple con el objetivo de ayudar a la reunificación familiar, ya que los migrantes podrán inscribirse de manera voluntaria y gratuita para que sus familiares sepan que están o estuvieron en Baja California, mientras se garantiza la protección de datos personales", expuso la legisladora.

De igual forma, eleva a mandato de ley, el Consejo de Protección al Migrante, el cual se instaló desde diciembre de 2013 por la autoridad estatal en coordinación con la comunidad y organizaciones civiles, pero que carecía de presencia en las leyes bajacalifornianas.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos también exhortó a los servidores públicos estatales y municipales a "no discriminar ni negar los servicios a razón de la en la situación migratoria regular o irregular de los extranjeros", una de las principales demandas de organismos pro migrantes.

Para garantizar lo anterior, se agregó un artículo que establece que los jueces o registro del Registro Civil, no podrán negar a los migrantes, la expedición de actas de nacimiento, reconocimiento de hijos, matrimonio, divorcio y muerte, por ejemplo.

"La Ley que se crea hoy para el estado de Baja California no solamente dota de elementos de protección a los migrantes en condición vulnerable frente a la sociedad, también otorga un marco jurídico a los esfuerzos coordinados entre los tres niveles de gobierno para asegurar que se respeten los tratados y convenciones internacionales en medida migratoria", finalizó.

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