El día 12 de febrero fue presentado el Amparo Colectivo más grande de la historia en materia fiscal. Con más de 58 mil firmas recolectadas, se generaron 9 pallets que contenían 700 mil hojas generadas entre demanda, hojas de firmas y anexos.

La primera audiencia fue programada para el 20 de marzo y posteriormente diferida para el 22 de abril, fecha en la que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, solicitó al juez en el Distrito Federal que se suspendiera el procedimiento para que se llevara a cabo una solicitud de concentración.

El abogado fiscalista Adolfo Solís Farías, quien encabeza la defensa legal de los ciudadanos de la frontera, en entrevista para Business Conexión, indicó que cuando se dieron cuenta de la intromisión del Ejecutivo en la solicitud de amparo, interpusieron una queja ante la Judicatura, ya que pretendían alargar hasta por cinco años la aceptación del recurso legal.

El proceso llamado Solicitud de Concentración establece que si se presentan varios amparos del mismo tema, cualquiera de las partes puede solicitar que se concentren los expedientes en uno solo, "el Presidente vio que había un Juez en el Estado de México afín de los ideales gubernamentales y que había sido puesto por el gobierno y solicitó la concentración ante ese juez", comentó.

Por lo anterior, "el juez le solicitó al de Tijuana que suspendiera el procedimiento", para que en copia escaneada le enviara la demanda, situación que iba a generar alrededor de cinco años de atraso en este proceso, manifestó Solís Farías.

Al detectar esta "trampa procesal del gobierno", el fiscalista decidió interponer una queja ante la Comisión de Creación de Órganos, misma que no atendió su demanda, por lo que acudieron al Consejo de la Judicatura Federal para presentar una queja, la cual entendió las consideraciones de manera oportuna y ordenó levantar la suspensión.

A raíz de esto, se fijó una nueva fecha de audiencia para el 9 de junio, misma que fue diferida para el 16 de julio, día en que la juez Tercero de Distrito de Tijuana, Blanca Evelia Parra, integró el expediente para ser enviado a un juzgado en Culiacán, Sinaloa, con el propósito de que en ese estado se dicte sentencia. Ese día, con la ausencia del perito fiscal de la Presidencia, el juez Tercero de Distrito dio entrada a los dictámenes de dos peritos del Poder Judicial, quienes prácticamente dieron la razón a la sociedad sobre el daño causado.

Cabe señalar que por parte del... Continuar leyendo artículo aquí

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