MÉXICO.- Un tribunal mexicano dictó auto de formal prisión, medida que implica el inicio de un proceso penal, contra siete militares relacionados con la muerte de 22 civiles en junio pasado, informó hoy el Poder Judicial.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que administra el Poder Judicial, indicó en un comunicado que el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dictó el auto de formal prisión, actuando en auxilio del Juzgado Cuarto de Procesos Penales Federales en el Estado de México.

El pasado fin de semana el Juzgado Cuarto asumió el caso de los militares, pero el Juzgado Primero actúa como auxiliar debido a que los inculpados se encuentran en la prisión militar ubicada en el Campo Militar 1-A, en el Distrito Federal.

El Juzgado Primero inició de esta forma el proceso penal contra Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Abuso de Autoridad.

También a Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides como sospechosos de ejercicio indebido de servicio público.

Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides enfrentarán juicio como presuntos responsables de homicidio calificado.

A Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides se les dictó la medida como sospechosos de alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo, y a Ezequiel Rodríguez Martínez por encubrimiento en la hipótesis de no hacer nada por impedir la consumación de un delito.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de junio en la comunidad San Pedro Limón del municipio de Tlatlaya, Estado de México.

En un principio, el Ejército informó que 22 civiles fueron abatidos durante un enfrentamiento desatado cuando los militares respondieran a una agresión armada en su contra por parte de presuntos criminales.

Sin embargo, dicha versión quedó en entredicho tras el testimonio de una mujer que presenció los hechos, quien afirmó que solo uno de los presuntos delincuentes falleció en el tiroteo y los demás fueron asesinados por los militares tras rendirse.

De acuerdo con la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), en el tiroteo murieron 14 personas y las ocho restantes, algunas de las cuales estaban heridas, fueron asesinadas por soldados.

A su vez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) afirmó que 12 de los presuntos delincuentes que se habían rendido y otros tres que estaban heridos fueron asesinados por los miembros del Ejército.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la que depende el Ejército, informó ayer que aceptó la recomendación de la CNDH en relación con el caso, aun sin estar de acuerdo con algunos puntos, "por el especial interés de coadyuvar a esclarecer los hechos".

Asimismo, insistió en que los sucesos de Tlatlaya derivaron "de una agresión contra personal militar por parte de presuntos delincuentes que finalmente perdieron la vida".

En su recomendación, la CNDH pide a Sedena que gire instrucciones para proceder a la reparación del daño ocasionado a los familiares de quienes murieron en Tlatlaya, y se refuerce la capacitación que reciben los elementos de la institución en materia de derechos humanos, entre otros puntos.

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