MÉXICO.- Para aquellos que se preguntan qué es lo que sigue para México tras el último informe de la Procuraduria General de la República (PGR) en relación al caso de Ayotzinapa, la mañana del sábado 15 de noviembre se reunieron comandantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), miembros de la Junta Buen Gobierno (JBG) y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos acompañados por sobrevivientes de la Normal Raúl Isidro Burgos, para acordar un nuevo plan de acción que exija la aparición con vida de todos los desaparecidos en México.

Se trata de un movimiento nacional que pretende extender su misión a exigir respuesta por los más de 22 mil desaparecidos en todo el país, además de clamar justicia por los mexicanos asesinados de manera intencionada a manos de servidores públicos en un caso similar al del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

La reunión duró cuatro horas y tuvo lugar en el Caracol de Oventic, en San Andrés Larráinzar con asistencia del subcomandante Moisés y el Comandante Tacho. Integrantes del Ejército Zapatista que "abrazaron la indignación y rabia" de los padres y sobrevivientes que sufrieron la perdida de 43 jóvenes estudiantes.

Omar García, uno de los normalistas que logró esquivar a la muerte aquella noche de septiembre, aclaró que los zapatistas no fueron quienes buscaron intervenir en el caso, sino que fueron los familiares del caso Ayotzinapa quienes acudieron para solicitar su auxilio.

"Ellos nos recalcaron desde el principio del encuentro que no pretenden dirigir a nadie, es una posición que todos conocemos, y nos dijeron que no pretenden darnos sugerencias ni lineamientos a seguir" explicó García en una rueda de prensa que se ofreció anoche en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

"Lo que sí nos sugirieron es que tenemos que acudir a quienes al igual que nosotros han padecido la desaparición forzada y asesinatos extrajudiciales que no son pocos en el país, porque son ellos los que pueden entendernos y acompañarnos en nuestro dolor y lucha, y son ellos con quienes podemos articular un movimiento, un núcleo más grande y poderoso con todas la organizaciones sociales que quieran solidarizarse".

Las desapariciones forzadas son un grave problema que aqueja a la nación desde muchos años atrás. A tal grado en que ni el propio gobierno conoce su cifra.

A inicios del 2013, el Estado mexicano reconoció la existencia de 26 mil desaparecidos durante el sexenio del ex-presidente Felipe Calderón. Actualmente se cuenta con tres bases de datos a nivel federal cuyos números no logran coincidir, ni siquiera por pertenecer a la misma dependencia.

Según un artículo de El Universal, los estados con mayor registro de personas "no localizadas" son Tamaulipas, con un 14% de los casos denunciados ante el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), seguido por Jalisco, con un 9%, y el Estado de México en tercer lugar acaparando un 7% del total.

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Elizabeth.rosales@sandiegored.com