Publicado Originalmente por Voice of San Diego

Hace cuatro años, tres representantes del gigante de energía San Diego, Sempra Energy, se sentaron frente a los investigadores del FBI.

Su misión: convencer a los agentes federales de que la compañía no era corrupta.

Agentes federales citaron a una junta en febrero del 2011, investigando las acusaciones de que Sempra, una compañía considerada por Fortune 500 como una de las más grandes del país, había sobornado a políticos mexicanos para construir una planta de gas natural licuado con valor de mil millones de dólares en la costa de Baja California.

Los abogados de Sempra presentaron su caso a los investigadores, quienes estaban acompañados por oficiales de la Comisión de Intercambio y Seguridad y por el Departamento de Justicia. Los abogados dijeron que las actividades de la compañía en México, no deberían preocupar a los agentes federales.

Entonces los abogados de Sempra dieron a conocer el nombre de alguien de quien ellos pensaban debía estar bajo el radar de las autoridades. Le pidieron al FBI que investigaran a José Susumo Azano Matsura, un rico empresario mexicano, quien vive en una mansión en Coronado. Los abogados de Sempra les dijeron a los agentes federales que menos de una semana antes Azano había pagado y organizado una redada de policías armados en la planta de la compañía en Baja California, esto de acuerdo a un resumen de la junta del FBI.

Sempra cree que Azano estaba tratando de extorsionar a la compañía con cientos de millones de dólares.

"Queríamos asegurarnos de que el FBI supiera que él estaba involucrado," dijo Bob Brewer, entonces abogado representante de Sempra, quien estuvo presente en la junta. Esta petición a los agentes federales fue solo un punto más en la larga y acalorada pelea entre Azano y Sempra.

Para el 2011 año en que se realizo la junta, parecía que Azano estaba ganando. Sempra se enfrento a un intenso escrutinio federal en su planta de Baja California. Su mayor inversión en México, estaba bajo amenaza. Y mientras los agentes federales habían estado vigilando a Azano durante años, nunca le hicieron cargos por ningún crimen. En cambio, el heredero de una fortuna mexicana estaba muy ocupado construyendo un imperio empresarial en la industria de la vigilancia.

Pronto después de la junta, todo cambio.

Durante los siguientes cuatro meses, el FBI concluyo su investigación sobre Sempra y comenzó a perseguir a Azano con una renovada fuerza.

Para Azano, la atención del FBI se convertiría en un vicio, apretándolo lentamente hasta que cayó en sus propios errores. A lo largo del camino, su disputa con Sempra atrajo la atención de las embajadas de Estados Unidos y México, e incluso podría haber descarrilado la carrera de un condecorado general del ejército mexicano.

Con el FBI cercándolo, Azano comenzó a tener dificultades. A fines del 2011, comenzó a buscar a políticos sandieguinos de alto perfil, cabildeando al menos a uno de ellos para que la atención de los federales regresara a Sempra. No le funciono, y Azano finalmente cayó. Fue arrestado el pasado mes de febrero, acusado de haber donado ilegalmente más de medio millón de dólares a campañas políticas en San Diego. Si es declarado culpable, Azano podría pasar años en una prisión federal.

♦♦♦

Al principio, las peticiones de Sempra para que los federales fueran detrás de Azano cayeron en oídos sordos. Después de la junta de febrero del 2011, el FBI todavía tenía preguntas sobre los tratos que la compañía tenía en México. Los agentes pronto se enfocaron en una acusación de soborno que Sempra no había podido explicar.

Antes de que construyeran su planta de gas natural liquido en Baja California, Sempra creó un fondo caritativo de $7 millones para la financiación de proyectos en la cercana ciudad de Ensenada. El alcalde de la ciudad, quien sugirió a Sempra que le diera dinero a la ciudad, tuvo un rol destacado en la repartición del dinero.

Los agentes federales consideraron que los $7 millones eran en realidad un soborno para acelerar la aprobación de los permisos que la compañía necesitaba del gobierno mexicano. El FBI abrió una exhaustiva investigación.

"Hay muchos factores e indicadores que reflejan que Sempra y sus ejecutivos de negocios podrían estar involucrados en actividades criminales," escribieron agentes del FBI en un memorándum redactado en marzo del 2011.

Entonces las autoridades federales le pidieron a Sempra que ellos mismos investigaran las acusaciones de soborno. La compañía tenía una firma de abogados externa investigando estas acusaciones, los abogados no encontraron ningún delito. La ciudad de Ensenada no había entregado a Sempra los permisos más rápido, los abogados de Sempra se lo dijeron al FBI, y ningún funcionario del gobierno ni sus familiares habían recibido ningún dinero del fondo de caridad.

Esto dejo satisfechos a los federales. En junio del 2011, la procuradora de Estados Unidos en San Diego, Laura Duffy dijo a Sempra que el caso había sido cerrado.

Pero el asunto era difícilmente tan claro como hizo parecer la auto-investigación de Sempra.

De acuerdo al sumario del FBI sobre este caso, los agentes federales se basaron casi exclusivamente en la investigación que realizo Sempra. En el sumario no hay ninguna evidencia de que las autoridades hayan hecho otra cosa que revisar los documentos y hablar con los empleados de la compañía que los abogados de Sempra habían llevado a las juntas. Un profesor de derecho y experto en leyes de corrupción en el extranjero dijo al Washington Post estar sorprendido de que los federales no tomaran ninguna acción contra Sempra, porque la información en los documentos del FBI mostraba signos de violaciones.

Asimismo, no parece que los investigadores hayan analizado todas las acusaciones de corrupción contra Sempra en México.

El sumario del caso del FBI no menciona ninguna investigación sobre los vínculos financieros de Sempra con el gobernador de Baja California, quien había competido por la propuesta de gas natural liquido de la compañía. El resumen tampoco muestra como los agentes federales llegaron al fondo de los reclamos de que Sempra se apropio de algunos terrenos de un ranchero mexicano vinculado con Azano.

El Departamento de Justicia, SEC y Sempra insistieron en que la investigación dentro de la compañía fue minuciosa e independiente. La meticulosa investigación de las agencias simplemente encontró que la compañía no había violado la ley.

A menos de dos meses de que el FBI abrió una investigación completa a la compañía, los abogados de Sempra parecían muy contentos por su progreso. En una junta de abril del 2011 con el FBI, los abogados de Sempra empujaron para que por segunda vez a la agencia fuera tras Azano.

De acuerdo a una minuta del FBI sobre la reunión, los abogados de Sempra dijeron a los agentes federales que creían que Azano se asoció con traficantes de drogas y que fue así que se metió en el bolsillo al alcalde de Ensenada. Ellos también dijeron que habían escuchado que Azano le había dicho a un tercero que por $ 2 mil millones de dólares podría acabar con Sempra. La compañía estaba tan preocupada por Azano que estaba considerando llegar hasta los políticos y altos funcionarios estadounidenses encargados de hacer cumplir la ley, para presionar sobre el caso en su contra.

Los abogados de Sempra dijeron que Azano era, "un hombre muy peligroso."

♦♦♦

Poco tiempo después de que el presidente mexicano Enrique Pena Nieto tomo la presidencia en diciembre del 2012, los nuevos miembros de su gabinete reportaron haber recibido un documento escrito por las autoridades americanas. Era un plan del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para tumbar a Azano.

El documento, obtenido por el programa mexicano de noticias 24 Horas, detallaba las supuestas conexiones de Azano con los carteles de la droga y las medidas extremas adoptadas por Azano para ocultar sus actividades de negocio.

La estrategia de Seguridad Nacional: Elevar el perfil de Azano a un nivel que haría que sus socios en la industria del espionaje se sintieran incómodos. El departamento creyó que el estrés obligaría a Azano a retroceder en sus ataques contra Sempra.

"El objetivo final es mancharlo lo suficiente para que sus conexiones y contactos quisieran desvincularse de él y presionarlo para dejar a Sempra en paz," dice el documento.

Como muchas cosas en esta historia, precisar que el gobierno estadounidense orquesto un complot contra Azano es difícil de probar. Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional se negó a confirmar o negar la autenticidad del expediente Azano.

Sin embargo, tanto funcionarios estadounidenses como mexicanos en los más altos niveles, sabían sobre la lucha de Azano con Sempra. Y también existe otra evidencia de un plan para paralizarlo. La información secreta para dañar a Azano se filtró públicamente y, de acuerdo al New York Times, las autoridades estadounidenses instaron al gobierno mexicano para terminar con la carrera de uno de los políticos más prominentes y aliados de Azano.

De acuerdo con una columna publicada en el periódico El Universal de la Ciudad de México, mientras Peña Nieto se preparaba para su toma de protesta a finales de 2012, sus asesores les pidieron a diplomáticos estadounidenses clasificar las amenazas más grandes para la relación de los dos países. Los estadounidenses dijeron que en el tercer lugar de la lista estaba la guerra contra las drogas. En segundo lugar estaba el alto precio de los tomates mexicanos. Y en primer lugar Azano. El era una amenaza, decía la columna, debido a su acceso a la más alta tecnología en el espionaje y a sus conexiones con funcionarios de alto nivel en la administración del predecesor de Peña Nieto, Felipe Calderón.

Arturo Sarukhán, embajador de México en Estados Unidos bajo la presidencia de Calderón, dijo que sus homólogos estadounidenses nunca clasificaron a Azano como la mayor amenaza. Pero Sarukhán confirmó que su oficina y la embajada de Estados Unidos se referían a la pelea entre Azano y Sempra.

"Sin duda fue un tema relevante, pero de ninguna manera estaba en lo más alto de la agenda bilateral entre Estados Unidos y México," dijo Sarukhán.

Aún así, la presión estadounidense contra Azano podría haber tenido consecuencias reales dentro del gobierno de México.

En julio del 2012, alguien filtró a la prensa mexicana una serie de contratos secretos concedidos a la compañía propiedad de Azano, los contratos proporcionaban equipo de vigilancia avanzada para la Secretaria de Defensa mexicana, con valor de $355 millones. La revelación desató una protesta. Los ciudadanos mexicanos no tenían idea de que su gobierno estaba involucrado en este tipo de espionaje de alto nivel y a tan elevado costo – sin hablar de que uno de sus compatriotas fue el proveedor.

En los tratos que Azano hizo con el gobierno estaba involucrado un general mexicano de alto rango llamado Moisés Garcia Ochoa. El general también ocupaba uno de los primeros lugares de una corta lista, para ser el Secretario de Defensa de Peña Nieto.

Pero días antes de la toma de posesión de Peña Nieto, el New York Times reporto que el embajador Anthony Wayne se reunió con los asesores entrantes del presidente para advertirles que estaban en contra de la designación del general.

Entre otras cuestiones, los funcionarios estadounidenses creían que García Ochoa recibía dinero de contratos, incluyendo el acuerdo de vigilancia de Azano.

Al final Peña Nieto no designo a García Ochoa como secretario de Defensa.

Mientras tanto, en Estados Unidos, el cerco se continuó apretando contra Azano. El FBI dio seguimiento a la solicitud de Sempra para investigar a Azano. Los agentes encontraron evidencias para respaldar las afirmaciones de extorsión que la compañía hacia en su contra.

En 2012, un equipo independiente de trabajo del Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Rentas Internas y el Departamento de Policía de San Diego comenzó a sondear las supuestas irregularidades en las declaraciones de impuestos de Azano. Según Azano, las autoridades federales consiguieron que un juez autorizara un allanamiento secreto – una táctica utilizada en las investigaciones de terrorismo – para entrar en sus oficinas en los EE.UU., sin que él lo supiera.

En este tiempo, Azano reclamaba que los agentes federales estaban acosando al piloto de su jet privado para ponerlo en su contra. El dijo que la Patrulla Fronteriza sometió a su familia a largas revisiones, e incluso reviso a su hijo menor, por lo que Azano envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional para quejarse del trato que le estaban dando.

Azano necesitaba de algunos aliados. Busco a los políticos de San Diego.

♦♦♦

Todo comenzó a finales del 2011 con la fiscal de distrito Bonnie Dumanis. Ella era candidata a alcalde de San Diego y Azano la invitó a una de sus casas en Coronado para almorzar. Dumanis solo sería la primera.

Pocos meses más tarde, Azano se reunió con Dumanis y con el Sheriff de San Diego, Bill Gore, en su oficina del centro de la ciudad. Ese verano Azano ofreció un almuerzo para el entonces candidato a alcalde, Bob Filner. En septiembre, cenó en un restaurante del centro de la ciudad con el entonces candidato al Congreso, Juan Vargas.

Si Azano quería que alguien lo escuchara en su caso contra Sempra, tenía mucho sentido haber elegido a los políticos que escogió.

Azano tenía una buena relación con Dumanis, ya que el guardia privado de seguridad de Azano, Ernesto Encinas, había sido amigo de Dumanis desde el tiempo en el que Encinas había sido oficial de policía de San Diego. Antes de convertirse en Sheriff, Gore había sido director asistente del FBI en San Diego. Y por años, cuando Filner era congresista, había atacado sin piedad a Sempra y estaba muy familiarizado con los alegatos de corrupción de la compañía en Mexica. Y Azano creyó que Vargas, quien estaba en línea para suceder a Filner en el Congreso, podría hablar con los agentes federales a su favor.

Vargas dijo recientemente que Sempra fue el único tema de discusión en la cena. Vargas dijo que Azano estaba frustrado porque Sempra no había sido acusada en Estados Unidos a pesar de todas las acusaciones de corrupción en México. Azano le pidió ayuda a Vargas y este le dijo que hablara con los fiscales federales. Las juntas eran una forma en la que Azano exponía su caso. El dinero era otra.

Los fiscales federales dijeron que Azano dio más de $600,000 a la campana de Dumanis, Vargas y Filner entre diciembre del 2011 y noviembre del 2012. (Las autoridades federales dijeron que el motivo de Azano era hacer un desarrollo a lo largo de la bahía de San Diego, pero solamente proporcionaron evidencias muy escasas sobre esta información.)

Los fiscales argumentan que Azano usa un sistema de donaciones y contribuciones muy pequeñas de la que no queda registro en los libros, para así evadir la detección. Ninguno de los políticos fue implicado en la investigación. En los documentos de la corte, Azano dijo que sus colaboradores canalizaron su dinero a las campañas sin su conocimiento. Excepto en un caso.

Durante la campaña por la alcaldía del 2012, dijo Azano ante la corte, Azano le dijo a Encinas que quería hacer una donación de $100,000 para apoyar a las viudas de los agentes de policía. Encinas dijo que tenía una mejor idea, que debería ayudar a la campaña de su amiga Dumanis, quien, como fiscal de distrito, podría apoyar a las viudas de los policías mejor que lo que cualquier donativo caritativo podía hacerlo.

Sin importar la verdad de esa historia, una forma de divulgación pública muestra una donación por $100,000 realizada el 9 de mayo de 2012 de una de las empresas de Azano con sede en los Estados Unidos a un comité de acción política que respaldaba a Dumanis.

Eso fue una estupidez. Es ilegal para los extranjeros hacer donaciones a campañas políticas americanas. En documentos de la corte, Azano no negó que él dio ese dinero para Dumanis. En cambio, argumentó que Encinas lo manipuló para que lo hiciera.

Al final, no fueron las investigaciones de tráfico de drogas o lavado de dinero los que tumbaron a Azano.

Y tampoco fueron los reclamos de soborno, extorsión o evasión de impuestos. Después de seis años de guerra con una de las compañías más poderosas de San Diego, Azano fue arrestado y acusado de hacer una contribución a la campaña que se dio a conocer públicamente y se hizo pública para que cualquier persona en el mundo pueda verla.

♦♦♦

Desde que el escándalo de financiamiento de campañas se hizo público, el imperio de Azano se ha tambaleado.

Hace pocos años, Azano compro un montón de propiedades en los Estados Unidos con un costo de $13 millones. Ahora está tratando de obtener dinero en efectivo de estas propiedades.

El año pasado, Azano vendió dos inmuebles de oficinas en Otay Mesa y una gasolinera en Chula Vista todo con pérdida. Utilizó una de sus casas en Coronado como garantía para pagar su fianza de $5 millones. Otra casa de Azano en Coronado está en el mercado. Tiene la esperanza de obtener $2.8 millones por ella, aunque ya redujo el precio de venta un par de veces.

En una tarde de verano antes de que Azano vendiera su estación de gasolina, las hileras de los refrigeradores y congeladores que estaban en el interior estaban casi vacíos, y no había Pepsi en la fuente de sodas. Un empleado dijo que la estación no tardaría en cerrar para siempre.

Un letrero escrito a mano afuera de la puerta anunciaba que las bombas no tenían gasolina.

♦♦♦

Sempra es ahora una de las compañías energéticas privadas más grandes de México. Pronto, podría ser mucho más grande.

En agosto, ejecutivos de Sempra dijeron a analistas financieros que esperan que en los próximos años haya miles de millones de dólares en nuevos proyectos de energía en el país. Ellos esperan ganar muchos de ellos. El presidente de la compañía Mark Snell dijo que Sempra tiene record de hacer grandes cosas en México.

"Aquí somos realmente los de casa," dijo Snell.

Un miembro de Voice of San Diego junta directiva se desempeña como vicepresidente de SDG&E y SoCalGas, dos filiales de Sempra. Vicente Calderón de Tijuanapress.com contribuyo en esta historia. Ari Bloomekatz, Matthew Hose, Michelle Monroy y Gwyneth Shoecraft también contribuyeron para la realización de esta historia.