TIJUANA.- La disputa entre el grupo de medios que controla Frontera [y otros en Baja California} , la cuál justo la semana pasada fue acusada de extorsión por el Gobernador Estatal y sus cinco alcaldes municipales, podría llegar muy pronto a los tribunales.

"Estamos hablando con nuestros asesores legales, para ensamblar la mejor demanda posible" mencionó Juan Fernando Healy, presidente y coordinador general de Grupo Healy, y propietario de El Frontera en Tijuana y sus ciudades vecinas Mexicali y Ensenada. El día martes comentó que la cadena periodística planea acusar al gobernador y a sus alcaldes de difamación.

Por su parte, el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid comentó muy poco al respecto.

"Como ciudadanos y propietarios de un negocio tienen derecho a hacer cualquier cosa que ellos consideren prudente y necesaria," dijo el Gobernador Vega durante un evento de negocios el martes por la mañana en Tijuana. "Nosotros hemos dado los pasos necesarios,"

La queja pública sin precedentes por parte de los líderes políticos estatales, quiénes son miembros de diferentes partidos, llego después de que artículos de El Frontera y La Crónica de Mexicali cubrieran las altas tasas de delincuencia en Baja California, las propiedades del gobernador y las supuestas instancias de ineficiencia municipal y corrupción.

La decisión de los oficiales de retirar el apoyo gubernamental hacia las cadenas periodísticas puso bajo el reflector los pagos hechos de manera rutinaria a los medios por parte de todos lo niveles de gobierno en México.

A esto se le llama "publicidad oficial" y puede involucrar grandes sumas de dinero las cuáles tienen muy poca responsabilidad pública, mencionó Justine Dupuy, coautor del informe del año pasado titulado: "Comprando complacencia: Publicidad oficial y censura indirecta en México".

Este artículo es "uno fundamental para México", mencionó Dupuy, quién trabaja para Fundar, una sede sin fines de lucro con base en la Ciudad de México. Los fondos públicos pueden ser un"fuerte instrumento de presión", dijo. "No obstante, los mismos medios están muy acostumbrados a esta perversa relación pudiendo así chantajear al gobierno."

El informe llegó a un punto crítico el día viernes en Baja California, con la publicación de un anuncio el cuál abarcaba una página completa y estaba firmado por el gobernador y los cinco alcaldes municipales, dicho anuncio declaraba la cancelación de cualquier relación comercial con Grupo Healy. Aquí se acusaba a los periódicos Healy de escribir artículos críticos los cuáles tenían como propósito el presionar el gobierno para obtener más dinero.

La cadena periodística ha negado estas acusaciones.

"Lo que hemos hecho es publicar información qué no es del agrado de estos servidores públicos" mencionó Healy. "Nuestro trabajo es cumplir con una responsabilidad periodística profesional siempre pensando en el derecho que tienen las personas de obtener información."

Gaston Luken garza, un ex legislador federal de Baja California, dijo que una columna de la página Infobaja mencionó que la declaración del viernes por parte del gobernador y los alcaldes "deja claro que no se llego a un acuerdo durante negociaciones comerciales y que el diálogo político falló o simplemente no ocurrió."

Inter-American Press Association, en Miami se puso del lado de las organizaciones de noticias, llamando a la acción gubernamental como "una campaña de desprestigio" en contra de los periódicos Healy. Dentro de su "terreno" grupo Healy ha recibido muy poco apoyo por parte de su colegas periodísticos.

Un anuncio emitido el día martes por el mayor rival de El Frontera, El Mexicano publicó una declaración por parte de los líderes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión en Baja California . "Nos proclamamos a favor de la libertad de expresión" leía la declaración. "Reconocemos al gobierno del estado de Baja California y a los municipios de Ensenada, Mexicali, Tecate, Playas de Rosarito y Tijuana por garantizar este derecho."

El semanario tijuanense Zeta, reportó que los candidatos políticos se han quejado porqué se les cobraba por ser mencionados en artículos de El Frontera y La Crónica.

Aquellos que se encuentran dentro de círculos políticos y de gobierno han repetidos estas acusaciones durante los últimos días, pero nadie esta dispuesto a hablar de manera pública.

"Es un poco extraño ver lo que esta sucediendo," mencionó el ex alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante, durante la reunión del grupo de convergencia del Consejo Coordinador Empresarial el lunes por la mañana. "No hay nada que se pueda hacer. Fue una gran sorpresa, pero ya pasará."

Durante la misma reunión se entrevistó a Cuauhtemoc Cardona, un legislador estatal, quién mencionó el asunto no tiene nada que ver con libertad de expresión. "Todo parece indicar que esto tiene que ver con el hecho de que Grupo Healy y los gobernantes no pudieron llegar a un acuerdo monetario."

Cardona exhorta por una legislación la cuál permitirá al público monitorear los pagos hechos a los medios por la legislatura estatal y sus gobiernos.

Healy mencionó que sólo un 3% de sus periódicos con ingresos publicitarios provienen de fuentes gubernamentales.

"El gobierno es sólo un cliente más," mencionó Healy.

Vía U-T san Diego

Más noticias en SanDiegoRed.com

Sigue a San Diego Red en Facebook y Twitter.

editorial@sandiegored.com

zyanya.figueroa@sandiegored.com