Baja California está sufriendo un terrible retroceso en materia de fe pública.

La iniciativa de reforma a la Ley de Notariado presentada por el diputado Juan Manuel Molina y aprobada en la Comisión de Justicia representa un golpe a los fedatarios públicos de la entidad, al ceder al Ejecutivo facultades discrecionales para nombrar o en su caso remover a los titulares de las notarías.

Mientras la tendencia[ en la mayoría de las legislaciones estatales de México marcha hacia una mayor autonomía del notariado frente a los gobiernos, garantizando la transparencia e imparcialidad en los métodos de selección de nuevos aspirantes, en Baja California parece optarse por retornar a un pasado de opacidad y autoritarismo al acotar las facultades de los notarios.

VIDEO: Entrevista con Ernesto Ruffo Appel sobre reforma al Ley de Notariado

El punto más polémico de la iniciativa, es el que concede al Gobernador del Estado la facultad para optar por la designación directa de titulares en las notarías de nueva creación, eliminando la figura del examen de oposición vigente desde hace 25 años como el único método de selección para acceder al notariado.

Ello se traduciría a que el mandatario estatal pueda nombrar a discreción a un amigo personal o a un allegado político sin necesidad de que éste deba demostrar su preparación en proceso de selección sancionado por un organismo colegiado.

Es el Estado y no el gobernador en turno el titular de la fe pública. El gobernador solamente otorga la patente a aquel profesional del derecho que, en un proceso abierto y transparente, demuestra ser la persona más preparada, lo cual es muy diferente a simplemente nombrar a un amigo o compadre como recompensa o negocio.

El nuevo notario entraría en funciones en una relación de subordinación y dependencia frente al gobernador, lo que contradice desde las raíces el fundamento jurídico de la fe pública. También generaría presiones políticas para aquellos notarios que en dado momento den fe sobre algún tema o asunto que pueda perjudicar al gobierno en turno, pues el fedatario se sabría en posibilidades de perder su patente.

En España y en la mayoría de los países con un sistema notarial derivado de las raíces Derecho Romano-Germánico, la autonomía frente al poder es el principio que define a la fe pública.

La imparcialidad en el método de selección mediante una convocatoria pública que abra la competencia a todos los profesionales calificados y elija a los que demuestren estar mejor preparados, es la regla ya no solamente en materia de notariado, sino en la función pública, pues no pocos cargos en el Gobierno federal son actualmente concursados.

La iniciativa de Molina cuenta con todo el apoyo del Ejecutivo Estatal pues Víctor Lujano Sarabia, subsecretario jurídico de la Secretaría General de Gobierno, ha sido uno de los principales promotores de las ventajas de la misma.

De hecho, lo que no pocos profesionales comentan, es que en realidad se trata de una iniciativa del gobierno en donde Molina sirve únicamente como pantalla.

Por si fuera poco, la nueva legislación parece condenar a los notarios con experiencia, al marcar los 70 años como el límite de edad para ejercer el notariado, lo que sacrificaría a destacados fedatarios públicos con una sólida carrera profesional.

La iniciativa surge en medio de la polémica y las sospechas, pues el diputado promotor de la misma declaró ante medios de comunicación que solo se trata de "mínimos" ajustes a la Ley de Notariado que ya cuentan con la venia del Colegio de Notarios, lo cual es falso, pues ni son mínimos los ajustes ni se cuenta con el apoyo de los fedatarios.

Una carta firmada por notarios de los cinco municipios que se reunieron el pasado viernes en Tecate, demuestra que la mayoría de los fedatarios públicos de la entidad se opone a estas reformas, por considerar que acota las facultades y la autonomía de los titulares de las notarías.

En la carta, dirigida a todos los integrantes de la XXI Legislatura, los notarios señalan que tanto el diputado Molina como Lujano Sarabia han faltado a la verdad, generando un clima de animadversión y encono contra los fedatarios públicos al señalar que las notarías son un botín de riqueza controlado por un feudo familiar en donde los notarios se autorregulan.

La iniciativa ha suscitado reacciones adversas no solamente de los notarios, sino de liderazgos empresariales y ciudadanos de Baja California que ven en esta reforma un sensible retroceso.

La figura del examen público de oposición, vigente hasta este momento, fue instituida hace 25 años bajo el gobierno de Ernesto Ruffo y con ello se buscó poner un candado legal y un freno a la discrecionalidad y el autoritarismo prevaleciente bajo los gobernadores priistas, en donde las notarías podían otorgarse a discreción como un premio político.

La actual iniciativa de Molina, significaría un retroceso de 25 años colocando a Baja California en un régimen autoritario ya superado en la mayoría de las entidades del país.

Desde 2001 a la fecha, 19 notarías han sido asignadas de las cuales once fueron obtenidas por aspirantes que concursaron y resultaron triunfadores en los exámenes de oposición ante cinco sinodales entre los que hay por ley dos magistrados designados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

Los ocho fedatarios restantes eran ya notarios adscritos, pero de cualquier manera debieron rendir examen para poder obtener la patente de titular.

La existencia de un feudo o una mafia familiar que controla el reparto de notarías en Baja California es falsa, pues de los 19 nuevos notarios que han obtenido patente en los últimos quince años, solo en seis existe parentesco, pero igualmente debieron aprobar su examen y demostrar sus conocimientos ante un jurado.

La Confederación Patronal de la República Mexicana emitió un posicionamiento en donde solicita al Ejecutivo Estatal y a la Legislatura deseche esa iniciativa, por considerarla como un atentado contra la transparencia e imparcialidad en los procesos de selección de fedatarios públicos:

"La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) solicita al Ejecutivo Estatal se deseche la reforma a la Ley del Notariado para el Estado de Baja California, por considerar que atenta contra la transparencia e imparcialidad del proceso, subrayó los presidentes de los Centros Empresariales COPARMEX, del Estado, y Armando León Ptacnik. El presidente de dicho organismo, indicó que "los empresarios aquí representados no nos oponemos a que se reforme la Ley del Notariado, pero sí reprochamos que no atiendan la opinión de quienes ejercen la profesión y como consecuencia se introduzcan muy cuestionables conceptos en un claro retroceso para la sociedad bajacaliforniana". Destacó que el acceso al Notariado en el Estado de Baja California "debe ser exclusivamente mediante concurso de oposición público, riguroso, imparcial y transparente que garantice que quien ocupe tan alta responsabilidad sea el mejor calificado". Los presidentes de los Centros Empresariales consideraron que la iniciativa, que promueve el diputado Juan Manuel Molina García con el apoyo del Ejecutivo Estatal, pretende "parchar" la ley vigente, siendo que existe una nueva Ley del Notariado que se encuentra en la congeladora legislativa desde el año 2013 con la intervención del Notariado bajacaliforniano". Reiteraron que "cada uno de los notarios en el Estado han acreditado ser aptos para ejercer la función, por lo que vemos con gran preocupación que en la iniciativa pretendan sujetar ésta a una edad y plazo determinados". "Pareciera que la iniciativa castiga la experiencia y premia la inexperiencia, lo que además atenta contra la imparcialidad que debe tener el notario y le sujeta a posibles presiones, en perjuicio de los usuarios de esos servicios". Asimismo, que "el que solo un notario pueda ser designado directamente por el Gobernador, sin examen de oposición, compromete muy seriamente la milenaria institución cuyo gremio en Baja California ha logrado importantes avances". Por lo anterior, exigimos a quienes intervienen en el proceso legislativo para que reflexionen y privilegien la transparencia e imparcialidad. Que retomen el trabajo ya realizado y por ningún motivo se permita la designación directa de notarios por el Ejecutivo Estatal."

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La propuesta de Molina contempla también que la patente de notario se expida por un plazo de 22 años con posibilidad de renovación.

Limitar la vigencia de la patente somete al notario no solo a la burocracia estatal que podría dilatar indefinidamente un nuevo examen, sino que lo deja en riesgo de ser descalificado por ser políticamente incómodo.

En plena era de la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas, Baja California está a punto de retroceder tres décadas hacia un régimen de opacidad, autoritarismo y caprichos políticos que al menos en materia de fe pública parecía haber sido superado.

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