San Diego

Fundador de sitio de pornografía vengativa pide que le reduzcan la sentencia

El sandieguino recibió 18 años de prisión por sus 27 cargos que incluyen robo de identidad y extorsión.

En el 2013, California se convirtió en uno de los primeros estados que implementaron una legislación concreta para criminalizar la denominada revenge porn (difusión malintencionada de material sexualmente explícito sin el consentimiento de los involucrados). La connotación vengativa de este acto viene de que generalmente se ejecuta después del rompimiento de una relación.

Kevin Bollaert fue uno de los perjudicados por esta medida debido a la operación del sitio UGotPosted. La página de Internet albergaba fotos de mujeres y hombres desnudos (fueron publicadas más de 10,000 entre diciembre del 2012 a septiembre del 2013) con su nombre, ciudades de residencia y a veces hasta dirección y número telefónico.

Foto: Facebook/The Daily Mail
Foto: Facebook/The Daily Mail

Las víctimas eran dirigidas a ChangeMyReputation.com cuando se quejaban de sus imágenes publicadas, donde se les pedía cientos de dólares si querían que se retiraran sus fotos íntimas (acumuló alrededor de $30,000 dólares a través de este método). Bollaert ganaba alrededor de $900 dólares al mes por sus ingresos de publicidad.

El residente de San Diego recibió la sentencia más larga en la prisión del condado desde que ésta permitió que los infractores no violentos cumplieran su condena ahí. Sus abogados piden que se reconsidere el dictamen ya que una estadía de esa longitud sería "más humana" con acomodaciones de la prisión estatal. También plantean que cumpla una parte de esos años en prisión y el resto bajo supervisión mandataria de la comunidad.

Foto: Nelvin C. Cepeda/The San Diego Union-Tribune
Foto: Nelvin C. Cepeda/The San Diego Union-Tribune

El hombre de 29 años fue condenado el 27 de febrero de este año y sentenciado dos meses después bajo la ley californiana de realineación de la seguridad pública. Esta legislación entró en efecto hace cuatro años para combatir la sobrepoblación en las penitenciarías estatales, llevada a cabo a través de transferencias de reclusos no violentos a prisiones de condado.

El juez de la Corte Superior de San Diego David Gill considerará su petición en una audiencia programada para el 21 de septiembre. Kamala Harris —procuradora general del estado que procesó el caso— insiste en que el acusado no se arrepiente de sus crímenes y que "todavía encuentra cómico el sufrimiento de las víctimas y se siente justificado en sus actos." Harris también ha declarado que "Sentarse detrás de una computadora, cometiendo lo que es esencialmente un acto cobarde y criminal, no escudará a los depredadores de la ley o la cárcel."

Con información de The San Diego Union-Tribune y The Daily Mail

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