TIJUANA.- Un grupo de personas que viven en más de una docena de privadas al sur de la caseta de Playas de Tijuana se reunieron de nuevo el 28 de noviembre del 1015 para manifestar lo que ellos creen es una violación a su derecho constitucional de viajar libremente de y hacia sus casas. Durante la protesta, varias personas detuvieron las plumas de las casetas para que los vehículos pudieran pasar libremente.

"Ya basta de injusticias" dice un letrero de uno de los 400 manifestantes que se presentaron el día de ayer por la tarde.

Algunos residentes estiman pagar alrededor de $400 pesos a la semana para poder transportarse de su casa al trabajo y a la escuela solo para ir a Tijuana, la ciudad a la cual le pagan el predial. Varios residentes se ven forzados a pagar la caseta hasta seis veces al día para ir a su lugar de trabajo o para llevar a sus hijos a la escuela y de regreso y para actividades extracurriculares. A pesar de que los residentes tienen derecho a un descuento del 50% de la tarifa, las familias están limitadas a dos pases con descuento y deben de cumplir con los molestos requisitos para poder hacer uso de dicho descuento. El grupo cree que los residentes deberían de estar completamente exentos del cobro de la tarifa para poder viajar por una carretera cuya construcción ya fue financiada y saldada desde hace mucho tiempo.

Esta es la segunda manifestación que el grupo ha organizado después de varios meses de esfuerzo en vano de buscar ayuda del presidente municipal, Jorge Astiazarán. Mientras que la caseta de cobro está siendo administrada por Caminos y Puentes Federales y BANOBRAS (banco de desarrollo e infraestructura federal que recibe todo lo recabado de las cuotas), el grupo ha estado esperando que el gobierno local ayude en las negociaciones de la exención, sin ningún resultado. Actualmente se está llevando a cabo un recurso de amparo por medio de la vía legal, pero el grupo argumenta que el ayuntamiento debería intervenir y acelerar el proceso con el gobierno federal ya que el cobro de la tarifa es una violación en contra de los derechos constitucionales de los residentes.

En un mensaje público que fue publicado por el grupo antes de la protesta declararon "nosotros somos una ciudad dividida por una caseta de cobro y sin una ruta gratuita para transitar, estamos tratando de recibir ayuda por parte de nuestro ayuntamiento y somos ignorados, así que iremos a las calles a demandar nuestro derecho de viajar libremente con esperanzas de que nos otorguen una exención de la tarifa de la caseta".

Varios políticos locales asistieron para apoyar a las demandas del grupo, incluyendo la diputada Miriam Ayón, el diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, diputado Gerardo Álvarez y el diputado Fausto Gallardo junto con el regidor Felipe Ledezma, quien actualmente está en campaña con el Partido Peninsular de las Californias (PPC), un partido que está promoviendo la idea de que Baja California obtenga independencia del resto del país. Según Felipe Ledezma, el cobro de la caseta es un ejemplo perfecto de cómo el gobierno federal se aprovecha de Baja California, sin ninguna consideración por sus ciudadanos. De acuerdo al PPC, solo el 2% de lo que genera Baja California de impuestos para el gobierno federal se regresa a los fondos del estado, "apenas regresando puras morusas de lo que nosotros y nuestro estado genera".

Un sentimiento similar aplica a la tarifa de la caseta de cobro, la cual es operada desde la Ciudad de México y no toma en consideración el hecho de que los residentes locales deben ya sea de pagar la tarifa dentro de su ciudad o transportarse al sur, hacia Rosarito y luego regresarse hacia el norte para poder tomar la carretera libre hacia Tijuana. El grupo argumenta que la falta de una carretera libre para los residentes de Tijuana para poder transportarse dentro de la ciudad resulta en una carga injusta y sin razón para ellos y viola la constitución del país. Así que le corresponde a la ciudad de Tijuana ayudarle a sus residentes obtener esa exención referente al cobro de la tarifa de la caseta de cobro del gobierno federal.

Justo unos días antes de la manifestación, Monica Serrano, la líder del grupo de residentes tratando de conseguir esa exención, entregó una carta al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, durante su asistencia a la inauguración del nuevo puente que forma parte de la segunda entrada a Playas de Tijuana. La carta solicitaba que los residentes reciban una exención total de la tarifa de la caseta de cobro. A pesar de haber visitado la región, la oficina del ayuntamiento de Tijuana no hizo nada para facilitar una junta con el grupo y el Secretario, un ejemplo claro de cómo es que sus necesidades son ignoradas por sus representantes electos, según el grupo.

El grupo llamado "NO AL COBRO PARA RESIDENTES EN LA CASETA DE PLAYAS DE TIJUANA!!" dice que continuará organizando manifestaciones mensuales hasta que se cumplan sus demandas y que se le permita a los cerca de 12,000 residentes transitar libremente de y hacia sus casas. Mientras tanto, el amparo será revisado por un juez de distrito en Febrero del 2016 y el grupo espera que resulte en una decisión favorable para ellos.

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Traducido por: edgar.martinez@sandiegored.com