Sacramento, 15 mar (EFE).- El asambleísta Gil Cedillo presentó hoy dos iniciativas que contemplan permitir a estudiantes indocumentados solicitar becas y ayuda financiera y ampliar los beneficios de una ley existente para ciertos estudiantes.


La AB 540 permite desde 2001 a estudiantes sin seguro social que se hayan graduado de una escuela secundaria en California, y quieran asistir a uno de los sistemas universitarios o uno de los 110 colegios comunitarios del estado, pagar colegiatura estatal, pero no recibir ayuda financiera que les ayude a costear los gastos.


"La AB 540 abrió las puertas a estos estudiantes, pero no es suficiente sin ayuda financiera. Muchos vienen de familias de bajos ingresos, al grado de que el sueldo anual a veces es menor que el costo de una educación superior", dijo hoy durante la audiencia en el Congreso estatal el rector de la Universidad de California en Berkeley, Robert Birjeneau.


En su intento por cambiar esta situación, Cedillo, representante demócrata de Los Angeles, presentó las medidas AB 130 y AB 131 en el Comité de Educación Superior de la Asamblea.


Específicamente, la AB 130 permitiría a los sistemas universitarios del estado UC (Universidad de California) y CSU (Universidad Estatal de California), así como los 110 colegios comunitarios, otorgar becas internas o financiadas por medios privados a estudiantes indocumentados.


Asimismo, ampliaría la ley AB 540 para incluir a estudiantes que hayan asistido a una preparatoria de California un mínimo de un año, y se hayan graduado de una escuela de adultos o escuelas especializadas.


Por su parte, la AB 131 contempla incluir las becas estatales y publicas Cal Grant para estudiantes indocumentados, así como las exenciones de colegiaturas para estudiantes de bajos ingresos en los sistemas universitarios y colegios comunitarios.


"Esta es una inversión para el futuro de estos jóvenes y de nuestro estado, ya que estos estudiantes son los más inteligentes de nuestras escuelas", dijo Cedillo durante la presentación.


"Estamos aquí para terminar lo que empezamos con la AB 540. Tenemos, como estado, la obligación de educar a nuestros estudiantes, y darles las oportunidades a aquellos que ya son parte de nuestro estado y nuestra cultura", añadió.


Actualmente, la ley federal prohíbe que estudiantes indocumentados reciban asistencia financiera federal u otros préstamos, y prohíbe a los estados ofrecer beneficios públicos a menos de que estos estados aprueben estatutos individuales.


La colegiatura anual para un estudiante residente del sistema UC es de un promedio de 10.302 dólares, mientras que para un estudiante no residente es de 34.746 dólares.


En el sistema de CSU, la colegiatura de estudiantes residentes es de 5.256 dólares, mientras que los no residentes pagan un promedio de 22.000 dólares al año.


Este costo, sin embargo, no incluye libros, transporte, renta, o comida. Según la Comisión de Ayuda Financiera de California (CSAC), un estudiante paga un promedio de 16.497 dólares adicionales para cubrir estos gastos.


"Esta propuesta va a abrirle muchas oportunidades a estudiantes que no tienen muchas opciones", dijo Ana Gómez, graduada de UC y cuya hermana está por graduarse de la preparatoria, y necesita de ayuda financiera para poder asistir a la universidad.


"Es una diferencia muy grande", sostuvo.


Decenas de estudiantes se unieron al asambleísta Cedillo en apoyo a las propuestas que cuentan además con el visto bueno de Dolores Huerta, cofundadora del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), y el vicegobernador Gavin Newsom.


"Estos estudiantes no deben pagar por los errores de sus padres, y si son aceptados a la universidad por su arduo esfuerzo, entonces deben también tener la oportunidad de competir por ayuda financiera", dijo Newsom.


"Mientras nos recuperamos de esta recesión, no tiene sentido no respaldar este talento (estudiantes)", añadió.


La AB 540, del fallecido asambleísta Marco Antonio Firebaugh, contempla que los estudiantes indocumentados que se hayan graduado y asistido a una preparatoria en California un mínimo de tres años, aceptado en uno de los sistemas de educación superior, y firmado un afidávit para buscar la ciudadanía, son elegibles para pagar colegiatura como residente.


El año pasado, el sistema UC indicó que unos 605 estudiantes fueron elegibles para recibir becas o ayuda financiera. En CSU, unos 3.600 estudiantes estuvieron matriculados bajo la ley AB 540.


En los colegios comunitarios, se estima que unos 34.000 estudiantes estuvieron matriculados bajo la AB 540 en el periodod 2008-2009, y que hasta un 45 % podrían llegar a recibir becas.


"Estamos por hacer recortes a los sistemas universitarios debido a nuestra situación económica, y las oportunidades van a ser limitadas, así que no tiene sentido para mí dejar a otros estudiantes atrás que sí son ciudadanos", dijo el asambleísta Tim Donnelly, republicano de Twin Cities y miembro de la milicia antiinmigrante Minutemen.


"Además, el público no quiere pagar por el Dream Act, como fue comprobado a nivel federal", sostuvo.


A lo que Cedillo contestó: "estos jóvenes están comprometidos a quedarse en California, y muchos han sido criados aquí. En mis ojos, ellos ya son ciudadanos, que tienen el derecho a competir por becas".


El comité aprobó la AB 130 con un voto de seis a favor y dos en contra, y la AB 131 con un voto de cinco a uno. Ambas se dirigen al Comité de asignaciones.


En noviembre del año pasado, el Tribunal Supremo de California confirmó la validez de la AB 540. El exgobernador Arnold Schwarzenegger vetó medidas similares el año pasado, pero el actual gobernador, Jerry Brown, ha indicado su apoyo a las mismas.