Dos años se cumplen hoy de aquel suceso que sucumbió a los mexicanos. Una herida que no cierra para un gran sector de la sociedad, y sin lugar a dudas para los padres de los 43 estudiantes que hasta el día de hoy, se desconoce su paradero.

Años en los que el caso se ha mantenido sin respuesta, dejando la renuncia de dos grandes responsables de la seguridad nacional, un caso que ha debilitado la imagen y mandato del presidente Enrique Peña Nieto, en donde incluso organizaciones mundiales han colaborado con un posible esclarecimiento.

Las portadas de los principales medios de comunicación destacaron la matanza, eran 43, estudiantes, padres de familia, anhelando ser maestros.

Según el último informe público, 130 detenciones, 422 resoluciones judiciales, 850 declaraciones, 1.651 actuaciones periciales y un expediente babilónico de 240 tomos y un cuarto de millón de folios. Pero todo eso equivale, ante la mirada exánime de los padres de las víctimas, a dos frases: "Seguimos en el punto de partida. El Gobierno nos quiere ocultar la verdad", afirma su portavoz Felipe Cruz.

La teoría oficial era, y es, aunque sin tanta convicción, que los estudiantes fueron asesinados por narcos de Iguala, una capital comarcal del purgatorio de sol, cactus y akas cuarenta y siete del México profundo, e incinerados en un basurero en medio del monte.

En definitiva, la verdad de lo ocurrido sigue en el aire y la convicción general es que el caso ha desnudado al Estado.

La tragedia que más conmocionó al país en los últimos años, abundantes en tragedias, ha perdido presencia. En un vahído gradual la indignación civil del primer año se ha convertido en un eco que se aleja y, si bien los organismos externos no han dejado de seguir el caso, en México quedan frente a frente los dos protagonistas principales del drama: los familiares frente a la burocracia.

Vía El País

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