El arquitecto Jaime Martínez Veloz declaró que no se requieren más de dos años para sentar en Baja California bases jurídicas que hagan de la corrupción y la extorsión delitos graves, al referirse a proyectos como un segundo piso multimillonario con el que se planea endeudar otra vez por décadas a los bajacalifornianos.

Sin abundar en lo que calificó como “un falso debate” de si el gobierno estatal debiera de ser de dos años, como se establece constitucionalmente, o de cinco años, como desearan algunas personas, Martínez Veloz declaró que “no se requieren más de dos años” para terminar con la corrupción que ha afectado a Baja California durante 30 años.

“En dos años tendremos la capacidad, con gobierno de MORENA, para hacer lo que no hicieron en 30 años”, dijo en el Foro Nuevo Pacto Refundacional de Baja California en el Contexto de la Cuarta Transformación de la República.

“No requerimos más de dos años para combatir, por ejemplo, la corrupción a través de medidas muy frontales, claras, y hacer de la extorsión un delito grave”. Enfatizó.

Explicó que “la práctica de solicitar a los constructores o a las empresas un determinado porcentaje por los contratos que otorga el gobierno, es una práctica incluso agravada, porque antes decíamos que era el diez por ciento lo que solicitaban los funcionarios de gobierno, y nos dicen hoy que ha sido el 20 o el 30, o incluso hasta la mitad”.

Dijo que no se requiere más de dos años establecer medias jurídicas “para combatir un delito de esta naturaleza y convertirlo en delito grave”, porque “las leyes que son fuertes son las que expresan los acuerdos sociales”.

“Aquí se trata de incorporar a un acuerdo de esta naturaleza, construido con funcionarios, con políticos, con partidos, con los propios empresarios y con las cámaras, reglas claras, para que todo mundo participe en condiciones igualitarias y tengan acceso a las obras públicas”, dijo el arquitecto.

Martínez Veloz expuso el caso del proyecto de APP del “segundo piso” planteado como tramo vial de cuota paralelo a la línea internacional.

“Se hace una Asociación Público Privada (APP), se le entrega esa obra a una empresa española, y esa empresa subcontrata a Víctor Hermosillo y a su vez Hermosillo contrata a un ingeniero local”. En ese proyecto, los bajacalifornianos tendríamos que pagar 25 millones de pesos mensuales durante 27 años, pero la cifra se va actualizando y todo eso va a (impactar) las arcas y las finanzas del estado”, ejemplificó Martínez Veloz.

Esa inversión por parte del estado es “una contradicción, cuando los encabezados del día de hoy dicen que no hay pago para los maestros, para el poder judicial; no hay dinero en el gobierno, y se están contratando nuevos créditos para obras que quien sabe si en realidad vayan a servir o no”.

El arquitecto había advertido antes, por otra parte, que la empresa que se planea contratar para beneficio de Víctor Hermosillo y otros es la única que ha construido un puente ar revés en el mundo, un problema de construcción que años después permanece abandonado y sin solución.

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