Editorial: San Quintín, el valle del olvido.

A pesar de su alta productividad y tecnificación, la realidad es una que solo imaginamos en los relatos del Porfiriato.

Los esclavos del Valle Nacional de la Oaxaca porfiriana de hace más un siglo tendrían poco que envidiarle a sus paisanos jornaleros en el San Quintín de la Baja California del nuevo milenio.

En el trasfondo histórico hay semejanzas en ambos casos.Entre los desterrados al sur del México bárbaro de Porfirio Díaz había yaquis indómitos que fueron a pagar su rebelión en el infierno de las haciendas henequeneras de Yucatán, sitio menos terrible que las haciendas oaxaqueñas.

En Baja California, San Quintín constituye un claro ejemplo de lo que ocasionan el crecimiento y desarrollo desiguales en una región con marcadas ventajas geográficas.El nombre de este valle lo asociamos con el proceso sociológico de la migración jornalera en el país.

Una característica peculiar del fenómeno laboral que se registra en esta zona, es la ubicación de enclaves culturales en regiones muy distantes al sitio de origen de quienes migran.Baja California puede vanagloriarse de vivir los resultados de la bonanza manifestada en la evolución de algunas variables macroeconómicas que tal parece ya estamos habituados a escuchar

En los años 2009 y 2010 diversos hechos registrados en el Valle de San Quintín sacudieron nuestras conciencias.El accidente de un autobús en la carretera de La Rumorosa con destino a Villa de Juárez, Sinaloa, donde fallecieron 16 personas entre niños, niñas, mujeres y hombres, y con igual número de heridos, todos jornaleros agrícolas y en su mayoría indígenas.

La desesperación de miles de familias indígenas jornaleras al verse sin alimentos e ingreso debido a los desastres ocasionados por las tormentas que azotaron los principales poblados de la región de San Quintín, y otro accidente de carretera a la altura de Punta Colonet, de un camión que transportaba jornaleros que laboraban en la Empresa Agrícola Vicente Camalú, propiedad de la familia García, y que provocó la muerte de una persona y 10 lesionados de gravedad.

Es imperdonable que después de lo ocurrido en el accidente de La Rumorosa y de escuchar declaraciones de parte de funcionarios federales, estatales y municipales de hacer una revisión profunda del marco jurídico del transporte, de la seguridad social, del respeto a los derechos laborales, nos enteremos de que poco o nada se ha hecho para prevenir y solventar las consecuencias de este tipo de accidentes.

Este último percance pone a la vista que la empresa agrícola Vicente Camalú contrató el servicio de transporte de un autobús cuyos documentos no guardan ninguna relación con la transportación de trabajadores; que para cubrir las apariencias el camión fue pintado del mismo color que una línea de transporte autorizada; que de nueva cuenta, la situación de los heridos en términos de su atención vuelve a indicarnos las maniobras patronales para no afiliar a sus trabajadores al régimen ordinario del Seguro Social.

Los recursos jurídicos a favor del trabajador difícilmente son reclamados, por ignorancia de los mismos trabajadores, y que el papel del sindicato con el cual está firmado el convenio laboral es de extorsión para ambas partes, a unos les impone el contrato con la dádiva de proteger a la empresa y de tener todo en calma, y a los otros simplemente la posibilidad de trabajar para mantener a sus familias sin el recurso de exigir ningún derecho.

Los jornaleros agrícolas cruzan no una sino varias fronteras para llegar a su destino.
También son víctimas de sujetos sin escrúpulos y la intrincada red de corrupción que existe en el país.Ellos no son chinos y por eso no los regresan en avión a sus lugares de origen. No hay organismos internacionales preocupados por su situación.

A los organismos nacionales que luchan por sus derechos no se les escucha. A ellos, menos aún.Pareciera que hay una conspiración entre algunos medios,autoridades y partidos para hacer un silencio, ahí donde debería haber un foco rojo encendido.

Ellos son principalmente mixtecos, zapotecos, triquis y purépechas,vienen de Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Traen consigo sus costumbres y un pedazo de esperanza.Muchas veces también traen a sus familias.Ellos son los indocumentados mexicanos en México.

Pero sus condiciones de vida y de trabajo son tan o más difíciles que la de aquellos compatriotas que cruzan la frontera.Son los indocumentados que no gozan de la protección de las leyes ni de las autoridades federales y estatales, a pesar de ser mexicanos.

Solamente saltan a la primera plana de los diarios cuando ocurren accidentes que incluso les cuestan la vida.Los jornaleros se encuentran en una permanente desprotección jurídico-laboral, para ellos no existe seguridad en el empleo.

Se les contrata por día o por temporada, encontrándose siempre expuestos al trabajo eventual y al desempleo; su permanencia en el trabajo depende del tipo de cultivo, de las fluctuaciones del mercado de trabajo, así como de la modalidad que asume el salario, que puede ser por destajo o por tarea.

Este Valle del municipio de Ensenada, Baja California, se ubica a 200 kilómetros al sur de la cabecera municipal.

La región destaca por estar entre los primeros lugares a escala nacional en producción de hortalizas para exportación.
Cuenta con más de 20 mil hectáreas de riego, con tecnología de punta que le permite aprovechar al máximo el recurso del agua; cuenta además con la modernización de sus procesos productivos, semillas mejoradas, fertirrigación, invernaderos computarizados y empacadoras que garantizan calidad y presentación de los productos.

Los niveles de productividad impactan en altos rendimientos que lo llevan a competir en el mercado mundial de las hortalizas, en cultivos como tomate, pepino, calabaza, coliflor, brócoli, y en los últimos años,en la producción de fresa.

Su cercanía con la frontera de Estados Unidos y los costos de mano de obra son dos condiciones que hacen que las empresas agroexportadoras de San Quintín sean altamente competitivas en el mercado mundial.

El despegue de la región obedece principalmente a la presencia de miles de jornaleras y jornaleros agrícolas, migrantes indígenas que desde hace más de cuatro décadas provienen del sur y sureste del país, siendo Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y
Veracruz los estados con mayor oferta de mano de obra agrícola: mixtecos, zapotecos, triquis y nahuas son los grupos indígenas que en mayor proporción viajan a Baja California, dando trabajo, riqueza y desarrollo a la región.

Las comunidades de origen de las y los jornaleros agrícolas se caracterizan por ser de alta y muy alta marginación debido a la escasez de fuentes de trabajo, por lo que la migración hacia las zonas agrícolas del noroeste resulta una atractiva estrategia de sobrevivencia.

Durante la temporada alta de las cosechas se llega a contar con la presencia de hasta 40 mil trabajadores y trabajadoras jornaleros migrantes. En un principio la migración era mayoritariamente de hombres solos, quienes por tradición proveían el sustento familiar,pero por necesidades económicas se convirtió en nuclear, por lo que actualmente familias enteras emigran a la zona.

En el año 2011, existían 14 empresas agrícolas en la región con alrededor de 20 campamentos que albergaban a las familias de los jornaleros por temporada.

Asimismo, existían 43 asentamientos en colonias, de familias de jornaleros con una población de más de 30 mil pobladores, que representaban la mano de obra cautiva.

Del total, 45 por ciento eran mujeres, un 10 por ciento correspondía a mano de obra infantil, y, más de 65 por ciento hablaba una lengua indígena.Cerca del 45 por ciento de la mano de obra jornalera percibe un ingreso de menos de dos salarios mínimos.

Con motivo de las crisis, el mercado de hortalizas se contrajo, por lo que en diversas épocas de temporada sólo se labora un promedio de cuatro días,afectando seriamente el ingreso familiar, lo que incrementa la necesidad de que más miembros de la familia se incorporen al trabajo agrícola.

La situación de la mujer jornalera y el de la mujer miembro del hogar refleja altos niveles de exclusión y discriminación, se acentúa el nivel de analfabetismo y los niveles de violencia familiar psicológica, física,económica y comunitaria.

A escala regional el avance en infraestructura social sigue siendo insuficiente en los servicios educativos y de salud.No hay justificación alguna para postergar la atención que los jornaleros de San Quintín y sus familias demandan.

El Congreso de la Unión y los tres órdenes de gobierno están emplazados a brindar una atención integral a esta problemática, antes de que se presente una situación de mayor explosividad social.

*Jaime Martínez Veloz es candidato por el PRD a la gubernatura de Baja California. Conocedor de la realidad, activista y promotor de los derechos sociales y culturales y de la diversidad.

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