Editorial: San Quintín, el valle del olvido. Cuarta parte

Los niños también son vulnerables en el valle. Ni el agua está garantizada para la gente en cuyas espaldas descansa toda esa producción que alimenta nuestros hogares.

El gobierno del estado nos dice que para 1998 el ingreso per cápita anual fue de alrededor de cinco mil dólares, lo cual es alto comparado con los estándares nacionales.

Para el Gobierno de Baja California es el paraíso del empleo. Sin embargo, hay otras cifras siniestras que se ocultan debajo de la alfombra, pero sobre todo aquellas relacionadas con las condiciones del Valle de San Quintín.Los trabajadores migratorios permanecen periodos fluctuantes en la zona.

Se asientan en campamentos adjuntos a los campos de trabajo,pero en condiciones sumamente deplorables.Esta población flotante concentra un caudal significativo de niños jornaleros, auténtica carne de yugo en la entidad del paraíso del pleno empleo y la inversión.

Los infantes, virtualmente arrancados de un entorno natural sano, necesario para su desarrollo como seres humanos, deben contribuir desde pequeños a la subsistencia familiar.

En 1996 se estimó que uno de cada cinco trabajadores estacionales en el Valle de San Quintín era un niño de entre 8 y 14 años. Algunos de ellos ya son auténticos veteranos de las faenas agrícolas.

Como diría el poeta Miguel Hernández, el niño jornalero no sabe contar sus años y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal. Las virtudes del libre mercado saltan a la vista en la oferta y demanda laboral en el Valle de San Quintín.

Para los apologistas de la economía de mercado, gran becerro de oro de la actualidad, todo es posible y todo está permitido. Hay ajustes naturales y el mercado se encarga de corregir cualquier exceso.

Debemos reconocer que a Baja California fluye la inversión, atraída por los bajos salarios y por la oferta ilimitada de mano de obra. Sin embargo, las condiciones sociales en San Quintín dejan de cubrir todos los supuestos sobre los que se construye la justificación económica del libre mercado, a pesar de la pretendida “libertad” de que gozan los jornaleros para elegir si trabajan o no.

La enumeración de estos hechos de violencia refleja la dificultad de las instituciones para garantizar la tranquilidad social en Baja California. El trato hacia los jornaleros es despótico.

En medio de la crisis se oculta un componente altamente racista,alimentado por la ignorancia y el prejuicio.
La situación actual en San Quintín es más vergonzosa que la de hace un siglo en el Valle Nacional. En aquel entonces se vivía una dictadura, cobijada en un pacto social altamente clasista. Ahora vivimos en un Estado de derecho, que en la realidad sólo parece ser de palabra.

En nuestro Valle, en la Baja California del tercer milenio, la inconstitucionalidad se palpa a flor de tierra. La tierra que labran los niños jornaleros.

Sumemos el tema del agua: mientras en la ciudad de México el gasto diario de agua por personaes un promedio de 300 litros diarios y 10 mil 500 litros serían consumidos por una familia de cinco miembros en una semana, en el Valle de San Quintín una familia de jornaleros consume a la semana apenas un tambo de 200 litros, a un costo de 15 pesos.

Esta injusta situación motivó que representantes de colonias en donde se asientan miles de familias indígenas jornaleras del Valle de San Quintín se plantaran en la oficinas del gobierno del estado solicitando la destitución del representante en aquella región de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y del representante de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE).

El reclamo de los habitantes de San Quintín se produce ante una situación en donde los empresarios agrícolas sin límite alguno extra en millones de litros de agua para sus cultivos de exportación y cuyo abasto proviene de la Cuenca de San Simón.

La problemática que reviste el agua en la región para el abasto de las familias y el uso agrícola se ha agudizado al paso del tiempo; los mantos acuíferos de tipo superficial se han venido salitrando ante la sobreexplotación que se hace de los más de 700 pozos concesionados a ejidos, particulares y empresas agrícolas, en donde más del 85 por ciento se utiliza en los diferentes cultivos de exportación, cuya propiedad pertenece a una nueva generación de empresarios asociados al capital trasnacional.

Según datos oficiales, la región presenta una extracción de 47 millones de metros cúbicos y 35 millones de metros cúbicos de recarga, por lo que existen de 10 a 12 millones de metros cúbicos de sobrexplotación anual de los mantos acuíferos.

Las concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (CNA)a estas empresas con volúmenes de agua asignados, más no respetados por éstas, han sido la prioridad en la región, dejando de lado a miles de familias jornaleras que no cuentan con este recurso que les permita garantizar condiciones mínimas de higiene y salud.

Por ello en los hogares de los jornaleros, las enfermedades más frecuentes son las gastrointestinales y de la piel, ocasionadas principalmente por falta de agua.

Existen colonias con redes de agua potable hoy inservibles que por cuestiones de desabasto dejaron de operar, donde han surgido otros ganadores; los ejidatarios y ex ejidatarios que siguen contando en calidad de patrimonio propio, pozos que venden y abastecen de agua cobrando a 15 pesos el tambo de agua potable.

En temporadas de calor la autoridad especula con el precio sin control alguno, socavando el ingreso familiar.
El movimiento de las familias indígenas afectadas por el desabasto de agua y la duda generada sobre la palabra empeñada por los funcionarios de estas instituciones no responde sólo al retraso de la ejecución de las obras, sino al desvío de los beneficios.

Por ejemplo, la CDI y el gobierno del estado construyeron un camino de acceso con cemento hidráulico al campamento de El Vergel, propiedad de la empresa Rancho Los Pinos, con un presupuesto de más de 4 millones de pesos; la gestión la realizó directamente la empresa, con el acompañamiento del ingeniero Antonio Rodríguez,Secretario de Fomento Agropecuario y copropietario de esta compañía, que ha crecido exponencialmente en la última década.

Después de 10 años de reclamos en esta materia, con recursos de la CDI y del gobierno del estado se están perforando tres pozos para abastecer a más 30 colonias, cuya población es mayor de 30 mil personas, principalmente indígenas, que viven en pobreza extrema.

Las obras, para abastecer de Agua a la población de San Quintín, son la respuesta que las autoridades de gobierno dieron después de una lucha de más de 10 años ante el problema del desabasto de agua potable que existe en la región, principalmente en los hogares indígenas.

En aquel tiempo de protestas por falta de agua para la población, las autoridades se comprometieron a reunirse de nuevo por segunda ocasión para establecer entre las instancias de gobierno y los representantes de las colonias un plan de seguimiento a las diferentes demandas planteadas, que no sólo es garantizar la fuente de agua,sino su conducción hasta los hogares de los jornaleros.

Sin embargo el problema no se resuelve del todo; existen más de 80 colonias entre las delegaciones municipales de San Quintín, Colonia Vicente Guerrero y Camalú que sufren desabasto permanente del recurso y cuyos integrantes laboran como mano de obra asalariada de las empresas que existen en la región.

Seguramente ante el crecimiento anual de población, que rebasa 11 por ciento, se tendrá que buscar una solución en donde el estado tendrá que asumir que la prioridad es la población y en segundo los desarrolladores agrícolas; de lo contrario, San Quintín se volverá un polvorín ante tanta injusticia social.

Así ¿dónde está el Estado de Derecho en este valle?

La justa preocupación que se ha manifestado en la sociedad y en el gobierno ante las violaciones a los derechos humanos y laborales que se cometen en contra de nuestros connacionales allende nuestras fronteras, debe traducirse en la misma preocupación por las que se cometen en nuestra propia casa.

En el Valle de San Quintín, en Baja California, se violan cotidianamente los derechos fundamentales de miles de mexicanos.Documentos proporcionados por diversas organizaciones de jornaleros agrícolas, muestran que muchos mexicanos viven en condiciones infrahumanas.

Algunos patrones se comportan como hacendados de principios de siglo.También hay empresarios con sus trabajadores, que acompasan productividad con buen trato para el personal, pero han sido arrastrados por quienes prefieren burlar las normas jurídicas.

El problema no es nuevo, tiene décadas de ser una herida abierta que se ha pretendido soslayar.

Las denuncias son muy concretas. Los jornaleros trabajan en condiciones irregulares, muchas veces sin contrato y en condiciones claramente violatorias a lo que la Ley establece para los trabajadores rurales.

Las condiciones de hacinamiento e insalubridad, los bajos salarios y la falta de una cobertura suficiente de los servicios de salud, aunado al uso de pesticidas y plaguicidas sin el cuidado debido, condenan a la muerte temprana y a la enfermedad a un elevado número de mujeres,hombres y niños.

Enfermedades y muertes que son evitables.Igualmente, se señala el empleo de menores de edad en jornadas de trabajo que exceden con mucho los límites establecidos por la Ley,que establece limitaciones concretas al trabajo infantil y reglamenta con precisión el trabajo de los menores, limitando la jornada laboral para evitar un deterioro físico y mental que dañe su desarrollo posterior.

Esta misma situación obliga a los jornaleros a trabajar en condiciones de inseguridad para ellos y sus familias.Los casos de violencia y de violación a su integridad física y moral no son pocos.
La perspectiva de los ancianos jornaleros es la de ser desechados después de haber dejado la vida en un trabajo que no les garantiza ninguna seguridad.

La suma de problemas y la búsqueda de su solución abarcan no sólo la esfera de la responsabilidad del gobierno de Baja California, sino también requiere de la concurrencia del gobierno federal y del esfuerzo de otros gobiernos estatales.

Con respeto a la soberanía del Estado, pero sin eximirlo de la responsabilidad que tiene, se deben buscar las soluciones que,conforme a la Ley, procedan.Este asunto no se refiere sólo a una desavenencia salarial o laboral entre partes, estamos hablando de la violación sistemática a la Constitución General de la República y las leyes fundamentales.

¿Dónde están ahora los constitucionalistas que se indignan ante una iniciativa de Reforma Indígena, que pretende mejorar las condiciones de vida de los indígenas, pero callan ante el hecho concreto de la violación cotidiana de sus derechos más elementales?

La intervención decidida de las instituciones republicanas es imprescindible para evitar que el ahondamiento de la situación actual derive en una agudización de las contradicciones presentes en San Quintín, que signifiquen una mayor violencia y polarización que a nadie beneficiaría.

La Ley no debe ser letra muerta en ninguna porción de la Patria.

*Jaime Martínez Veloz es candidato por el PRD a la gubernatura de Baja California. Conocedor de la realidad, activista y promotor de los derechos sociales y culturales y de la diversidad.

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