Política

Pedro Kumamoto se suma a las protestas contra la ampliación del mandato de Bonilla

En artículo de opinión dijo que es "la crónica de una atraco"

Por donde se le vea, lo sucedido en Baja California es una traición a la democracia.

De noche y en sesión exprés, el poder legislativo decidió ponerse por encima de la voluntad popular y cambiar el periodo por el que fue electo el gobernador en la pasada elección.

Nadie podría decir que fue sorpresivo, los habitantes de la entidad fronteriza llevan meses alertándonos del intento de Jaime Bonilla Valdez por agandallarse más tiempo en la gubernatura. Hagamos un repaso de los hechos que nos llevaron a esta situación inconstitucional.

El 7 de mayo de 2014, el Congreso local de Baja California aprobó que la gubernatura que se disputaría en 2019 tendría la duración de tan solo dos años. El motivo era muy sencillo: se buscaba que coincidieran los comicios locales y federales en la misma fecha.

Era una medida atinada para tratar de impulsar una mayor participación en la entidad, la cual ha registrado históricamente altos niveles de abstencionismo. Indirectamente también se perseguía un ahorro, pues se estimaba que se reducirían los costos al organizar elecciones en años concurrentes.

De tal suerte que se dejó en la Constitución local que en 2021 el proceso electoral del estado fronterizo coincidiría con el de legisladores federales.

De ahí tenemos que dar un brinco de cinco años, hasta inicios de 2019, cuando Morena intentó modificar en tribunales la duración de la gubernatura en Baja California.

Este partido promovió ante el Tribunal Electoral del estado que la gubernatura durara seis años y no dos, como lo establecía la Constitución local. La argumentación para hacer estas modificaciones se centraba en que en otros estados de la República el mandato dura un sexenio y también se sugería que realizar votaciones en 2021 significaría un gasto excesivo.

El Tribunal le dio la razón a Bonilla y de esta manera, en medio del proceso electoral, se modificó el periodo de la gubernatura de dos a seis años.

Sin embargo, a solicitud de varios partidos políticos, el 29 de mayo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó, de manera unánime, la sentencia que ampliaba la gubernatura y determinó que el puesto que se disputaba en esos días sería solo de dos años.

El dos de junio se celebraron las elecciones ordinarias en Baja California para renovar gubernatura, alcaldías y diputaciones locales. Participaron 760 mil votantes, los cuales representaron cerca del 30% del electorado.

Por Bonilla se contabilizó 50.38% de los votos. Una victoria contundente. Sin embargo, la boleta que lo llevó a la gubernatura era muy clara: prometía un periodo de dos años.

Este repaso nos lleva al 7 de julio, donde en sesión extraordinaria del Congreso local, las y los diputados definieron, casi por unanimidad, que la gubernatura de Bonilla duraría cinco y no dos años.

Sí, el voto de 21 diputados (de todos los partidos políticos) pudo más que la voluntad de cientos de miles de electores que participaron hace unas semanas en la elección.

Esta es la crónica de un atraco a la democracia. Por meses hemos presenciado la corrupción de nuestro sistema democrático y judicial a favor de los intereses de un candidato.

Por eso, sin importar colores o partidos, se vuelve fundamental que todas las fuerzas políticas muestren su repudio a esta decisión e impugnen el periodo inconstitucional aprobado.

Baja California es un ejemplo de lo que puede suceder si se abandona la política, si renunciamos a participar, si gana la desesperanza y si permitimos que sigan gobernando con las tácticas y mañas de siempre.

*Publicación original de nación321.

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