Con 17 votos a favor y 7 en contra, el congreso de Baja California aprobó el acuerdo para realizar una Consulta Ciudadana para avalar la ampliación del periodo de gobierno de Jaime Bonilla, la “Ley Bonilla”. Ajena a la ley de participación ciudadana, la comisión especial integrada por diputados de Morena, PT y Verde tendrá 30 días para organizar la consulta, definir costos y logística.

Lo aprobado por la mayoría de los legisladores de Morena y sus aliados va contra la ley vigente de participación ciudadana que en su artículo 73 indica que deberá ser el Instituto Electoral que organice y regule las consultas. El artículo 73 Bis 7 indica que la Consulta Popular no aplica para “materia electoral, los ingresos, egresos... y de la organización de la administración pública”, dice en la ley aprobada en 2001 en el artículo reformado en 2012.

Catalino Zavala, el diputado reelecto de Morena y presidente del congreso local fue quien propuso la ley pensando en que a finales de septiembre podría desarrollarse la Consulta Ciudadana a menos de 60 días que tome protesta Jaime Bonilla como gobernador de Baja California, el próximo primero de noviembre.

Lo incomprensible para los diputados que se opusieron es: el atributo legal que les brinda la consulta para lograr ampliar el periodo de gobierno de Jaime Bonilla, pues de resultar favorable la consulta ciudadana, se publica la ley y llegaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mismo final que tendría si hoy el presidente del congreso: Catalino Zavala, publica la ley sin la necesidad del apoyo legislativo.

La Comisión Especial la preside la diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez; como secretaria, Eva Gricelda Rodríguez, y como integrantes los diputados: el expanista Juan Manuel Molina García, María Luisa Villalobos Ávila, Rosina del Villar Casas, Julio César Vázquez Castillo del PT, Fausto Gallardo García del Partido Verde y Víctor Hugo Navarro Gutiérrez. Su primer mensaje fue invitar a los legisladores federales de ser observadores del ejercicio “democrático”, dijeron.